El Defensor del Pueblo da portazo al intento de la AVL de llevar al Constitucional el recorte de su presupuesto

La entidad normativa del valenciano consideraba que el recorte que sufrió en los presupuestos de la Generalitat aprobados hace poco más de tres meses –pasó de 3,9 a 2,9 millones de euros- suponían una vulneración de la «autonomía orgánica, funcional y presupuestaria» de la institución y al mismo tiempo, de su ley de creación. Y que además se vulneraban los derechos de los ciudadanos y se incumplían los deberes de los poderes públicos por el «estrangulamiento económico» de la AVL, así como la Ley de Función Pública valenciana.

Pero el Defensor del Pueblo da un portazo en su resolución a todos esos argumentos, y de paso al Síndic de Greuges, Ángel Luna, por avalarlos. En su resolución, con fecha del pasado 28 de agosto, Gabilondo hace un recorrido sobre la autonomía presupuestaria que se supone vulnerada por ese recorte. Recuerda que cabe distinguir entre «elaboración, aprobación, ejecución y control» de esos presupuestos y subraya que, tal y como reconoce la ley de creación del ente normativo, el anteproyecto de presupuestos de la entidad, «una vez aprobado por el Consell» se integra en los presupuestos de la Generalitat. Es decir, la competencia sobre la aprobación es del Gobierno valenciano, y no de la AVL, que tiene una «autonomía presupuestaria limitada».

En su resolución, Gabilondo enumera las modificaciones aprobadas por el Consell, con, entre otras, una sensible reducción del capítulo I –gasto de personal- y señala que la AVL concluye que con ese recorte no es posible proveer todas las plazas de la plantilla de la entidad y sólo se puede hacer frente a las nóminas de los funcionarios en activo, lo que supondría una vulneración de la Ley de Función Pública. Por el contrario, el Defensor del Pueblo entiende que esa reducción de créditos presupuestarios no viola esa ley, sino que únicamente implica «la imposibilidad de ofertar nuevas vacantes».

El Alto Comisionado recuerda además que «en ningún precepto legal se contempla la obligación del Consell de incorporar al anteproyecto de presupuestos generales el anteproyecto de presupuestos aprobado por el pleno de la AVL, sin modificar este, por los motivos que considere oportunos».

Respecto a las modificaciones presupuestarias aprobadas en la tramitación parlamentaria –la reducción del presupuesto de la AVL fue una de las condiciones pactadas por el PP con Vox para sacar adelante estos presupuestos-, Gabilondo recuerda que Les Corts »representa al pueblo valenciano y sus acuerdos (en este caso la ley de presupuestos generales de la Generalitat) son expresión de la voluntad popular». «Por lo tanto, si les Corts han considerado oportuno aprobar las modificaciones planteadas, con ello han ejercido esa libertad que el Tribunal Constitucional describe como atributo del legislador, sin que por ello pueda tacharse el resultado de contrario al Estatuto de Autonomía ni, por ende, a la Constitución», zanja.

El Defensor del Pueblo concluye que pese a ese recorte del presupuesto «lo cierto es que la investigación y la normalización lingüística del idioma valenciano sigue siendo el objetivo que se pretende conseguir mediante la actividad de la AVL» y no se produce «esa ruptura clara y neta de la imagen de la institución en cuestión, pues su actividad sigue teniendo la finalidad para la que fue creada: la normalización lingüística del idioma valenciano».

«En suma, no se advierte una contradicción patente entre la garantía estatutaria de la AVL como institución normativa lingüística de la Generalitat y la ley cuya constitucionalidad se discute», concluye el Alto Comisionado, que tampoco aprecia «que con las modificaciones efectuadas por la ley (de presupuestos de la Generalitat) se vulneren los derechos lingüísticos de los valencianos».

Con el portazo al recurso de inconstitucionalidad de la AVL se cierra la puerta a la posibilidad de plantear otra iniciativa de este tipo, dado que el plazo previsto para la presentación de ese tipo de alegaciones es de tres meses, con la excepción del presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA si se cumplen determinados requisitos. Un hecho que se produce pese a las críticas de los grupos de la oposición, y Compromís en particular, a los recortes aprobados por PP y Vox, y que no derivaron en este caso en la presentación de recurso alguno, como sí ocurrió, por el contrario, con la ley de Libertad Educativa.