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Ens Uneix ha multiplicado su protagonismo en los últimos días tras la exigencia de que el PP admita el debate sobre la rebaja del listón ... electoral al 3% en la Comunitat. El partido de Jorge Rodríguez nació precisamente como reacción al trato que recibió de la dirigencia del PSPV con el estallido del conocido caso Alquería. Y aquello condicionó prácticamente todo lo que se produjo después. Por un lado, la creación del partido, de clara sensibilidad progresista. Pero también el apoyo al PP en la Diputación de Valencia y la pérdida para los socialistas de la Corporación provincial. Desde entonces, Rodríguez y su entorno reclaman más 'cariño' por parte de la secretaria general, Diana Morant. un trato preferencial destinado a reconstruir las relaciones con Ens Uneix.
El caso se resolvió de manera favorable para los intereses de Rodríguez y su núcleo de colaboradores, acusados de colocar a personas afines a su ideología en puesto de alta dirección de Divalterra, con un sueldo de 60.000 euros anuales. Las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, de Acción Cívica y del propio PP –el que mayor pena exigía– fueron rechazadas por el tribunal. Los acusados reclamaron, una vez confirmada su absolución, el pago de los honorarios de sus letrados. Se trata de unas cantidades nada despreciables, que pueden alcanzar los 100.000 euros dependiendo de los procesados.
La Diputación aprobó reservar algo más de un millón de euros para estos abonos con independencia de que luego reclame esta cantidad al seguro que protegía a los trabajadores de Divalterra, la antigua Imelsa, empresa pública manchada por la corrupción en la época de Alfonso Rus.
Pero antes debía pedir informe al Consell Jurídic Consultiu (CJC) porque se trata de una reclamación que supera los 30.000 euros. Lo hizo a principios de este año y ya han llegado los primeros pronunciamientos. Al menos en cinco supuestos, el órgano consultivo ha resuelto favorablemente.
El organismo plantea la diferencia entre los funcionarios –para quien sí está prevista esta indemnización– y los altos directivos cuya condición resulta diferente. Pero entienden que debe aplicarse de igual modo por ser su condición asimilable.
El organismo recoge las circunstancias bajo las que se debe abonar los gastos de defensa legal. La primera, que la «inculpación que tenga su origen o causa en una actuación realizada en el cumplimiento de las funciones atribuidas como miembro de la entidad o, en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta». Y en el segundo punto que se haya dictado una resolución judicial penal de archivo de las actuaciones. Una sentencia que ya ha sido firme.
La mayor parte de los honorarios se corresponden con el juicio. Las vistas duraron un mes, lo que eleva considerablemente la facturación. Las minutas trasladadas hasta la fecha oscilan entre los 50.000 y los 60.000 euros.
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