El Consell cerró 2022 con 2.600 millones de impagos y otros 1.200 de facturas en los cajones

La Intervención de la Generalitat acaba de hacer públicos los datos correspondientes al cierre, aún provisional, del ejercicio económico de 2022. Las cifras revelan unas 'obligaciones pendientes de pago' que ascienden a 2.621,9 millones de euros, y que representan prácticamente el 10% de las obligaciones reconocidas netas, poco más de 27.000 millones de euros. La foto la culminan los remanentes de crédito, que superan los 2.000 millones de euros. La traducción de los datos es sencilla: no se han pagado 2.600 millones y se han quedado sin utilizar otros 2.000 millones, de los 29.630 millones del presupuesto para ese año, una vez incorporadas las correspondientes modificaciones.

2.600 millones pendientes de pago al cierre del ejercicio no resultan una cifra menor. La explicación de esos datos tiene que ver en buena medida con el cerrojazo a las subvenciones de la Generalitat. Tal y como explica la Intervención, de los 6.220 millones de obligaciones en el capítulo IV, 1.287 millones siguen pendientes de pago al cierre del ejercicio. Y eso es más de un 20%. Es decir, uno de cada cinco euros en subvenciones no se ha pagado al acabar el año.

El dinero para invertir es el otro gran capítulo congelado y pendiente de pago. Un total de 831 millones de euros, sobre unas obligaciones de 1.200 millones de euros, representan un porcentaje del 66,5%. Es decir, dos de cada tres euros 'movilizados' –ya como obligación reconocida- se han quedado pendiente de pago en el capítulo de transferencias de capital.

Eso, por capítulos. Si se observa el mismo dato por secciones, al cierre presupuestario del ejercicio de 2022, la conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez había pagado 22,4 millones, y tenía pendientes de pago otros 64,3 millones. Aunque el departamento con peores dígitos es el de Innovación, con 521 millones de euros pendientes de pago.

El otro gran bloque de pagos pendientes lo constituyen las denominadas facturas en los cajones, que en términos contables responden a la identificación de Cuenta 413, acreedores por obligaciones devengadas vencidas. Es decir, «obligaciones (de pago) derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma».

La cifra resultante supera los 1.500 millones de euros, aunque de esa cantidad hay que restar las obligaciones no vencidas, que suponen 246 millones de euros. Es decir, un total de 1.259 millones de euros correspondientes a pagos pendientes porque no estaban previstos en los presupuestos. Es decir, 2.621 millones de euros impagados y otros 1.259 millones tampoco abonados, porque no estaban presupuestados. La cifra resultante supera los 3.880 millones de euros.

De los 1.259 millones de facturas en los cajones, la conselleria de Sanidad acumula como es tradicional la gran mayoría (917 millones de euros), mientras que 273 millones corresponden a la administración general y otros 67 millones al área de servicios sociales.

La gran pista que dejan estas cifras tiene que ver con unos presupuestos en los que incluso las previsiones de ingreso infladas se quedan cortas para atender todo el gasto. En los presupuestos de 2022 el Gobierno valenciano añadió a los 1.300 millones de ingresos ficticios -por la reforma de la financiación que no se ha producido- otros 1.000 millones derivados de unas ayudas del Consell a las CCAA para hacer frente a la pandemia que, en realidad, el Ejecutivo central no había concretado. 2.300 millones de ingresos 'extra' que no se sustentaban en nada.