La Fiscalía defiende los pactos del juicio a Blasco pese a que las organizaciones subvencionadas se parecían a una ONG «como el jamón al chopped»

Marc Llinares, Augusto César Tauroni y Rafael Blasco, durante el juicio./damián torres
Marc Llinares, Augusto César Tauroni y Rafael Blasco, durante el juicio. / damián torres

Anticorrupción mantiene la rebaja de pena del exconseller de Cooperación con oposición de la Generalitat y la ONGD

EUROPA PRESSValencia

El fiscal de Anticorrupción Jesús Carrasco ha defendido este miércoles en la exposición de sus conclusiones definitivas en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y el fallido hospital de Haití que los pactos alcanzados con gran parte de los procesados -entre ellos los principales, como el exconseller 'popular' Rafael Blasco- respetan «la acción y la función de la justicia». «No tengan ninguna duda», ha recalcado.

Sin embargo, ha reconocido que en la exposición de los hechos que aparece en los acuerdos firmados con los letrados de las defensas ha tenido que hacer «desnudos por exigencia del guion» por «exigencias» de estos y para poder cerrar dichas conformidades.

Así lo ha sostenido el representante del Ministerio Fiscal este miércoles durante una de las últimas jornadas de este extenso proceso, correspondiente al segundo juicio del caso, en el que se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación -2 y 3- por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Por estas piezas, Anticorrupción solicitaba 16 años de cárcel para Rafael Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que reclamaba el fiscal era para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel.

Sin embargo, los acuerdos a los que han llegado estos acusados contemplan penas inferiores -de tres años y medio para los principales procesados-. Los acusados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía son, además de Blasco, Augusto César y Arturo Tauroni; la ex secretaria general de la Conselleria, Tina Sanjuán; el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, así como Alina Indiekina Lisenko y María Isabel Castillo López.

Carrasco ha puesto en valor durante su intervención las conformidades que ha cerrado y, en esta línea, ha expresado su esperanza en que «esta sentencia sea mucho mejor que la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana -relativa a la primera pieza de la causa-», la cual ha criticado e incluso ha recordado que fue recurrida por Fiscalía para pedir la absolución de un delito de Llinares.

En cualquier caso, el representante de la acusación pública ha destacado que cuentan con un «acervo probatorio ingente e incontestable».

Ha quedado probado, a su parecer, cómo existían listas negras con las ONG que debían recibir ayudas y cuáles no o que la Fundación Hemisferio, la entidad que supuestamente estaba detrás de todas las pequeñas organizaciones que se hicieron con los proyectos de Cooperación, era un «montaje para hacer negocio valiéndose de sus relaciones de amistad».

Esta fundación, ha subrayado, se parecía a una ONG «como el jamón al chopped». Sobre Hemisferio, también ha apuntado que «pone los pelos de punta la sensación de impunidad que sentían entre la fundación y los funcionarios de la Conselleria de Solidaridad y Cooperación».

Acuerdos cuestionados

Antes de la intervención del fiscal, las otras dos acusaciones -Abogacía de la Generalitat y Coordinadora Valenciana de ONGD- han mostrado su total oposición a los pactos firmados por el Ministerio Público y gran parte de los acusados.

Frente a ello, Carrasco ha argumentado que su calificación jurídica de los hechos «se mantiene prácticamente en su integridad» con respecto al auto de Procedimiento Abreviado de la jueza que instruyó el caso. Únicamente, ha continuado, contempla las atenuantes de reparación parcial de los perjuicios ocasionados y reconocimiento tardío de los hechos, lo que conlleva una rebaja de la pena.

Así lo ha dicho el fiscal, que ha asegurado que estas atenuantes llevan a «rebajas de pena clamorosamente beneficiosas para la inmensa mayoría de los acusados». Lo que no asume, ha añadido, es que haya introducido modificaciones en la cifra global de la responsabilidad civil, dado que únicamente ha seguido la cantidad marcada por la Generalitat, 5,3 millones de euros. «Está la Generalitat, al fiscal no le queda otra que respetar esa cuantificación», ha justificado.

«Estas piezas son la madre de la causa»

En otro punto, Carrasco ha criticado a Javier Boix, abogado de Blasco, de quien ha dicho que «ha estado reiteradamente machacando al tribunal» con el fin de rebajar la importancia de estas piezas dos y tres de la causa.

«Estas piezas no son una hijuela (como la calificó en las primeras sesiones Boix) de ninguna otra. En todo caso, si hay una relación paterno-filial, esta es la madre», ha puesto en valor el fiscal.

De este modo, ha destacado que en este juicio hay 24 acusados (frente a las nueve del primero) y «más del triple» de tomos que en la primera pieza.

Además, ha rechazado que exista cosa juzgada, tal y como ha sostenido el letrado de Blasco. «Es totalmente incierto», ha enfatizado el fiscal, que ha hecho notar que «la inmensa mayoría de los testigos han declarado únicamente en lo que corresponde a este proceso» y, asimismo, cuenta con una prueba documental «gigantesca, profusa y de gran calidad».