El Consell acusa al Gobierno de implantar un sistema «discriminatorio» en el reparto de menores migrantes

Camarero ha defendido que el reparto planteado por el Gobierno es injusto, carente de planificación y sin respaldo económico suficiente. «El Gobierno de España pretende trasladar a la Comunitat Valenciana 571 menores que hoy están en Canarias, con un presupuesto de 7,4 millones de euros», denunció, al tiempo que advirtió que «solamente se harán efectivos los tres primeros meses de estancia de los menores».

Ante el Consell esta ha sido una decisión «unilateral» que ha sido tomada sin diálogo con las comunidades autónomas y que, además, no sigue criterios claros ni equitativos. «Comunidades como País Vasco o Cataluña le tocan cero menores frente a, por ejemplo, los 571 que le tocan a la Comunitat Valenciana», señaló.

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Para la vicepresidenta, este decreto «rompe el principio de autonomía financiera», ya que no se contemplan los recursos necesarios para garantizar la atención adecuada a los menores. «No hay ni planificación de cuántos ni cuándo llegarían, ni previsión económica para hacer frente a estas acogidas», lamentó. Además, aseguró que el coste real por menor es muy superior al contemplado por el Gobierno. «Cada menor por día supone un gasto para la Comunitat de 218,85 euros. Si repartimos los 7,8 millones entre los menores que se ha dicho, el reparto sería a 35 euros al día», dijo, evidenciando el desfase entre la financiación prometida y el coste real del servicio.

Camarero ha subrayado que el sistema valenciano de protección de menores ya se encuentra saturado. Según ha indicado, la Comunitat alcanza un 160% de ocupación de plazas y, pese a haber incrementado los recursos en los últimos meses, no dispone de infraestructuras ni personal suficiente para asumir nuevas llegadas. Esta situación, ha asegurado, pone en riesgo la calidad del servicio que actualmente se presta.

«No vamos a permitir que se rompa un sistema de acogimiento que tiene los estándares de calidad altísimos», sentenció. «Estamos prestando un servicio a los menores que tenemos acogidos de una calidad muy elevada, y no vamos a permitir que se rompa porque el Gobierno de España es incapaz de tener una política migratoria seria».

La vicepresidenta quiso zanjar cualquier acusación de falta de sensibilidad: «Nuestra oposición a este reparto no es por falta de solidaridad, sino por responsabilidad», insistió. «Vamos a interponer cualquier tipo de recurso y vamos a hacer todo lo posible para que esta amenaza del Gobierno de España no se cumpla», concluyó.