El cabecilla de Azud critica a la UCO al tardar dos años en dar a la juez un dosier favorable

El informe fue encargado por la titular de Azud –ahora sustituida por una compañera tras un accidente– en abril de 2019 cuando la causa estaba bajo secreto de sumario. Se completó en unos días. Esto tuvo lugar casi dos años antes de la operación policial que terminó con el arresto de Febrer. El expediente, no obstante, llegó al juzgado en 2021. Esta semana se ha dado traslado a las partes.

Uno de los puntos de las defensas consiste en tratar de anular la causa de Azud al sostener que se trata de investigaciones prospectivas, es decir, una serie de indagaciones que se resumirían en a ver qué ilegalidad aparece. «Se investiga la actividad de una persona durante décadas, no hechos», recoge en un escrito el letrado de Febrer.

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Del mismo modo, también llama la atención sobre lo «inexplicable» que resulta que la UCO «tardara dos años en poner en conocimiento de la autoridad judicial estos informes claramente exculpatorios».

No sólo el Consistorio sino buena parte de las entidades dependientes de la Corporación niegan vínculos económicos. Sólo una empresa pública, Aumsa, ha trasladado operaciones con Nou Urbanisme y Costa Azahar aparte de la compra de una plaza de aparcamiento en el Mercado de Colón de Valencia. Respecto los expedientes referenciados, algunos aluden a programas urbanísticos en el entorno del Camino de las Moreras.

La juez que se encarga ahora de las pesquisas ha dado un nuevo impulso a la investigación con la citación de una decena de imputados entre los que se encuentran cinco altos funcionarios del Ayuntamiento de Valencia. Entre ellos figura Esmeralda Orero, toda una institución en la administración local. Anticorrupción pretende acelerar las diligencias respecto a dos asuntos clave en toda la macrocausa de Azud. Por un lado, la trama conocida como los colegios. El pago de una deuda del Ayuntamiento a las congregaciones religiosas a cambio de varias parcelas para edificar en la ciudad de Valencia. Los peritos calculan un perjuicio de cerca de 14 millones de euros.

Y, por otro, el contrato de las alcantarillas de la ciudad de Valencia, un negocio de más de 120 millones de euros para Acciona, aparte de las facturaciones por el mantenimiento, del que se sospecha que el cuñado de Barberá, el letrado José María Corbín, llegó a cobrar dos millones de euros por una supuesta intermediación.