José Luis Vera, de jefe en Divalterra a vivir con 39 euros al día del paro

Este es uno de los argumentos que aporta su defensa para pedir que le eximan de acudir a firmar todas las semanas a Valencia, una situación que se ha convertido en «tremendamente gravosa».

A Vera se le atribuye por parte de la juez que analiza la trama urbanística el papel de «conseguidor» para el supuesto cabecilla de la red, Jaime Febrer. Vera, en teoría, pudo ejercer ese rol de intermediario por sus contactos con el PSPV. Él, en cambio, siempre ha defendido que trabajó como asesor para el empresario. Una más de sus actividades profesionales.

El exmagistrado solicita que se terminen con las comparecencias semanales en Valencia. Tiene 64 años de edad y no alberga esperanzas de encontrar un nuevo empleo, según su defensa. Hasta tal punto que se ha trasladado a vivir a Dos Aguas en compañía de su esposa Antonia Armengol, exdiputada del Partido Socialista.

Si la medida cautelar persigue evitar una fuga -continúa el escrito de su defensa- difícilmente podrá emprender la huida con unos ingresos de 39,40 euros al día, la prestación que recibe del Gobierno. Además, conviene recordar que todas las cuentas de Vera así como su patrimonio –dos viviendas– se encuentran trabadas por orden judicial.

La defensa del magistrado pide que se dejen sin efecto las visitas semanales a Valencia o que se produzcan cada mes para evitar perjudicar a su patrocinado. Son 14 meses los que lleva Vera desplazándose a Valencia y la causa no parece que vaya a concluir en breve.

Más bien todo lo contrario. Las diligencias amenazan con prorrogarse varios años, según temen las defensas por el ritmo actual de las pesquisas. Por un lado, por el elevado número de investigados: 60. Y, por otro, por el marco temporal que está sometido al escrutinio de la investigación: desde 2002 a 2011.

A todo lo anterior, el letrado de Vera añade «el volumen y complejidad de la causa» y lamenta que una parte considerable de este sumario se encuentre todavía bajo secreto. Al menos cinco piezas permanecen al margen del conocimiento de las partes, con excepción de la juez y el fiscal Anticorrupción. Y todavía una circunstancia extra, la juez titular se ha cogido la baja tras un accidente. Durante aproximadamente seis meses será sustituida por una compañera que, evidentemente, no conoce la causa con la misma exhaustividad.

Las defensas todavía no han podido pedir diligencias de descargo (al ignorar el resto del sumario) por lo que resulta más que probable esa prolongada instrucción.

El investigado, una de las personas clave en la trama según el relato delictivo que construye la titular de Instrucción 13 de Valencia, cobró algo más de un millón de euros de Febrer. La jueza sostiene en que estos pagos respondían a sus contactos en el PSPV, a una labor de «abrir puertas» para los negocios del empresario.

Pero la defensa de Vera recuerda su curriculum, que demuestra que estaba plenamente capacitado para trabajar profesionalmente para Febrer. Además, que la aparente cifra, dividida entre el número de ejercicios, es de 160.000 euros brutos, y que los negocios eran proyectos de varios millones de euros.

De igual modo, la defensa recuerda que Vera dejó de estar afiliado al PSPV en 1995 y que en algunos municipios donde se le atribuyen gestiones de dudosa legalidad gobernaban el PP y El Bloc. Es decir, que el supuesto conseguidor del PSPV ahí no tendría sentido.

No son las comparecencias judiciales las únicas cuestiones bajo discusión. Plantea Vera que se le permita moverse dentro del espacio Schengen, lo que le permitiría viajar a Francia donde su mujer tiene familia y es costumbre pasar unos días con ellos. En su situación actual, en la que se limita su capacidad de movimientos, esto sería impensable.

La defensa insiste en recuperar una furgoneta que actualmente utiliza la UCO para sus vigilancias. El matrimonio reside en un lugar aislado y necesitan dos vehículos para no quedar desasistidos.

La Fiscalía pidió el decomiso porque se hizo un pago en efectivo para la adquisición del vehículo. Pero la defensa ha acreditado que al menos 4.000 euros provienen de la venta de otro automóvil. De igual modo, solicitan al juzgado que devuelva uno de los portátiles intervenidos durante el registro porque pertenece a la mujer de Vera, que no se encuentra investigada en la causa.