El Ayuntamiento de Valencia indemnizará a Galiana con 3.700 euros por los gastos que le ha generado una denuncia del asesor Salom
El edil fue acusado de un fraccionamiento de contratos y el Consistorio resuelve que se le debe indemnizar ahora tras el archivo judicial
El Ayuntamiento ha acordado pagar 3.700 euros al concejal Carlos Galiana por los gastos judiciales que le generó una denuncia del asesor del PP en el Ayuntamiento Luis Salom. Se trata de la segunda resolución de esta naturaleza después de que la exedil socialista Maite Girau también fuera indemnizada con 2.000 euros por otra acción judicial del cargo popular que terminó en sobreseimiento. A Galiana, al igual que a Girau, se le acusaba de un fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.
El servicio jurídico del Ayuntamiento ha emitido un informe en el que respalda que los gastos de abogado y procurador se generaron por unos hechos en función del ejercicio de sus funciones y considera que el concejal de Cultura Festiva, antes era únicamente de Comercio, debe recuperar el coste de su defensa. Los abogados del Ayuntamiento no pudieron ejercer la representación del edil porque supuestamente existía un conflicto de intereses. Pero ahora, según resuelven, corresponde que reciba la compensación económica. En definitiva, se aplica el mismo criterio que contempla la Ley de Asistencia Jurídica de la Generalitat para los altos cargos en caso de denuncias que se archiven o procedimientos que terminen en absolución. De hecho, cargos del PP también han cobrado esta indemnización tras archivarse las acusaciones de corrupción contra ellos.
La estrategia judicial de Luis Salom está teniendo consecuencias económicas para las cuentas del Consistorio. Desde la llegada de María José Catalá al PP de Valencia la actividad judicial del asesor ha disminuido considerablemente, pero son muchas las acciones que impulsó durante los meses anteriores. Hasta la fecha, sólo la denuncia que puso contra Pere Fuset por fraccionamiento de contratos ha progresado en los juzgados. El exedil de Fiestas está investigado por fraccionamiento de contratos. Y la fiscalía ve indicios delictivos, según el informe que presentó.
