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Ricardo Costa. J. Monzó
Ratifican la sentencia de Gürtel por financiación ilegal del PP en Valencia

Ratifican la sentencia de Gürtel por financiación ilegal del PP en Valencia

La Audiencia Nacional considera acreditada la participación de la rama valenciana de la trama durante las campañas electorales locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008

EFE

Martes, 18 de junio 2019, 16:43

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La Audiencia Nacional ha confirmado la condena a 18 de los 20 acusados en el juicio de la rama valenciana de Gürtel que recurrieron la sentencia, al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal del partido en las campañas electorales locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en una sentencia en la que rechaza los recursos interpuestos contra la que dictó hace un año el juez central de lo Penal de este mismo tribunal, José María Vázquez Honrubia, y por la que también fue condenado a 4 años de prisión el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa.

Este último, en lugar de recurrir la condena, pidió a Vázquez Honrubia sustituir la pena de cárcel por otras medidas que no implicaran su ingreso en prisión, a lo que el juez, con el visto bueno de la Fiscalía, accedió imponiéndole una multa de 192.000 euros -que ya ha sido abonada- y un año de trabajos comunitarios, atendiendo a su decisiva colaboración con la Justicia.

De hecho, a raíz del juicio a la rama valenciana, en el que Costa apuntó a Camps como responsable de la financiación ilegal del partido y las contrataciones irregulares con Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata imputó y procesó recientemente al expresidente valenciano por adjudicar a la trama el montaje del stand de Fitur 2009.

Hechos por los que la Fiscalía ha formulado este martes su acusación contra él de cara a un futuro juicio y le pide 2 años y medio de prisión por prevaricación y en concurso con fraude a las administraciones públicas.

De los 18 recursos presentados a la sentencia por la rama valenciana de Gürtel, la Sala únicamente estima parcialmente el del cabecilla de Gürtel Francisco Correa en el sentido de modificar las cuantías de las multas impuestas por delitos contra la Hacienda Pública por los que fue condenado.

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Correa a 5 años y 3 meses de prisión, a su mano derecha, Pablo Crespo, a 5 años, y a Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, la empresa de Gürtel en Valencia, le impuso 6 años y 9 meses de cárcel.

De la excúpula del PPCV, además de Costa, también fueron condenados a 3 años y 4 meses por 3 delitos electorales la exgerente Cristina Ibáñez, el exvicepresidente de la formación David Serra (3 años y 8 meses) y la extesorera Yolanda García, a 4 meses.

Ahora, la Sala de lo Penal ratifica todas estas condenas y confirma los hechos probados de la sentencia de instancia que había sido recurrida y en la que fue absuelto el exvicepresidente valenciano Vicente Rambla por el principio de in du bio pro reo, en caso de duda se falla a favor del acusado.

De este modo, la sección segunda declara probado que la expansión del denominado Grupo Correa en Valencia, a través de la empresa Orange Market - que encabezaba El Bigotes- «tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política« en esa comunidad autónoma.

Todo ello «con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos relativos a eventos que pudieran ser organizados por el propio partido político, por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas dependientes de la misma«.

Respecto a las campañas electorales investigadas, la sentencia cifra en 175.000 euros la única cantidad declarada por Orange Market y el PPCV, pero, según el juez, esa cifra «fue muy superior el servicio que encargó y recibió de Orange Market», por lo que cifra en 1,9 millones de euros «el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización» en esas campañas de 2007 y 2008.

El juez Vázquez Honrubia basó su sentencia en las declaraciones inculpatorias de los cuatro acusados de la trama a los que aplicó atenuantes por confesión y que, según la sentencia, terminaban «de completar el mosaico del entramado formado por el PPCV para financiar sus elecciones».

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