La Audiencia Nacional juzgará a Jordi Pujol pese a los informes sobre el deterioro de su salud

Pujol asistió desde su domicilio en Barcelona a la primera sesión de la vista oral contra él y contra sus siete hijos, además de una decena de empresarios. Los miembros del clan se enfrentan a penas de ocho a 29 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El fundador de Convergència, que tiene 95 años, admitió en la vista previa para evaluar su estado de salud que no está «muy en forma», pero se mostró dispuesto a «responder lo mejor que sepa» y se puso a «disposición» del tribunal. Cuando le preguntaron si estará capacitado para pronunciarse sobre documentos que se le mostrarán a lo largo del juicio, que se prolongará durante 40 sesiones en seis meses, respondió: «No lo sé, pero lo intentaré».

En el entorno del expresident llevan semanas avisando de que el exmandatario nacionalista tiene ganas de defenderse ante la Audiencia, en lo que será con toda seguridad su testamento político. El abogado de Pujol alegó que tiene «marcadores en sangre de la enfermedad de alzhéimer», «deterioro cognitivo grave» y que días atrás fue ingresado por neumonía. El tribunal, no obstante, le mantiene de momento entre los acusados. Intervinieron los dos médicos forenses asignados por la justicia que emitieron un informe en el que concluían que no está capacitado para ser juzgado por razones de salud. Ayer, ratificaron el diagnóstico al sostener que Pujol no está «en condiciones físicas ni cognitivas» para comparecer. Aseveraron que no cuenta con la «capacidad procesal necesaria» para «defenderse de manera suficiente». Compareció además un tercer forense, de la Audiencia Nacional.

En su entorno confiaban en que fuera exculpado de acuerdo al criterio de los forenses, como ya le ocurrió a su mujer, Marta Ferrusola, fallecida el año pasado; acusaron al tribunal de deshumanizador y se mostraron indignados. En Junts, herederos de CDC, atribuyeron a los jueces la intención de buscar la «persecución política contra el legado» del expresident.

De momento, Pujol deberá afrontar el juicio, salvo que, según el tribunal, su salud empeore a lo largo de la vista, la cual puede prolongarse medio año. Podrá hacerlo desde su casa. Pero queda en el aire qué pasará cuando en primavera tenga que declarar. Preside el tribunal José Ricardo de Prada -el magistrado del juicio a la 'trama Gúrtel' que desembocó en la moción de censura a Mariano Rajoy-, junto a María Fernanda García y Ana Mercedes del Molino.

Tras resolver la vista previa por el estado de salud del expresident, el juicio arrancó en la Audiencia Nacional con las cuestiones previas. Son 19 los acusados. La Fiscalía atribuye al clan familiar haberse enriquecido gracias al cobro de comisiones ilegales a cambio de favores, influencia y concesiones a empresas durante los 23 años en que Pujol gobernó Cataluña. Esas mordidas se canalizaron a través de empresas pantalla y testaferros por todo el mundo y se repartieron entre los miembros de la saga en cuentas en Andorra, que solo regularizaron en 2014 en virtud de una amnistía fiscal del Gobierno. La Policía, en su investigación, cifra la fortuna familiar en 290 millones.

La defensa pide su absolución. Su argumento es que esa fortuna, oculta al fisco durante años en cuentas en Andorra, procede de una herencia del padre del expresident, que originariamente se ingresó en Suiza por valor de 140 millones de pesetas (poco menos de un millón de euros), que con los años se convirtieron en 500 (tres millones de euros).

En las cuestiones previas, los abogados de la familia Pujol reclamaron que el caso sea juzgado en Barcelona y no en la Audiencia Nacional, porque consideran que no es competente para ello, y vincularon el juicio a la persecución contra el independentismo por parte de la llamada 'policía patriótica' del PP.

A su juicio, hay pruebas ilícitamente obtenidas por las cloacas del Estado, por lo que la acusación, a su entender, no se sostiene y debería archivarse. El abogado de Oriol Pujol afirmó que si el acusado fuera el novio de la presidenta Ayuso, la Fiscalía habría pactado y reclamó al Gobierno que desclasifique documentos de la conocida como 'operación Cataluña'.