La Audiencia anula el embargo de la herencia de Juan Cotino

Juan Cotino, exconseller y también exdirector general de la Policía, estaba investigado por llevar presuntamente 600.0000 euros en efectivo a Luxemburgo para la creación de empresas pantalla que gestionarían las comisiones pagadas al expresidente y a su número dos, Juan Francisco García, por amañar la adjudicación de los parques eólicos y la privatización de las ITV.

El exdirigente popular murió por Covid en abril del pasado año tras un largo proceso que comenzó justo después de ser juzgado en la Audiencia Nacional por el amaño de la contratación de las pantallas para la visita del Papa a Valencia. Al fallecer, lógicamente, su responsabilidad penal se extinguió. Lo mismo sucedió en la pieza de Erial, en el juzgado de Instrucción 8 de Valencia. Cotino pereció sin que existiera pronunciamiento judicial de condena en ningún asunto de corrupción.

El fallecimiento, no obstante, todavía generó consecuencias judiciales en la investigación en Valencia, en este caso para terceros. Pese a eliminarse la supuesta responsabilidad penal, Anticorrupción y la juez quisieron mantener bloqueada la herencia del exdirigente popular en la creencia que de esta forma impedían la desaparición de los bienes por parte de los herederos, por ejemplo, a través de una venta.

La tesis de partida es que ese dinero y propiedades proceden de una actividad ilegal. Cotino fue imputado en su día por blanqueo y cohecho. Al exdirigente se le bloquearon unos productos bancarios por valor de unos 160.000 euros y, en última instancia, se procedió a trabar varias fincas que se encuentran a nombre de una sociedad, Alquería Dolores SL, controlada en su día por Cotino. Estas propiedades deberían pasar a sus herederos cuya identidad, por el momento, no ha trascendido. En aquella resolución judicial ya se les advertía de la imposibilidad de deshacerse de las participaciones de la mercantil.

La acción, el decomiso sin condena, resulta poco frecuente en asuntos de esta naturaleza. Esta posibilidad fue introducida en 2015 en un intento del legislador de adaptarse a la Unión Europea y «facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos».

Pero este decomiso a terceros no puede efectuarse así, sin más, por orden de la Fiscalía Anticorrupción. Tal y como recoge el Código Penal, y recuerda ahora la Audiencia, resulta imprescindible que la «situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio». Es decir, se considera necesario convocar a las partes para que estas puedan alegar, si lo consideran necesario, en ese proceso contradictorio.

El tribunal ordena que los embargos queden sin efecto e insta a la juez a que cite a las partes, en este caso el representante de Alquería Dolores y los herederos, para iniciar de nuevo el procedimiento para el embargo. Esto siempre que Anticorrupción decida persistir en su intento por bloquear la herencia. En teoría, la fiscalía quería asegurar esa cantidad inicial, de 600.000 euros, que Cotino supuestamente depositó en Luxemburgo.

El sumario de Erial recoge que el exconseller llevó personalmente más de 640.000 euros al pequeño país europeo para la creación de dos sociedades que sirvieron para el depósito de supuestas mordidas por la privatización de las ITV valencianas, según declaró en su día la abogada Beatriz García Paesa. La sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos 'papeles de Laos' del caso Roldán) ha sido una de las piezas clave para desenmascarar el presunto entramado delictivo.

El caso Erial ha entrado ya en la fase final de la instrucción. Las pesquisas han permitido reconstruir un amplio patrimonio que la UCO atribuye a Eduardo Zaplana, aunque el expresidente siempre ha negado tener dinero o cuentas en el extranjero.

La principal incriminación proviene del supuesto testaferro uruguayo, Fernando Belhot, que transfirió siete millones de euros de una cuenta desde Suiza. El financiero aseguró que durante años gestionaba sus fondos en diferentes inversiones, actividad por la que presuntamente cobraba un porcentaje.

Los investigadores constataron reuniones de ambos en Madrid, una de ellas, en una sala privad de un hotel de lujo de Madrid. Zaplana siempre ha rechazado toda esta labor de intermediación. De hecho, ha pedido que comparezca en el juzgado Belhot para responder a las preguntas del resto de partes. El testaferro sólo ha declarado desde Uruguay cuando la causa estaba todavía bajo secreto en un viaje del fiscal y la jueza para impulsar las pesquisas.

El expresidente de la Generalitat ha solicitado también la comparecencia de Marcos Benavent por el registro del despacho de su abogado. Trata de buscar la nulidad del inicio de esta causa. De igual modo, quiere convocar al comisario Villarejo después de que este revelara un supuesto plan del PSOE para «destruir» a Zaplana.