Un asesor del PP en el Senado representará a víctimas de la dana de Picassent
El letrado Víctor Soriano asesora a los vecinos que llevan cinco meses sin poder acceder a sus viviendas
La actividad pública y privada del letrado Víctor Soriano se desarrolla en vertientes diferentes que, en ocasiones, entran en una supuesta colisión de intereses. Soriano ... trabaja en Madrid como asesor de los populares en el Senado. Desempeña esta función para la senadora Eva Ortiz quien fuera en su momento mano derecha de Isabel Bonig en el PP valenciano, etapa previa a la llegada de Carlos Mazón.
Pero, además, es el director de un despacho boutique, especializado en derecho público y urbanismo y derecho penal administrativo. El letrado acaba de anunciar que representará a víctimas de la dana de Picassent. Se trata de un grupo que no puede acceder a sus casas. Y llevan así ya cinco meses, señala el abogado.
No es la primera vez que alguna de las acciones judiciales de Soriano soliviantan al PP. Por ejemplo, recientemente demandó al Ayuntamiento de Valencia por la paralización de licencia de pisos turísticos. La relación entre el PP local y la senadora Ortiz no es precisamente la óptima. Ahora el letrado se embarca en otra aventura que puede resultar polémica, aunque, de momento, apunta hacia la responsabilidad del Ayuntamiento de Picassent (PSPV-Compromís-Unides Podem) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), órgano dependiente del Gobierno central. Sin embargo, «no descartamos nada», anticipa respecto al camino que pueden tomar las diligencias.
La controversia reside en que algunos vecinos del conocido como barrio de l'Omet siguen a día de hoy -el sábado se cumplieron cinco meses de la tragedia- sin poder acceder a sus viviendas, que permanecen precintadas por orden administrativa. Además, los problemas de comunicación de los vecinos de esta zona residencial se acentuaron tras la dana, ya que muchas personas han estado utilizando las vías del tren para poder cruzar el barranco de Picassent, al no tener una alternativa segura para poder hacerlo tras el derrumbe del puente.
La intervención del despacho, según un comunicado, tiene como objetivo la defensa de los derechos de los afectados, el impulso de medidas administrativas para el desbloqueo de la situación urbanística y habitacional en la que se encuentran, y la exigencia de las responsabilidades que pudieran derivarse por la inacción o insuficiencia de respuesta de las administraciones competentes.
«El caso de l'Omet evidencia una vez más cómo determinados barrios y núcleos urbanos, pese a estar perfectamente consolidados, siguen sufriendo una desprotección institucional cuando ocurren catástrofes naturales», explica el director del despacho. «No se trata únicamente de daños materiales. Estamos hablando de familias que llevan meses sin poder volver a sus casas, con perjuicios evidentes en su salud, su economía y su vida diaria. Y ante esa situación, la única respuesta no puede ser el silencio o el bloqueo administrativo».
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