Antifraude se cansa de buscar (y de pedir): se queda en la misma sede por 12.100 euros al mes

De hecho, lo que hace Antifraude es un contrato de alquiler nuevo, por otros cinco años, con la misma firma y para quedarse exactamente en las mismas instalaciones. Las novedades afectan al coste del alquiler, que sufre la actualización propia del IPC -según fuentes de Antifraude-. Tal y como se había publicado, Antifraude había venido abonando 10.000 euros al mes en concepto de alquiler. En el expediente por el que se formaliza el nuevo contrato se especifica que el alquiler será de 10.000 euros más IVA, del 21%, por lo que la cifra definitiva asciende a 12.100 euros mensuales.

Arquilab es una firma de ingeniería que tiene como objeto la prestación de servicios, consultoría, asistencia técnica y control de calidad en el campo de la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo, así como la urbanización, compra, venta, permuta o arrendamiento de bienes inmuebles. La propietaria y administradora de la firma es, según las informaciones publicadas, Nieves Sánchez, pareja del diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte, vinculado a Valencia -capital en la que estudió y donde ha trabajado-.

Según el anuncio de adjudicación, Arquilab ha sido la única firma que se presentó al concurso del contrato, cuyo valor asciende a 1.232.876 euros, porque se prolonga durante cinco años con opción a prórroga de otros cinco. Fuentes de la entidad que dirige Llinares remarcan que una de las condiciones previstas en el contrato es la que establece que, en el caso de que la entidad encuentre un inmueble, facilitado por la administración autonómica, que se adapte a sus necesidades, el acuerdo se rompería.

«Será causa específica de extinción del contrato por la parte arrendataria, la obtención durante el periodo de vigencia del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, de un inmueble destinado a constituir su sede, mediante cesión gratuita efectuada por cualquier organismo público o privado», se señala.

Tal y como ya informó este diario, la entidad que dirige Joan Llinares justificaba en la falta de espacio en sus actuales instalaciones la necesidad de buscar un nuevo inmueble. Esa era la principal motivación del procedimiento de contratación de un nuevo inmueble por el que la entidad valenciana creada en 2017 venía a responsabilizar tanto a Les Corts como a la dirección general de Patrimonio de la conselleria de Hacienda, a los que señalaba por no haber adscrito a la Agencia «un inmueble administrativo, de titularidad pública».

Antifraude venía quejándose con reiteración del hecho de tener que pagar un alquiler a pesar de que la administración autonómica dispone de inmuebles vacíos. La Agencia que dirige Llinares depende de Les Corts, de manera que debería de ser la Cámara la que le buscara una sede fija. Y en su defecto, la dirección general de Patrimonio es la encargada de la gestión de los bienes inmuebles de titularidad de la administración autonómica. En su día, durante el propio debate de creación del organismo ya se estableció que la sede de Antifraude estaría ubicada en el edificio de la antigua Casa de los Caramelos. Pero esa reforma no está lista, y Antifraude sigue demandando una sede «en aras de la optimización de los recursos públicos».

En el informe de necesidad de la contratación del nuevo arrendamiento la Agencia aludía al «progresivo incremento del número de puestos de trabajo». En el momento de creación de esta entidad, recordaba, se aprobó una relación provisión de puestos dotada con 33 funcionarios y funcionarias. «Sin embargo, la consolidación de esta entidad y el conocimiento cada vez más exhaustivo de las cargas ha supuesto un incremento progresivo del número de puestos de trabajo», que para 2022 alcanzaría las 55 personas, un 66% más en apenas seis años de vida.

Además, explicaba que la distribución de espacios de la sede en Navellos, «además de resultar insuficiente para acoger a los nuevos puestos de trabajo, no posibilita desplegar a la Agencia alguno de sus fines y acciones, tales como la atención de becarios, universitarios, reuniones simultáneas de trabajo con personal propio o ajeno, un aula de lectura, etcétera». En su justificación, Antifraude añade que «resulta de interés general comprobar la adecuación de la actual renta arrendaticia que es abonada en estos momentos a los precios de mercado».

En el pliego de prescripciones técnicas Antifraude pedía que la nueva sede dispusiera de una superficie útil mínima de 575 metros cuadrados, localizados en planta baja, entreplanta o planta de piso, ubicada en el centro histórico o zonas adyacentes –correspondientes a los códigos postales del 1 al 10 de la capital–. Se valoraría la distancia del inmueble respecto de Les Corts y estar ubicado en zona con buena comunicación y servicios de transporte público.

En cuando a los espacios, Llinares reclamaba un despacho de al menos 20 metros cuadrados, otros cuatro de al menos 14 metros cuadrados, para las direcciones funcionales, así como salas técnicas y zonas comunes y de despachos para los empleados.

La adjudicación a la misma firma del nuevo contrato por el mismo inmueble evidencia que Antifraude se ha visto obligada a renunciar a buena parte de esas exigencias.