Antifraude investiga contratos de emergencia del Consell durante la pandemia

Tras el final de las pesquisas por parte del organismo, las indagaciones se pueden remitir a la Fiscalía en el caso de que los profesionales consideren que existen indicios de delito. En el supuesto contrario, también puede archivarlo o enviar una serie de recomendaciones a la Administración responsable de la compra. Estas indicaciones no son de obligado cumplimiento.

Este tipo de procedimientos, la contratación por emergencia, se repitió con asiduidad durante los meses más duros de la pandemia, desde marzo de 2020, ante la acuciante necesidad de obtener material de protección para el personal sanitario que luchaba por frenar los contagios.

Las quejas por la excesiva opacidad del Botánico sobre estos procedimientos ha generado un evidente malestar en la oposición. De hecho, la dirección general de Transparencia se vio obligada a remitir una comunicación al resto de unidades de transparencia del gobierno valenciano donde recordaba la obligación de mantener los niveles de acceso a la información pública y de revelar los contenidos de los contratos públicos.

No es la primera vez que contratos de este tipo acaban en una investigación judicial. Los asuntos de mayor repercusión se han producido en Madrid, con la estafa al Ayuntamiento por unos comisionistas y en otra adquisición por el papel que pudo desempeñar el hermano de la presidenta Isabel Diaz Ayuso. Según datos de la Fundación Civio, publicados por LAS PROVINCIAS, solo en 2020 las administraciones públicas firmaron 16.589 contratos de emergencia. Estas adjudicaciones se producen sin publicidad ni concurrencia.

Los datos por autonomías también son relevantes. Durante el 2020, la Generalitat y su sector público echaron mano de este tipo de contratos a dedo, de gran rapidez administrativa y sin necesidad de expediente previo, en un total de 747 ocasiones. Todas las operaciones que se derivaron de esas adjudicaciones sumaron más de 305 millones de euros en contratos por emergencia, según la citada entidad que recopila datos de distintas plataformas de contratación de las administraciones públicas. Las diputaciones y los ayuntamientos desembolsaron otros 15 millones.

El mayor contrato se lo llevó la empresa Comité Textil S.L., propiedad de un empresario chino de Ontinyent que sumó 44,8 millones de euros con la adjudicación de dos contratos por emergencia, los primeros días del estado de alarma (de 31,5 y 12,1 millones en material sanitario respectivamente). En segundo lugar, la mayor factura fue para la firma Anona, que también distribuyó material sanitario, y en tercer lugar, la empresa Mölnlycke healt care, que se hizo con un montante de 8,2 millones por 15 millones de mascarillas quirúrgicas.

El portavoz de Transparencia del Grupo Popular en Les Corts, Fernando Pastor, por su parte, ha anunciado que su grupo parlamentario «va a solicitar la comparecencia del Director de la Agencia Antifraude, Joan Llínares, para que explique la investigación que hay en curso sobre diferentes contratos de emergencia de la Generalitat Valenciana durante la pandemia del COVID'19».

«Hay que saber si el dinero de los valencianos, en un momento tan complicado como fue el inicio de la pandemia, fue bien utilizado por parte del Consell de Puig para hacer frente a la situación tan alarmante que se estaba viviendo en los hospitales valencianos».

El diputado popular ha asegurado que tras escuchar las afirmaciones y las dudas y conocer que hay una investigación abierta por parte de la Agencia sobre algunos de esos contratos, es más importante que nunca saber toda la verdad y aclarar los términos en los que se hicieron esos contratos de emergencia».

Ciudadanos ha rechazado que se permita la contratación de emergencia como al inicio de la pandemia y Vox, por su parte, se ha preguntado cuál es la «utilidad» de Antifraude si se limita a realizar recomendaciones. Por contra, de los representantes del Botànic, el PSPV ha criticado que otros partidos intenten «desacreditar» instituciones que luchan contra la corrupción y que habrían evitado «la situación sobre el hermano de Ayuso» en Madrid. Mientras, Compromís ha achacado los contratos de emergencia a la necesidad de agilizar los procedimientos ante la falta de personal y UP ha abogado por controlar más el papel de los «agentes corruptores» externos a las instituciones.