Antifraude acusa a los despedidos de generar «miedo y recelo» en la plantilla

No obstante, donde se ha expresado ampliamente ha sido en la justificación de las dos destituciones para evitar, quizá, un futuro revés en los tribunales. Y el panorama que describe Beut es el de una organización inmersa en la ineficacia, el exceso de gasto y la mala gestión por resumir su radiografía. Clemente es la diana de buena parte de esos reproches. Por un lado, se la responsabiliza de la huida de personal de la Agencia y de los sucesivos pronunciamientos en contra de los tribunales. De igual modo, consideran su gestión errática. En algunos cometidos se extralimitaba y, en otros, se desentendía. «No sabe solucionar conflictos», se subraya.

El nuevo director, además, cree que incrementó el personal bajo sus órdenes de manera innecesaria. Y pese a esa circunstancia mantiene un contrato con una abogada externa, circunstancia que ya denunció LAS PROVINCIAS.

El ambiente de trabajo nunca ha sido óptimo en la Agencia. Esta es la conclusión de buena parte de trabajadores y ex miembros de la plantilla. Beut dispone de su propio diagnóstico. No se apuesta por el trabajo en equipo y se utilizan procedimientos «individuales y jerarquizados» lo que ha llevado a un ambiente de «recelo y miedo» en el seno de la organización. El nuevo director describe un panorama poco propicio para una entidad como la Agencia Antifraude. De hecho, la acusa de intervenir directamente en la selección de personal.

La gota que colmó la paciencia de Beut ocurrió durante las vacaciones de Clemente. La directiva, por una parte, se desentendió de la dirección que debía asumir en ausencia del director, pero además se pasó el periodo de descanso enviando correos electrónicos al personal de la Agencia para criticar a Beut, siempre según el propio afectado.

La dirigencia de Gustavo Segura no queda exenta de las críticas. El exdirector compareció hace meses en el juicio del caso Erial, la investigación al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, donde su testimonio fue claramente incriminatorio. Beut no parece muy dispuesto a que Antifraude siga en la línea de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en la elaboración de informes periciales. Este esfuerzo ha llevado a la saturación del personal con cargas de trabajo «inasumibles». En los planes estratégicos, además, había numerosos errores de planificación. En este sentido, asumía más funciones de las que le correspondían.

Otro de los motivos es el excesivo «secretismo» en el acceso a determinada información por parte del personal de la Agencia. Esta circunstancia encaja además con la particular personalidad del exdirector Joan Llinares. También se alerta de una incomprensible falta de control interno por parte de algunas supuestas irregularidades o procedimientos propios de la Agencia. Es decir, que se investigaba a todos pero sin capacidad para analizar su propia actuación. LAS PROVINCIAS, en su momento, llegó a informar incluso de algunas denuncias contra el propio Llinares.

Antifraude nació como imposición de Podemos para la configuración del primer Botànic, como una de las armas para limitar la corrupción. Desde su creación no ha dejado de recibir más denuncias cada año. Esta carga de trabajo y la falta de personal han incidido en retrasos considerables en la tramitación de los expedientes. Por ejemplo, hay denuncias en las que no se ha adelantado prácticamente nada en un año, según información que maneja LAS PROVINCIAS.

La mayoría de las denuncias, alrededor de un 40%, centradas en procesos selectivos de personal. Un porcentaje muy reducido de comunicaciones, un 16%, llega a convertirse en una investigación por parte de los profesionales del organismo, según los datos del último ejercicio. La Agencia ha dado protección a 35 personas. El 68% de las personas bajo la cobertura de la Agencia son hombres frente al 28% de mujeres, según la última memoria del organismo.