Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año

Alvise, de 35 años, considerado el primer nativo digital de la política tras el exitoso resultado de SALF en las europeas de 2024 (sexta fuerza con 803.545 votos, el 4,58% del total y tres escaños), recibió el pasado martes la notificación de la apertura del último procedimiento. Quizá por un asunto menos mediático que los otros tres, pero cuyos hechos simbolizan la veloz autodestrucción de su plataforma tras la querella por delitos de acoso y revelación de secretos presentada por sus dos excompañeros electos en las europeas: Nora Junco y Diego Solier, quienes en mayo pasado confirmaron su ruptura con el jefe de las ardillas (apelativo de sus seguidores) tras marcharse al grupo de la italiana Giorgia Meloni en el Parlamento de Estrasburgo. Una separación que Alvise no dejó pasar por alto.

Según el auto de admisión de la querella, los dos eurodiputados fueron víctimas de una campaña de hostigamiento a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que su mentor había publicado sobre ellos en diferentes canales. Temieron incluso por su integridad física al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían. Como colofón, se filtraron sus direcciones de correo y sus números de teléfono, donde recibieron una «ingente» cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes que les obligaron a modificar sus rutinas diarias.

La salida de SALF de Junco y Solier se comenzó a gestar hace un año. Mucho antes de que Alvise les acusara de haber sido comprados por un lobby armamentístico. El punto de no retorno fue el asunto del maletín con 100.000 euros que el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo entregó en mano al líder del partido para los gastos de su campaña electoral. Romillo fue detenido por orden de un juez de la Audiencia Nacional en septiembre de 2024 por una estafa piramidal a cientos de clientes. Confesó los hechos y colaboró con la Justicia para darles el nombre de Alvise, quien vio como en abril pasado el Supremo le abrió la primera de sus cuatro causas simultáneas. Está acusado de un delito de financiación ilegal de partidos políticos, aunque en su comparecencia voluntaria alegó que esos 100.000 euros fueron en realidad para gastos personales.

En la misma notificación de ese procedimiento, la Sala le comunicó la apertura de otro por delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación con la difusión de una prueba falsa de Covid (PCR) del actual presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en febrero de 2021. Alvise replicó en plena campaña de las elecciones autonómicas un mensaje en redes sociales con la foto de un informe clínico fraudulento sobre el entonces ministro de Sanidad «sin apariencia de comprobación alguna», según el juez. El objetivo era perjudicar a Illa y al PSC, aunque en su declaración voluntaria en junio pasado alegó que él no fue el autor de la falsedad documental y que se limitó a difundir este documento «porque ya circulaba masivamente» en internet.

Un mes antes, en mayo pasado, Alvise recibió la notificación de la apertura de otra causa. Le acusaron de ser el autor de los mensajes dirigidos a través de su canal de mensajería móvil Telegram contra la fiscal Susana Gisbert, delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia. Se le atribuye indiciariamente delitos de injurias a funcionario público y coacciones.

En su denuncia, la fiscal relató que el eurodiputado llamó a que sus 40.000 seguidores entonces en Telegram expresaran una animadversión hacia ella con la intención de alterar el normal desarrollo de su vida y la de su familia. En su declaración voluntaria, Alvise enmarcó su acción en la «crítica política» y la «libertad de expresión» por decir que personas como Gisbert persiguen a quienes digan que «la masiva inmigración ilegal es una invasión». En este caso el juez ya ha pedido el suplicatorio al Parlamento europeo para poder actuar contra él.

En este periodo de seis meses, el líder de SALF también ha conocido una condena firme de la Sala Civil del Supremo por la publicación de fotografías privadas de la periodista Ana Pastor y su marido cenando en un restaurante en Baleares, en las que Alvise afirmó que formaban parte de una «mafia». Inicialmente los tribunales madrileños le habían impuesto 10.000 euros, pero el fallo definitivo redujo la cantidad a 7.000. «El ánimo de molestar» a Pastor, concluyeron el Supremo y la Fiscalía, «no dota de interés general alguno a la publicación de su imagen realizada sin su consentimiento».