Aliança Catalana a Junts: «Bienvenidos a la extrema derecha»

El debate ha sido encendido en la Cámara catalana. «Bienvenidos a la extrema derecha», ha espetado la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a Junts, que ayer fijó su posición sobre el debate y abrazó las tesis prohibicionistas. «Junts se ha convertido en la marca blanca de Aliança», se ha jactado la dirigente ultra, que durante su alocución ha cargado contra el islamismo y ha comparado el velo con los símbolos nazis.

Orriols está crecida. Las encuestas le son favorables (podría pasar de 2 a 10 escaños) y ha defendido que la ciudadanía preferirá la marca «original» que la «copia», en alusión a los junteros, a los que ha acusado de «plagiarle» el programa. David Saldoni, del partido de Puigdemont, le ha replicado que «fomenta el odio».

Aliança Catalana, con su resolución, pedía al Govern que inicie los trámites para «privar» el uso del niqab, el burka, burkini, chaila, khimar o el shador en los espacios públicos o centros de carácter público, por ser «elementos discriminatorios». También pedía la «prohibición expresa» de la «exhibición» de todas estas prendas islámicas en los espacios públicos o centros de carácter público por parte de chicas menores de edad. La formación nacionalista y antiislamista reclamaba también que se derogue la actual normativa que permite el uso del burkini en las piscinas públicas.

Al respecto, la consejera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, ha asegurado que el velo islámico está «amparado» por la legislación y ha pedido distinguirlo del integral. «El velo está emparado por el conjunto de la legislación, otra cosa es el velo integral que, por temas de comunicación, de visualización, de poder desarrollar actividades curriculares con normalidad, no es lo que se recomienda ya en los centros a día de hoy», ha asegurado. «Aquella vestimenta, velos o indumentaria que pueda perjudicar el desarrollo de una actividad curricular, que tenga un efecto negativo en la seguridad o en la comunicación, ya no está permitido», ha añadido.

El Govern ha señalado que la libertad religiosa es un derecho fundamental, por lo que «no corresponde ni a un ayuntamiento ni a un Parlament poder hacer una regulación sobre esto», sino al Congreso de los Diputados.