La abogada de Avialsa, imputada por ingresos sospechosos de 700.000 euros

Vicente Huerta, en primer término, acompañado de su abogado en una rueda de prensa. / irene marsilla
Vicente Huerta, en primer término, acompañado de su abogado en una rueda de prensa. / irene marsilla

El juzgado que investiga parte de la macrocausa de corrupción cita a declarar a la letrada por falsedad documental y blanqueo de capitales

A. Rallo
A. RALLOValencia

El caso Avialsa, el amaño de los contratos de extinción de incendios de la Generalitat, sigue generando novedades en las numerosas piezas derivadas de la macrocausa. El juzgado de Instrucción 2 de Sagunto acaba de levantar el secreto sobre unas pesquisas relacionadas con el blanqueo de capitales. La investigación ha permitido concluir, de manera indiciaria, que la abogada de la mercantil -se ignora si la empresa trabajaba con otros profesionales- recibió importantes ingresos sin que se haya podido acreditar que, en realidad, proceden de servicios reales.

El instructor ha decidido citar como investigada a la letrada Mercedes D. P. por falsedad documental y blanqueo de capitales. La comparecencia será en marzo. Las pesquisas han puesto el foco sobre «el incremento exponencial» de sus ingresos desde que comienza su relación con Avialsa. La abogada era amiga del dueño del holding empresarial y uno de los cabecillas de la trama, Vicente Huerta. Existen otros indicios para apuntalar las sospechas. Desde que interviene esta letrada los gastos judiciales de Avialsa se incrementan respecto a los ejercicios anteriores. Además, tampoco coinciden las cifras de lo que declara la profesional y la mercantil.

El juez calcula que durante los años 2013-2014 la ahora investigada recibió bien como persona física o a través de una sociedad ad hoc 775.000 euros por sus supuestos trabajos «sin que en los registros se hallaran las facturas».

Este dinero fue posteriormente dividido entre fondos de inversión, adquisición de valores de renta variable e imposiciones a plazo fijo. Los investigadores subrayan otra circunstancia llamativa de toda esta operativa. En 2015, la empresa de la letrada deja de presentar cuentas.

Los especialistas de la Policía Nacional también han rastreado las cuentas de la ahora investigada y una de sus socias. La letrada tenía una cuenta en la que recibió 498.000 euros en apenas un año. Desde esta libreta se hicieron posteriormente traspasos a otras cuentas e incluso alguna inversión en sociedades.

El juez recuerda en su auto que la abogada participó en reuniones del consejo directivo de Avialsa y, por tanto, conocía la situación de la empresa y las prácticas que pudieron llevar a cabo. El instructor concluye que, aparte del desfase entre lo declarado y lo realmente pagado, existen indicios de la comisión de un delito continuado de falsedad documental. De hecho, en la misma resolución, el juzgado ha requerido a la empresa y a la profesional para que aporten todas las facturas que dispongan de la relación comercial. Una vez examinada esa documentación, el juez resolverá si también participó en el blanqueo del dinero del holding, delitos fiscales que ya se investigan en otra pieza separada.

Por otra parte, el magistrado ha decidido archivar la investigación abierta a Salvador Alepuz acerca de si pudo recibir dinero de la letrada investigada a través de facturación a mercantiles en las que tenía participaciones. Alepuz era el responsable de Aviación Civil de Valencia. Pero, finalmente, el juez no ve suficientes indicios para continuar con el procedimiento por cohecho.

El ingeniero, según las pesquisas practicadas hasta la fecha, fue clave para asesorar a la supuesta trama en la construcción del aeródromo de Viver y que por ello recibió regalos. Los agentes hablan de un vehículo, aunque el investigado declaró en el juzgado que aquello no fue un obsequio y se debió a una deuda de un alquiler.

La principal pieza de este asunto se lleva ahora en la Audiencia Nacional. Se trata del amaño de los contratos con diferentes administraciones, entre ellas, la valenciana. El exconseller Serafín Castellano se está investigando por este asunto. Además, una derivada de la investigación principal, las adjudicaciones que durante años dio el exdirigente popular a la empresa de su amigo Taroncher se siguen en Instrucción 19 de Valencia. La Intervención pidió más tiempo al juzgado para elaborar un informe sobre la legalidad de los procedimientos investigados. El motivo de la prórroga era la falta de medios.

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