À Punt recibe un aviso de corte de luz por impago de 400.000 euros en facturas

À Punt recibe un aviso de corte de luz por impago de 400.000 euros en facturas

La compañía eléctrica ya ha notificado a la corporación que adeuda varios meses y la cadena lo atribuye al caos en la liquidación del antiguo ente

Marta Hortelano
MARTA HORTELANO

La Generalitat Valenciana ya sabe lo que es quedarse a oscuras. Lo sufrió hace algo más de siete años el entonces presidente Alberto Fabra por el impago de las facturas que la Administración adeudaba en aquel momento a Gas Natural Fenosa. La situación supuso un duro golpe a la imagen pública del Gobierno valenciano y ejemplificó mejor que cualquier informe especializado la ruinosa coyuntura económica de las arcas públicas. Una situación similar a la que ahora atraviesa la radiotelevisión pública valenciana, que ya ha recibido un tirón de orejas por parte de la empresa proveedora de su energía eléctrica, a la que adeuda cuantiosas cantidades desde hace meses.

Sin embargo, aunque la empresa pública no paga las facturas a su distribuidora, la consecuencia no parece derivada de la falta de dinero -55 millones que la Generalitat ingresa religiosamente cada año- sino por la mala gestión en la liquidación del antiguo Canal 9. Fuentes de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMV) reconocieron ayer los problemas que han puesto ya a À Punt al borde de un nuevo fundido a negro. La eléctrica ya ha remitido diversas cartas a la empresa para que abone los más de 400.000 euros que adeuda en facturas de energía y que caen mes a mes en saco roto. En este caso, la tele es casi un convidado de piedra.

La Generalitat debe pagar los atrasos y decidir cómo abonar la nuevas facturas

Desde la radiotelevisión pública ya han pedido auxilio a la Generalitat para que trate de solucionar este problema por el que la empresa podría quedarse sin suministro si no se abonan las facturas atrasadas y se indica quién es el nuevo pagador, una vez liquidado el ente RTVV. Ese es el principal problema de la cuestión, que la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación no es el propietario del edificio de Burjassot en el que está instalado À Punt, sino que estaba registrado a nombre de la anterior sociedad. Pero ahora, con su disolución como empresa, y a pesar de que a finales de 2018 el Consell aprobó la aceptación global de los activos y pasivos de la extinta sociedad en favor de la Generalitat, lo cierto es que a día de hoy la sede de la RTVV sigue sin registrar. Así, las facturas de luz llegaban hasta la liquidación a nombre de la anterior empresa, pero la eléctrica no sabe a quién remitir ahora los pagos, por lo que los de los últimos meses están sin abonar. «La tele no se va a quedar sin luz» avisaron ayer fuentes de la Generalitat, conocedoras del problema, tras las gestiones hechas con la compañía eléctrica. De hecho, insistieron en que no es un problema económico, sino burocrático y que se le pondrá solución lo antes posible. Sólo hay que decidir quién se hará cargo de los nuevos pagos a partir de ahora y, sobre todo, quién y cómo abonará las facturas atrasadas.

Las distintas fuentes consultadas en la Administración aseguran que no es un problema de impagos, si bien el efecto colateral de los sucesivos fallos de gestión han provocado que la compañía eléctrica que presta el servicio lleve varios meses sin cobrar. La proveedora de energía no recibe los pagos porque la Generalitat no tiene registrado el edificio y, por tanto, hay que gestionar un cambio de titularidad. Pero mientras ese trámite llega, lo cierto es que los recibos que antes pagaba la mercantil, ahora no los paga nadie de los actuales gestores públicos.

La liquidación en falso de RTVV ha provocado el caos en la facturación de la electricidad

Pero, ¿qué ha pasado para llegar a esta situación? En septiembre de 2018 el Gobierno valenciano dio luz verde a la liquidación del ente RTVV, la entidad de derecho público encargada de la prestación del servicio de radio y televisión. Pero faltaba la S.A.U., la entidad mercantil encargada de facturar, la responsable de actuar a nivel de mercado. Y con esta otra, los problemas no han dejado de sucederse. Tras cinco años de proceso, el último pleno del Consell de 2018 aprobó su propuesta por la que se aceptaba la cesión global de activos y pasivos de Radiotelevisión Valenciana, SAU, en liquidación, a favor de la Generalitat. Es decir, se autorizaba la disolución de la mercantil. El Consell aprobó ese acuerdo que, en teoría, es el que certifica la liquidación.Pero el documento establecía una salvaguarda: advertía que se autorizaba la disolución de la SAU, en liquidación, aunque se precisaba que quedaría extinguida «en el momento que la Comisión de liquidación de la misma finalizara el proceso de cesión de los activos y pasivos de la cedente a la cesionaria». Algo que no ha sucedido. Los impagos de luz son sólo la primera consecuencia.

Dos empresas optan a mejorar las cifras publicitarias de la tele

Uno de los principales quebraderos de cabeza de la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, ha sido la escasez de los ingresos por publicidad que ha obtenido desde su reapertura. De hecho, en este pasado ejercicio apenas logró recaudar 816.352 euros, que suponían poco más de un 20% de los 4 millones comprometidos en el contrato programa. Un hecho que preocupa sobremanera a los directivos de la radiotelevisión, que tienen por contrato la obtención de más ingresos para poder cumplir con sus objetivos.

Para tratar de solucionar este problema, la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMCV) volvió a licitar un concurso para contratar con una agencia externa que le aporte al menos casi un millón de publicidad al año. En febrero, el anterior proceso fue un auténtico fracaso porque ninguna firma se presentó. Así que la empresa modificó el pliego y lo volvió a licitar, con la singularidad de que la contratación de la publicidad tenía ahora unos límites geográficos: la Comunitat . A cambio del servicio, la cadenaestaba dispuesta a abonar casi 160.000 euros. El pasado viernes, la mesa de contratación abrió las ofertas que se habían presentado y certificó que las dos compañías que habían concurrido son aptas para continuar en el proceso. Blue Media Comunicación y Guadalmedia Publicidad . La segunda es ya una vieja conocida de À Punt, y liderada por el periodista Manuel Campo Vidal.

Este es el segundo intento por parte del ente público para tratar de contar con una empresa externa para engordar los ingresos por publicidad. Un aspecto clave, sobre todo después de la marcha del responsable de Publicidad, josep Moreno, hace un mes.