El Parlamento da el primer paso para controlar a los lobbies

Todos los partidos quieren aumentar el control de los grupos de interés que operan en el entorno del Congreso. Tras años de discusiones y proyectos fallidos, por fin hay un consenso muy amplio en que los lobbies deben salir del lado oscuro, pero, ni mucho menos, hay acuerdo total en hasta dónde debe llegar en ese striptease forzado de las organizaciones que, de un modo u otro, intentan influir en los diputados para que tomen decisiones que les beneficien.

Aun así, el Congreso ha acordado hoy -con el apoyo de todos los partidos y la abstención de Podemos- la toma en consideración de la propuesta del Partido Popular de reformar el reglamento de la Cámara Baja para incluir la creación de un registro de lobbies en el Parlamento en el que, de forma obligatoria y pública, deberán darse de alta todos los colectivos de cualquier naturaleza (sociales, económicos, privados, sindicales) que mantengan o vayan a mantener algún tipo de contacto con los diputados o los miembros de sus equipos. Si alguno de los lobbies falseara los datos, le será cancelada su inscripción y no podrá acceder al Congreso por el tiempo que determine la Mesa, según el texto popular, que contó con los votos a favor de socialistas, Ciudadanos, Foro Asturias, UPN, Compromís, PDeCAT, PNV y ERC y la abstención de Podemos.

La proposición que ha salido adelante para su debate establece que los representantes de esos grupos de presión que entren en el registro del Congreso se comprometeran a no comercializar con los datos que obtengan en sus reuniones, salvo que ya sean públicos; a no presionar para obtener decisiones políticas de forma deshonesta; a no incitar a los diputados a infringir las normas; y a no presumir ante terceros de su relación con los parlamentarios.

En esa base de datos figuraran las reuniones que se mantengan y la documentación que se presente a los grupos. Pero no mucho más. Y ahí radican las críticas de la oposición, que quieren que también conste en el registro el resultado de esas reuniones, los fines declarados que persigue cada lobby o el dinero que se gasta cada grupo en esas gestiones. Y sobre todo, que el control de esas organizaciones vaya mucho más allá de sus tratos con los miembros de la cámara baja.

La diputada popular María Jesús Bonilla ha insistido en que la labor de los lobbies es absolutamente legítima y absolutamente necesaria para la democracia. La portavoz del PP ha recordado que esa comunicación fluida, directa y permanente con los grupos de interés de la sociedad enriquece las leyes, pero que ello no está reñido con que estos contactos sean transparentes para garantizar el cumplimiento de la Ley. Unas premisas que, según los populares, se cumplirían con la reforma que están impulsando, si bien Bonilla ha tendido la mano a la oposición para mejorar este texto, como pretenden el resto de los grupos.

La más crítica con el proyecto ha sido la diputada de Podemos María Gloria Elizo, que ha hablado de un proyecto estéril, de una regulación hueca para que nada cambien y para seguir institucionalizando prácticas opacas. Según la formación morada, el texto del PP obvia absolutamente que fuera del Congreso también se hace lobby.