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Piden abrir una causa al exalcalde de Gandia Arturo Torró por presunta prevaricación

Piden abrir una causa al exalcalde de Gandia Arturo Torró por presunta prevaricación

El juez también solicita abrir un procedimiento penal contra el diputado Guillermo Barber por la realización de ocho operaciones de renovación de créditos

europa press

Miércoles, 6 de abril 2016, 17:57

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El juzgado de Instrucción número 1 de Gandia (Valencia) ha dictado un auto en el que acuerda remitir la denuncia del Ayuntamiento de la ciudad al Decanato para que se reparta al órgano que resulte competente y que abra un procedimiento penal contra el exalcalde de la localidad Arturo Torró (PP) y el edil y diputado Guillermo Barber por la realización entre 2011 y 2014 de ocho operaciones de renovación de créditos que, por superar el nivel de endeudamiento financiero legalmente previsto, exigían la preceptiva y previa autorización de la Generalitat.

Este juzgado investiga la querella por prevaricación que presentó en su día Torró como alcalde de Gandia contra su antecesor, el socialista José Manuel Orengo, y la exedil de Economía Ana García --durante 2009 a 2011-- por haber concertado operaciones financieras sin haber obtenido la previa autorización del Consell al superar el nivel de endeudamiento financiero legalmente previsto.

Tras las elecciones y perder su condición de alcalde, Torró pidió personarse como acción popular en la causa, una petición que fue inicialmente admitida. Sin embargo, en enero de este año, el consistorio, dirigido por la socialista Diana Morant, presentó un escrito comunicando que se habían realizado ocho operaciones crediticias de renovación y ampliación de crédito por el Ayuntamiento en la anterior etapa 'popular' --de 2011 a 2014-- sin la previa autorización del Consell pese a superar ese nivel de endeudamiento.

El juzgado preguntó a Fiscalía y resto de partes si estos hechos, que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, debían investigarse en la misma causa o en separada y si Torró podía ser considerado como acusación popular "por su posible condición de investigado en relación a los mismos hechos delictivos investigados en la presenta causa".

En este caso, el juzgado comparte el criterio del fiscal y considera que los nuevos hechos denunciados deben enjuiciarse en un procedimiento diferente a éste ya que se refieren a personas y periodos distintos y, además, el acumular a esta causa, cuya instrucción se remonta a 2014, esos hechos nuevos, "supondría una complejidad excesiva y una dilación injustificada del procedimiento".

Por ello, se acuerda dejar testimonio del escrito y la documentación adjuntada por el Ayuntamiento el pasado mes de enero y remitir el original al Decanato de los juzgados para que se reparta al competente y que deberá incoar otra causa contra Torró y Barber por un delito de prevaricación.

Asimismo, revoca la admisión de Torró como acción popular ya que comparte el criterio del fiscal en el sentido de que, con posterioridad a ser admitido como tal, se han conocido hechos de los que se desprenden indicios suficientes de criminalidad contra él. Por ello, señala que "parece evidente" que no tiene sentido que siga personado con esa figura en la causa pues "no ostenta un interés de defensa de la sociedad" y en el último escrito que presentó "se vislumbra un interés en justificar u inocencia" frente a una posible imputación, al tiempo que no se puede ser acusador y defensor.

Cinco investigaciones

Tras conocerse esta decisión, el PSPV-PSOE de Gandia ha emitido un comunicado en el que señala que se demuestra que el PP "mentía" cuando aseguraba que "no había firmado ni un solo euro en préstamos durante la última legislatura". Las operaciones de renovación de créditos suman alrededor de 28 millones de euros en créditos.

Los socialistas aseguran que "si se aceptara esta causa, Torró ya sumaría cinco investigaciones y comenzaría la investigación a un nuevo concejal popular y diputado provincial, Guillermo Barber". El PSPV se pregunta finalmente qué hará la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, si finalmente resulta imputado Barber.

Desde el Grupo Socialista de Gandia señalan que "la diferencia entre la querella de José Manuel Orengo y Ana García es que demostraron el silencio administrativo a la hora de pedir los créditos, pero en el caso de Torró y Barber las operaciones de crédito fueron desautorizadas taxativamente por la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana en tiempo y forma".

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