Olivas afirma que la idea de crear Valmor fue suya

El expresidente de la Generalitat Valenciana y Bancaja, José Luis Olivas, ha declarado hoy como testigo en la investigación por las supuestas irregularidades en la organización de la F-1 en Valencia. El dirigente ha reconocido que la idea de crear Valmor surgió tras una conversación con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

La propuesta de crear esta mercantil fue del propio Olivas, según ha declarado, que fue también quien pensó en Aspar y Fernando Roig como socios. También ha señalado que Camps lo único que quería era que Bancaja participara en la organización.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha iniciado esta mañana las comparecencias de testigos para determinar posibles irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia. El expresident de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, es el que ha abierto el turno de comparecencias, que se prolongarán hasta el 22 de febrero.

Le ha seguido el empresario Fernando Roig, socio de Valmor, la empresa privada constituida por él, Aspar y Bancaja, encargada de gestionar la Fórmula 1 en Valencia. Trece personas declararán como testigos, entre ellas ex altos cargos de la Generalitat, asesores y empresarios.

«Bancaja no intervino en la gestión»

El expresidente de Bancaja José Luis Olivas ha declarado hoy que esta entidad bancaria fue únicamente "socio financiero" de Valmor -firma que organizó la Fórmula Uno en Valencia- y que no intervino en su gestión.

En unas breves declaraciones a los periodistas, Olivas ha insistido en su total desvinculación de la gestión de Valmor, firma en la que Bancaja participó junto al empresario Fernando Roig y el expiloto Jorge Martínez "Aspar" y que posteriormente fue adquirida por la Generalitat Valenciana, asumiendo sus pérdidas.

Tras Olivas ha prestado declaración, también como testigo, el empresario castellonense y presidente del Villarreal C.F., Fernando Roig, quien, según fuentes de la causa, ha explicado que la Generalitat conocía la situación patrimonial de Valmor antes de adquirirla, y que las cuentas de esta empresa estuvieron siempre auditadas.

Estas citaciones se enmarcan en la investigación abierta al expresident de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera de Cultura Dolores Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Los primeros testigos en declarar han sido el expresident de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, y el empresario Fernando Roig. El 28 de enero ha sido citado el expiloto Adrián Campos y la jefa de Relaciones Institucionales y Protocolo del Circuito, Natalia Meneu.

El 1 de febrero deberá comparecer el ex secretario autonómico de Hacienda, exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y actual concejal del PP en Valencia, Eusebio Monzó.

El 8 de febrero han sido citado el exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos Nicolás Figueras y el exjefe de gabinete de Camps, Pablo Landecho; el día 15 la ex directora general de Organización en Presidencia Henar Molinero y el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Temáticos Luis Lobón; y el día 22 la exdirectiva de Proyectos Temáticos Belén Reyero.

El origen de esta causa es una querella presentada en diciembre de 2014 por la Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra Camps, Johnson y "Aspar", meses después de que Esquerra Unida y el PSPV-PSOE registraran una denuncia por la compra de Valmor ante la Fiscalía.

La querella apuntaba posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos desde abril de 2006 (las negociaciones previas para que Valencia acogiera un Gran Premio) hasta el 19 de julio de 2011, cuando la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor.

El pasado mes de junio, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia asumió esta investigación tras la pérdida de aforamiento de Camps una vez disuelto el Parlamento valenciano, del que hasta entonces formaba parte como diputado autonómico.

El Gobierno valenciano ha acordado personarse como acusación particular en esta causa, al entender que ha podido haber "un detrimento injustificado a los derechos económicos" de la hacienda pública valenciana, y se puede desprender que "se han producido perjuicios económicos" para la Generalitat.