Alaya amplía la imputación contra el exconsejero Martín Soler
La juez le cita el próximo día 22 por autorizar el pago de una subvención de 450.000 euros a Avantia Ticsa
EUROPA PRESS
Martes, 9 de septiembre 2014, 14:18
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en la Junta de Andalucía ha ampliado la imputación contra el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa del Gobierno autonómico Martín Soler a cuenta de una subvención de 450.000 euros concedida a Avantia Ticsa, de manera que lo ha citado a declarar nuevamente el próximo día 22 de septiembre "para declarar sobre estos extremos".
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En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya señala que, "realizado un repaso de las medidas cautelares sobre los imputados que han declarado, se observa que a Martín Soler no se le imputó expresamente la autorización de pago de la subvención de Avantia Ticsa, concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación".
El exconsejero Antonio Fernández recurre su imputación
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El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha recurrido el auto de imputación dictado por la juez de Sevilla Mercedes Alaya dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades.
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Fuentes del caso han informado de que la defensa del exconsejero del ramo ha recurrido en reforma el auto dictado el pasado mes de julio por la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, todo ello en un escrito en el que cuestiona su imputación en el caso frente a otras personas que no han sido traídas a la causa.
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Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han indicado que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso presentado directamente ante la juez por el abogado del exconsejero de Empleo, de manera que ahora, al tratarse de un recurso de reforma, será la instructora la que tendrá que pronunciarse sobre dicha petición.
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La juez, en dicho auto dictado el pasado 16 de julio, imputó a Antonio Fernández dos presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos tras haber concedido 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi, citándolo a declarar el próximo 16 de octubre.
"A tales efectos", y "para declarar sobre estos extremos", la magistrada instructora cita a declarar al exconsejero el próximo día 22 de septiembre, a partir de las 12,45 horas, según la providencia.
Martín Soler ya tuvo que comparecer ante la juez el pasado día 17 de junio, aunque se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez Alaya le imputara dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones solicitó medida cautelar alguna para el imputado.
La imputación
En relación con Martín Soler, la magistrada Mercedes Alaya considera que el informe definitivo de cumplimiento relativo al ejercicio 2008 y realizado a la agencia IDEA por la Intervención General de la Junta de Andalucía "volvía a poner de manifiesto y concluía que el procedimiento administrativo utilizado" por la Consejería de Empleo, como son las transferencias de financiación de explotación, "no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado".
Según expone la juez, de este informe "sería receptor" el día 4 de noviembre de 2009 el entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, quien ostentó dicho cargo desde el 24 de abril de 2009 hasta el 23 de marzo de 2010, añadiendo que, "a pesar de las conclusiones de este informe, la agencia IDEA adscrita a la Consejería de Innovación seguiría abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo".
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El abogado del exconsejero ya solicitó a la juez la "remoción" de su imputación porque es "por entero inocente" y "durante su periodo como máximo responsable político" en la Consejería "actuó con entero acomodo a la legalidad".
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