Medina no cobró la licencia de obras a la empresa que hizo el nuevo colegio

El final de la legislatura está cada vez más próximo pero la contabilidad del Consistorio sigue dando quebraderos de cabeza al equipo de gobierno del Partido Popular.

Ayer la alcaldesa, Charo Bañuls, compareció para afirmar que piensa llevar al juzgado otra presunta irregularidad contable hallada después de tres años y medio al frente del gobierno municipal. La dirigente popular acusó a su antecesor, Raúl Valerio Medina, de «haber condonado» el pago de la licencia de obras a la empresa que levantó el nuevo colegio San José de Calasanz, lo que calificó directamente de «trato de favor» del exalcalde con la UTE que construyó para Ciegsa el demandado centro escolar en el sector D-6.

Bañuls fue explícita y dijo que en toda la anterior legislatura no se hizo efectivo un aval depositado por la constructora por esa cuantía para el pago del Impuesto de Construcciones y Obras (Icyo) y culpó directamente a Medina de no haber realizado bien las gestiones puesto que también era edil de Urbanismo y Hacienda. La alcaldesa esgrimió que han tenido conocimiento de los hechos una vez que el pasado noviembre la Unión Temporal de Empresas reclamó la devolución del mismo por haber prescrito, lo que tiene que efectuar según un informe de la interventora. La sorpresa fue, tal y como detalló, que este depósito para hacer frente a la licencia de no consta en la contabilidad municipal como deuda pendiente de cobro de ejercicios anteriores ni en el registro de avales del Ayuntamiento «pese a que hemos mirado en toda la documentación del archivo, hasta en las carpetas con telarañas».

La mandataria municipal dijo que los hechos se remontan al 2009 cuando se puso en manos de Suma el cobro de la tasa y que la empresa alegó, al entender que se quería hacer por vía de apremio, lo que suponía un encarecimiento por intereses, recurrió al juzgado de Lo Contencioso, pero depositó la cuantía en garantía, con registro de entrada «pero el Ayuntamiento recuperó la gestión en vez de haber seguido Suma el proceso, lo que conllevó que esta además se quedase cuatro mil euros por su gestión».

Una de las cuestiones que reseñó es que con posterioridad a esa licencia el Ayuntamiento concedió otra de ampliación con un montante de setenta mil euros, que también recurrió la UTE al entender que era Ciegsa la que debía abonarlo, pero perdió en los tribunales y si que tuvo que pagarlo en julio del 2011. Bañuls se preguntó por qué si en el caso de la ampliación se cobró, en el primero de hace cuatro años ya prescritos no, y definió de «chanchullo» la cuestión. Asimismo dijo que este caso se sumará a otros que investigan los juzgados de parte de exención de impuestos a vecinos como el IBI o el de vehículos.

«Le ha prescrito a ella»

Por su parte el exalcalde acusó de «tegiversar» los hechos y dijo que en todo caso lo que hace la primer edil «es echar balones fuera porque a quien le ha prescrito es a ella». Medina recuerda que el segundo contencioso lo ganó el Consistorio y debió ser el equipo de gobierno actual más diligente en la reclamación de la anterior licencia «porque nosotros al detectar el fallo de pedirlo por vía de apremio se le reclamó por la voluntaria en el 2009, así que desde que llegó al gobierno ha tenido tiempo». Respecto a la documentación que no consta en el archivo municipal aseguró no saber dónde está.