Estamos en lista de espera

Así lo manifestó la propia Consellera de Justicia la semana pasada en la entrevista dada a la radiotelevisión pública valenciana, con total claridad y transparencia, cuando, punto por punto, detalló las necesidades que en estos momentos requiere la administración de justicia para hacer frente a las consecuencias de la dana.

Y es que el objetivo de la Sra. Martínez, como no podría ser de otra forma, es evitar entrar en colapso judicial, tanto por los daños sufridos en las propias sedes afectadas por la catástrofe, como por la sobrecarga de asuntos derivados de la misma.

Hasta dos cartas se han remitido, desde la Conselleria que dirige Nuria Martínez, poniendo en alerta de la situación al Sr. Bolaños; y, no por si no basta con ello, las llamadas para requerir ser atendidos se suceden semanalmente, obteniendo la misma respuesta: «Están en la lista de llamadas pendientes».

Como la aludida lista no es pública, por aquello de aplicar la transparencia, tan reclamada y tan poco ejecutada según el lado del tablero del momento, ante el desconocimiento de la posición ocupada, solamente resta esperar, eso sí, 'sine die', hasta que tengamos el gran privilegio de ser atendidos por el Sr. Ministro.

Mientras esperamos a que eso llegue no nos sorprenda si las contiendas judiciales se demoran, más de lo que ya estábamos sufriendo, porque sin recursos, especialmente los humanos, de los que son competencia del Ministerio de Justicia, refiriéndonos a jueces y letrados de la administración de justicia (antes conocidos como secretarios judiciales) no podrá atenderse con la celeridad que la administración de justicia merece precisamente para ser eso para lo que fue creada, administrar justicia.

De hecho, con esto del reparto de vacantes judiciales ya vamos a la cola comparados con otras autonomías; la Consellera, para referirse a esta situación fue muy políticamente correcta y lo tildó de agravio comparativo.

Tal vez, la palabra que buscaba Martínez era «indigno», porque, a pesar del trato recibido, ninguna duda cabe que la Comunitat Valenciana es merecedora de los medios y los recursos necesarios para hacer frente a las lamentables consecuencias que nos ha traído la dana, incluida la administración de justicia, que, en muchos casos, dará respuesta a las reclamaciones de los afectados frente a aseguradoras o al propio Consorcio de Compensación de Seguros.