Las víctimas antes que la lengua

El abogado que durante la comparecencia ante la jueza de la dana del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, reclamó su derecho a interrogar en ... valenciano -que es la lengua en la que habitualmente se expresa-, seguramente podría alegar en su defensa lo que muchas veces hemos esgrimido en esta columna, es decir, la cooficialidad de los dos idiomas en la Comunitat, castellano y valenciano. ¿Por qué no voy a poder emplear mi lengua en un juzgado, que es un espacio público?, tal vez preguntó el letrado. Otro de los abogados presente en la sala, así como el fiscal, son naturales de Granada, por lo que el uso de la lengua autóctona resultaba improcedente en un asunto de tanta gravedad, en el que cualquier matiz es importante y no basta quedarse con el sentido de las palabras sino que hay que ajustar al milímetros cada pregunta y su correspondiente respuesta. Finalmente se impuso la lógica y aunque la jueza reconoció su derecho a hablar en valenciano, la sesión acabó desarrollándose en castellano. En realidad, si se impusiera el trellat, el sentido común, no habría espacio para el conflicto lingüístico. La promoción de las lenguas regionales -en la escuela, en la administración pública, en los medios de comunicación y en la cultura- no debe hacerse a costa de los derechos de los castellanohablantes. Que al fin y al cabo es el idioma común de todos los españoles, la lengua en la que nos entendemos sin necesidad de pinganillos. Es incluso la que utilizan el prófugo Puigdemont y bilduetarra Otegi cuando se reúnen en el exilio dorado del ex presidente catalán. Si no todos los comparecientes en el juzgado eran valencianos, la educación, el respeto al otro, impone recurrir a lo que todos entienden. Pero es que, además, y por si este argumento no fuera suficiente, hay en este caso concreto otro que tiene aún más peso. Un peso emocional. Cuando de lo que se está hablando es de la tragedia de la dana, la mayor catástrofe natural del siglo XXI en España, cuando sobre la mesa hay 228 víctimas y miles de afectados, el que un abogado pueda o no preguntar en valenciano carece de interés. Porque lo que de verdad importa es esclarecer lo que ocurrió aquel terrible 29 de octubre. La memoria y el respeto a las víctimas exige aparcar lo accesorio y centrarse en lo fundamental. Salvo que uno, o algunos, no estén en la causa más que para alborotar y sacar provecho político del lío. En ese caso se entiende que se pare una declaración con la excusa de que sus «derechos lingüísticos» se están viendo menoscabados. Ahora ve y explícaselo a las familias de los 228.