Normalizar el tremendismo

Falta de respeto también es apelar a elevados principios que sirven de justificación, pongamos, para bloquear la renovación de las instituciones estatutarias de la Comunitat (Consell Jurídic, Sindicatura de Comptes), y sin embargo no tener ningún problema en negociar en secreto asuntos como la creación de un finiquito para los diputados o la rebaja de los criterios para controlar los gastos de los partidos políticos. Negociar y aprobar conjuntamente. Polarización, sí, pero según para qué. Para compensaciones económicas a los diputados y controles financieros, consenso al canto. Y eso vale para la izquierda cuando se atrinchera frente a Vox o ante el PP por tener como socios a los voxistas, como para la derecha cuando dicen que con los nacionalistas no van ni a la esquina, pero sí van, sí. Cuando hace falta, van, vuelven y luego no lo cuentan.

Eso pasa en Les Corts. Hay allí una comisión secreta. La única. Se denomina oficialmente Comisión de Gobierno Interior. También podría llamarse de Comercio Interior, porque se negocia con el modo de utilizar el dinero público entre todos los partidos. Todos, sin excepción. Nadie se pone estupendo en esa comisión tan comercial. Y todos guardan el secreto. No son tan escrupulosos con la reserva en otras ocasiones, e incluso estando Vox allí presente y presidiendo, un anatema para PSPV y Compromís, se negocia, se participa, se calla y se otorga. Es curioso observar la voluntad de diálogo, cómo surge para según qué cosas.

Moderación. La vicepresidenta María José Montero acusó la semana pasada al PP de recurrir a «la desinformación, el bulo, el barro y el fango» para «hacer oposición sin propuestas. Si el PP quiere recuperar la credibilidad, que empiece por limpiar su propia casa». A esos mismos les pide que sean luego propositivos a la hora de negociar la financiación. Con acusaciones de ese calibre sobre la mesa, es imposible avanzar. A no ser que sea todo una triste, burda y tóxica farsa. Y lo mismo ocurre cuando, desde el PP, se acusa a los socialistas, ni más ni menos que de poner «al Estado al servicio de la corrupción». Es un ejercicio de tremendismo, y también de extremismo, utilizar esos argumentos y luego apelar a la institucionalidad. La gente no lo entiende y desconfía de la posterior y aparente moderación.