Réquiem anunciado de la política social
Los ajetreos de la actualidad política dificultan afrontar la realidad social con luces largas y está llegando el momento de poner el foco en la ... política social. Si las investigaciones del informe FOESSA 2025 muestran que durante los últimos años no se han reducido las desigualdades sino que han aumentado, el reciente estudio sobre la pobreza infantil del servicio de estudios de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) señala que el incremento de esta pobreza «no es únicamente una anomalía social sino un fallo moral y político» (p. 102). Ambos estudios nos advierten que los problemas de exclusión y pobreza ya no son coyunturales, están siendo estructurales, lo que exige repensar en profundidad el conjunto de la política social y no sólo las paguitas, rentas o prestaciones de los servicios sociales.
Como les insisto a mis alumnos cada vez que conversamos sobre la importancia de pensar bien las relaciones entre el modelo de estado y el modelo de sociedad, nuestro modelo tiene un nombre muy claro: «estado social y democrático de derecho». Nuestra constitución del 78 diseñó un estado social neokantiano, pero los políticos y administrativos que la aplicaron promovieron un «estado de bienestar» epicúreo, utilitarista y hedonista. Si a esta disonancia o neurosis estructural le añadimos el cortoplacismo electoral de los partidos, la voracidad de unas administraciones que absorben los recursos para ellas mismas y el laberinto gerencial que nos devuelve a la condición de súbditos engolosinados, tenemos la fórmula perfecta para un «estado electorero».
Antes de que algunos propongan la motosierra como antídoto a estos fracasos consecutivos, convendría interpretar bien estos informes, que no entran en el «más o menos» estado sino en el «mejor» servicio a la sociedad. Estos analistas exigen inversiones sociales sostenidas y preventivas. Muestran que hay correlación entre pobreza infantil, falta de vivienda, bajo nivel educativo de padres y hogar monoparental. Piden estabilidad residencial asequible y señalan una penalización por la edad, de manera que se constata un fallo institucional en el sistema de bienestar, que protege mejor a la población activa o retirada que a los menores. Mientras otros países tienen sistemas robustos (p. 99), el nuestro es ineficiente porque consolida la rigidez en los mecanismos de movilidad ascendente y la existencia de barreras que no se neutralizan solo con la acumulación de capital humano. La persistencia de la pobreza infantil «responde a factores estructurales como el modelo de inserción laboral de las familias, la escasa protección a la maternidad y el bajo gasto público en la infancia».
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