Un tribunal anula la multa de 454 millones de dólares a Trump y su familia por fraude

La decisión no solo es la última victoria judicial del inquilino de la Casa Blanca, cuya victoria electoral en 2024 le ha permitido eludir el peso de la Justicia, sino que allana el camino para la campaña de venganza que lleva a cabo contra la fiscal neoyorquina que lo persiguió civil y judicialmente. Trump nunca tuvo que abonar la pena, al haber conseguido el respaldo financiero para una fianza que dejaba en suspense el pago, pendiente de la apelación.

Por lo mismo, tampoco sus hijos fueron excluidos durante dos años de gestionar la empresa familiar, como pedía la sentencia, ni la compañía fue vetada a la hora de obtener nuevos préstamos. Pero desde que el empresario inmobiliario regresó al Despacho Oval, su Gobierno ha abierto varias investigaciones contra James. El líder republicano la califica de «corrupta» e «incompetente», como volvió a decir este jueves en una publicación de su red, Truth Social. «Solo presentó este caso para hacerme daño políticamente. ¡Es una lunática trastornada y obsesionada con Trump!», añadió.

Lejos de ser la «victoria total» que clamaba este jueves el presidente estadounidense, y demostrar que el caso fue «una caza de brujas» contra alguien que hizo «todo correctamente, incluso perfecto», escribió, la resolución mantiene su culpabilidad, aunque considera que la pena financiera impuesta fue «excesiva». Las tres opiniones emitidas por un tribunal de cinco magistrados reflejan la falta de consenso entre ellos. Ninguna consiguió una mayoría clara, lo que evidencia la dificultad de encajar un caso de estas dimensiones dentro de los márgenes de la ley estatal y la complejidad política del condenado.

«Aunque hubo daño, no fue el cataclismo que justificara semejante desembolso al Estado», planteó el magistrado Peter Moulton, a cuya conclusión se sumó la jueza en jefe del Tribunal de Apelaciones, Diane Renwick, permitiendo así una opinión mayoritaria ante el conjunto fragmentado.

En la negociación interna, otros dos jueces, John Higgitt y Llinet Rosado, aceptaron mantener en pie la declaración de fraude para permitir que llegue al Tribunal Supremo del Estado de Nueva York y dar así al presidente la oportunidad de un nuevo juicio por lo que calificaron como «una situación extraordinaria que exige una solución extraordinaria». El quinto magistrado, David Friedman, se desmarcó aún más al considerar que la fiscal nunca tuvo legitimidad para interponer la demanda y que todo el proceso debía haberse anulado.

La fiscal de Nueva York decidió investigar a Trump Organization cuando en 2019 escuchó al abogado personal del magnate, Michael Cohen, testificar ante el Congreso que su jefe inflaba el valor de sus propiedades para obtener ventajas financieras y lo reducía para pagar menos en las pólizas de seguros. Aquello derivó en 2022 en la imputación del entonces expresidente, sus dos hijos mayores y varios ejecutivos de la compañía, que tuvieron que declarar durante el juicio.

El dictamen de la División de Apelaciones del Estado supone un respiro financiero y político para Trump, que convirtió estos procesos contra él en un elemento central de su narrativa electoral, donde se presentaba como víctima de una persecución política. Con todo, el fallo preserva la mancha en su currículum de haber sido declarado responsable de fraude, algo embarazoso para un presidente en ejercicio, y le abre la puerta a una nueva batalla en la Corte Suprema estatal.