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Un hombre sostiene una bandera de Nicaragua. Jeffrey Arguedas (Efe)
La incógnita empresarial

La incógnita empresarial

La patronal confía en la presión internacional para forzar un adelanto de las elecciones que traiga un gobierno legítimo

Mercedes Gallego

Enviada especial a Managua

Viernes, 20 de julio 2018

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Hace tres meses Nicaragua se vendía en EE UU como 'La nueva Costa Rica', el destino de los retiros de yoga y el turismo que buscaban parajes naturales a precios más económicos. El país más seguro de Centroamérica ofrecía también los precios asequibles de ser el más pobre del continente, después de Haití. Fue la complacencia del empresariado con el gobierno de Daniel Ortega el que le permitió ofrecer al pueblo una cierta bonanza económica con la que distraer mientras acaparaba el poder para perpetuarse.

Esa complicidad del empresariado y la Iglesia se acabó de golpe con la brutal represión del 19 de abril, cuando francotiradores que disparaban al corazón y a la cabeza asesinaron a los estudiantes que se manifestaban. Con cada muerte aumentaba la indignación y también la brutalidad del Estado. Acosados a gritos en los supermercados, los empresarios hicieron acto de contrición y se sumaron a distintos sectores de la sociedad civil en la Alianza Cívica para el Diálogo Nacional con el gobierno. Tenían la fuerza del momento. Parecía entonces que el cambio de régimen era inminente, que se habían acabado los 40 años de orteguismo en los que el comandante incluso gobernó «desde abajo», dijo él mismo, durante los periodos de Violeta Chamorro y Arnoldo Alemán. El viernes Ortega, ufano, advirtió a «los que pensaban que ya estaba derrotado» que él seguirá mandando en Nicaragua. ¿Qué hará ahora la comunidad empresarial?

«Nada ha cambiado por nuestra parte, vamos a sumarnos como Alianza a las acciones que se están dando en las calles», aseguró a este diario José Adán Aguerri, presidente del consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la patronal nicaragüense. «Seguimos comprometidos con la búsqueda de la justicia y la democratización». Hoy estará también en el plantón que pretendía ser una marcha, pero ha tenido que reducir las expectativas porque «de un día para otro no hay tiempo de activar a tanta gente», admitió.

A pesar de ese compromiso inicial, el empresariado cree que su papel es «generar crecimiento y empleo», una declaración de intenciones que deja espacio para unirse de nuevo al gobierno de Ortega, decidido a «restablecer el orden y el crecimiento» del país.

Como tantos nicaragüenses, la patronal confía en la presión internacional para forzar un adelanto de las elecciones que traiga un gobierno legítimo, porque «sin acuerdo político no habrá salida económica». Como ejemplo de las presiones que pueden ayudar a sofocar al régimen destacaba ayer la decisión de Holanda de suspender la construcción del hospital de Bilwi en el Caribe nicaragüense hasta que se acabe la violencia y las detenciones arbitrarias que aterrorizan al país.

El presidente de la Cosep confía aún en el Diálogo Nacional, que no da por liquidado como pensaron muchos tras oír el agresivo discurso de Ortega el viernes. En su opinión, el ataque iba contra los obispos. Y aunque promete sumarse al «esfuerzo conjunto» de la Alianza Cívica, no parece partidario del paro indefinido que buscan los estudiantes, ni de la insurrección fiscal de no pagar impuestos, porque «eso no va a hacer que el presidente renuncie», aclara. «Al contrario, produciría el efecto contrario, porque la gente perdería el empleo. Son ya 150.000 empleados del sector turístico los que se han quedado sin trabajo, en un país de apenas seis millones de habitantes. En el mes de abril, cuando las represión acababa de empezar, la actividad económica se redujo un 26% y para junio se habían retirado de los bancos 563.4 millones de dólares. El tren de La Nueva Costa Rica «se ha perdido», admitió compungido.

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