«No se puede vivir sin saber si te vas a quedar en la calle con tres niñas»

En la mayoría de los casos los plazos de la administración no van a la par con la premura que necesitan los afectados y el tiempo les apremia. Están a la espera de un piso de alquiler social que les asegure un techo desde hace dos años, casi los mismos desde que entraron a vivir en su actual hogar en Tavernes Blanques. Pero el cambio de normativa en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) hizo que tuvieran que renovar la solicitud hace seis meses.

Desde entonces no tienen noticias, no saben cuando tendrán acceso y eso complica el día a día de la familia y provoca una sensación de intranquilidad difícil de soportar, más si cabe cuando la entidad bancaria propietaria del inmueble ha intentado en varias ocasiones instalar un puerta antiokupas para echarlos.

«Así no se puede vivir, sin saber si un día te vas a quedar en la calle sin un techo y con tres niñas», comenta compungido Óscar, que ya ha sufrido varios ataques de ansiedad por la impotencia y el desasosiego por el que está pasando.

La pareja se considera engañada. Alquilaron el piso a una tercera persona y le pagaban un alquiler mensual de 250 euros. Hicieron reformas y arreglaron los desperfectos para convertirlo en su hogar pero a los pocos meses les llegó una carta del banco en la que les comunicaban que la casa era de su propiedad y debían abandonarla.

«Fuimos la registro para saber quien era el propietario y pusimos una denuncia porque nos habían engañado e intentamos negociar con el banco para conseguir un alquiler asequible y poder seguir viviendo aquí, pero no hubo forma», explica Óscar, de hecho, tras las conversaciones, «retiramos la denuncia esperando conseguirlo» y puntualiza que «nunca nos hemos negado a pagar».

Desde entonces, empezó un tira y afloja con la entidad bancaria. «Teníamos miedo a salir de casa por si nos instalaban una puerta antiokupas con todas nuestras pertenencias dentro», asegura el progenitor que comenta que, una vez, «me encontré con la empresa instaladora en el portal y tuvieron que quitarla porque no es legal».

La familia cuenta con un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales de Tavernes y que se remitió al juzgado de primera instancia número 3 de Moncada para paralizar el desahucio.

En el documento se confirma que se trata de una familia de cinco miembros y que sus ingresos dependen de la pensión por incapacidad del progenitor y el trabajo discontinuo de Carla como monitora de comedor, con unas pocas horas. Además se indica que se les atiende desde el programa de ayudas de emergencia social y de alimentación.

«El dinero que entra en casa no nos da para mucho entre pagar el agua, la luz, el internet que necesitan las niñas para el programa del colegio, los pañales...», explica Carla que es quien organiza la casa. «Para hacer la compra voy a un economato que me cuesta menos porque si no, no llegamos», advierte.

El problema, que es común en este tipo de situaciones, es que para acceder al alquiler de un piso en el mercado inmobiliario se necesita una nómina y un seguro, y el arrendamiento en esta zona está sobre los 500-600 euros, una cantidad difícil de asumir por la pareja que «intenta salir adelante como puede».

No piden más que el derecho a una vivienda que, aunque ya lo tienen reconocido, tarda más de lo esperado en llegar. «Solo queremos saber qué va a pasar con nosotros el día en que nos desahucien por tener la seguridad de que no nos quedaremos en la calle», insiste el progenitor y lo que más les desespera es saber que en una de las fincas del EVHA en la localidad, «hay dos pisos vacíos» que todavía no se han adjudicado. Y es que la intención es poder quedarse en su pueblo, donde las niñas están escolarizadas y donde Carla tiene su trabajo.