La UNED reanudará su actividad académica en Sagunto

El Aula de Sagunto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) reanudará la actividad académica programada a partir del lunes 1 de abril de 2019, una vez «superadas satisfactoriamente» las negociaciones con el Ayuntamiento de la localidad sobre la deuda contraída por los servicios prestados en 2017.

Así, el Centro Asociado Alzira-Valencia 'Francisco Tomás y Valiente' de la UNED ha anunciado que, a través de su Aula en Sagunt, comunica «a todos los estudiantes, profesores tutores, ciudadanos y sociedad saguntina que, una vez superadas satisfactoriamente las negociaciones con el Ayuntamiento de Sagunt, reanuda la actividad académica programada a partir del lunes 1 de abril de 2019».

La institución académica ha agradecido «de manera muy efusiva la comprensión y apoyos recibidos durante estos meses por parte la sociedad civil y de cuantos han intervenido en y para su continuidad y permanencia en la ciudad».

«FIDELIDAD»

Del mismo modo, ha hecho una «especial mención a la fidelidad» de sus 246 estudiantes matriculados en el presente curso 2018-2019 y de los profesoras y profesores tutores«.

La UNED en Sagunt, a través de sus dependencias administrativas --ubicadas en el IES Camp de Morvedre, Avda. Fausto Caruana, Port de Sagunt-- «seguirá prestando, como lo ha venido haciendo ininterrumpidamente durante todos estos meses, los servicios de información y coordinación que el estudiante y el ciudadano puedan necesitar», concluyen.

El pasado viernes, 15 de marzo, el Ayuntamiento de Sagunt celebró un pleno extraordinario en el que aceptó la deuda y el pago de los 50.000 euros que reclamaba el Consorcio Universitario del centro Alzira-Valencia Francisco Tomás y Valiente de la UNED por la prestación de servicios durante el 2017, tras reconocer extrajudicialmente el crédito por dicho importe.

El acuerdo, según informaron fuentes municipales, fue aprobado con los votos de Compromís, EU, el grupo de no adscritos, ADN Morvedre, Iniciativa Porteña y PSOE, y contó con la abstención del PP y Ciudadanos.

El centro educativo reclamaba la deuda de 50.000 euros por los servicios prestados durante el año 2017, fecha en la que no había entrado en vigor el nuevo convenio, «adaptado a las nuevas exigencias establecidas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), y por eso no se podía justificar el pago por parte del consistorio», según la corporación municipal.