Las 38 familias pendientes de desahucio en La Pobla de Vallbona protestan frente a la sucursal bancaria

Siete días antes de la fecha fijada para el desalojo de 38 familias en el barrio de la Ermita de la Pobla de Vallbona, los afectados se han concentrado esta mañana a las puertas de la sucursal bancaria que embargó el bloque de viviendas, en Valencia, con el respaldo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

No obstante sus protestas no han llegado a buen puerto. "Nos han dicho que no hay personas capacitadas para atendernos en la oficina", comenta la portavoz, Ana María Amador. "Dicen que ellos no son, que ha pasado a un fondo buitre y que no pueden paralizar el desahucio. Se tapan unos a otros", explica la mujer.

Y mientras "seguimos igual, no se puede abandonar a un perro en la calle porque te denuncian pero, en cambio, si que se puede dejar a 38 familias en la calle y no pasa nada", comenta Ana María indignada. Además, afirma que el fondo buitre "lleva tres días llamándonos por teléfono y ofreciendo 4.000 euros para que nos vayamos".

De momento, ninguna de las familias ha abandonado su vivienda y según avanza la portavoz, "no lo vamos a hacer porque no tenemos donde ir" y comenta que la situación se vive con "nervios, ansiedad, rabia y mucho coraje".

Desde la sucursal bancaria han señalado a este periódico que las viviendas "se vendieron a un fondo de inversión hace dos años" y que "no tienen nada que ver con él".

Los afectados por el desahucio también han sido recibidos por el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Miembros de la PAH le han presentado una propuesta, que el primer edil se ha comprometido a estudiar, "para pedir por salud pública y responsabilidad política, que se acabe con los desahucios en plena pandemia".

Por otra parte, también han visitado esta mañana la sede del PSPV, donde les esperaban el secretario de Organización, José Muñoz, la portavoz socialista de Vivienda en Les Corts Valencianes, Sabina Escrig, el diputado socialista por València en el Congreso, Vicent Sarriá, el director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), Alberto Aznar y la secretaria de Infraestructuras y Vivienda del PSPV-PSOE, Marta Trenzano.

Los mandatarios se han reunido con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para escuchar sus reivindicaciones y reafirmar el compromiso de los socialistas con “el derecho a la vivienda como derecho fundamental”. Así lo ha afirmado el secretario de Organización socialista, José Muñoz, que ha enmarcado la reunión en “la absoluta normalidad y colaboración que hemos mantenido con la plataforma desde el primer momento”.

“Para el Partido Socialista, el derecho a la vivienda es uno de los derechos fundamentales para las personas, para las familias y para que estas puedan desarrollar su proyecto de vida”, ha asegurado Muñoz, que ha destacado que “los gobiernos presididos por socialistas, tanto el Gobierno de España como el de la Generalitat, siempre han llevado a cabo políticas de vivienda expansivas para proteger a las familias que están en situación de vulnerabilidad”.

En este sentido, ha recordado que se han adoptado medidas como “la paralización de los desahucios provocados por la situación derivada de la pandemia o el plan estatal de 20.000 viviendas de alquiler social, de protección oficial, para las personas en riesgo de exclusión social”.

Así, el dirigente socialista ha subrayado que “desde la Generalitat se está colaborando activamente para evitar que personas vulnerables sean desahuciadas de sus casas”, y ha añadido que “tanto el gobierno valenciano como el Gobierno de España han incrementado las partidas presupuestarias destinadas a vivienda para aumentar la vivienda pública y para que nadie se quede sin desarrollar su proyecto de vida, especialmente en esta situación de pandemia”.

“A partir de aquí, vamos a seguir trabajando dentro de un marco de colaboración del partido con las plataformas antidesahucios para que ninguna persona que esté en situación de vulnerabilidad se quede sin casa”, ha asegurado Muñoz. “La salida de esta crisis debe darse a través de una respuesta justa y social que permita a las personas desarrollar un proyecto de vida digno”, ha concluido.