Adiós a los okupas de lujo en Calicanto

Los residentes en Calicanto, en la zona que se corresponde con el término municipal de Chiva, respiran más tranquilos desde que hace cerca de un mes, los okupas asentados en cinco viviendas de lujo recogieron sus tratos y se esfumaron. La presión vecinal ha sido clave para que decidieran marcharse pero el golpe de gracia fue le corte del suministro eléctrico. «Se fueron por la noche, iban cargando las furgonetas y saliendo», comentan los vecinos.

A pesar de que el «temor» por salir de casa ha desaparecido con ellos tras más de un año de angustia, los residentes siguen en alerta en la urbanización. «Hemos visto coches merodeando por aquí no sabemos si son ellos que vienen a por más cosas o a desvalijar las casas o si se trata de otros que buscan ocupar», explican.

Por ello, los representantes vecinales han solicitado al Ayuntamiento de Chiva que proceda al cierre definitivo del suministro del agua de los cinco chalés que fueron ocupados ilegalmente y de otros cinco más que están vacíos y no se conoce al propietario que, probablemente, según los vecinos, sea una entidad bancaria. Detrás de esta petición se esconde la intención de evitar que nuevos inquilinos indeseados usurpen las casas con la llegada del buen tiempo, ya que sin agua y sin luz se hace más complicada la vida diaria.

La prueba está en que los okupas «se marcharon uno o dos días después de que se les cortara el suministro eléctrico, fue casi inmediato», señalan los representantes vecinales, «después parece que subarrendaron una de las viviendas a una pareja pero con el frío que ha hecho a principios de este mes y sin luz, acabaron marchándose».

El movimiento ciudadano para echar a los okupas se puso en marcha el pasado verano con especial intensidad, después de reclamar insistentemente al Ayuntamiento más seguridad y que actuara contra esta usurpación de la propiedad que afectaba a cinco viviendas concentradas en una sola calle.

Los vecinos denunciaron los problemas que estaban causando en la urbanización. Según señalaron en su momento, «se pasean por la calle con actitud desafiante y perros peligrosos, hacen fogatas dentro de las parcelas de las que sale un humo muy negro e intuimos que están desarrollando alguna actividad delictiva». Lo que más recriminaban es que «no se trata de una ocupación por necesidad» ya que las viviendas cuentan con terreno exterior, alguno con piscina, y los inquilinos instalaron wifi e incluso también alarmas.

El miedo del residencial era que la presencia de cinco familias okupas «podría generar un efecto llamada» como ya pasó tras la llegada de los primeros inquilinos ilegales y se acentuó con el buen tiempo.

En la última reunión de los representantes vecinales con las autoridades locales en el mes de octubre, el alcalde, Emilio Morales comunicó que se había actuado en consecuencia para atajar el problema. Por una parte, según el primer edil, se había ordenado a la empresa de suministro de agua que comprobara si había enganches ilegales y en el caso de que hubieran que procedieran al corte del servicio como efecto disuasorio y que se hizo lo mismo con la empresa de electricidad, aunque no fuera competencia municipal.

Por otra, Morales explicó que se había informado a la propiedad de la situación en la que se encontraban los inmuebles y se había requerido a la entidad bancaria para que vallara y tapiara los accesos para evitar nuevas ocupaciones. Además, se puso el tema en manos del decanato de los juzgados de Cheste.

A pesar de todos estos esfuerzos realizados por la administración local, lo que más ha surtido efecto ha sido el dejarlos sin luz. Por ello, los vecinos han pedido una nueva reunión con los responsables municipales para que apremien a la compañía del agua y se precinten las arquetas con el fin de que no se pueda acceder al suministro, que solo se ha hecho en dos de las 10 viviendas.