El programa electoral de Podemos completo; las 264 propuestas, una a una

El programa electoral de Podemos completo; las 264 propuestas, una a una

Consulta las líneas básicas del programa electoral de Podemos para las elecciones generales del 28-A: el partido apuesta por la creación de una renta mínima universal, la legalización del cannabis y de la eutanasia o la posibilidad de que un presidente del Gobierno sea sometido a un referéndum revocatorio a mitad de mandato

LAS PROVINCIAS

El programa electoral oficial de Unidas Podemos para las elecciones generales de 2019 contempla 264 medidas y propuestas: entre ellas, se apuesta por la creación de una renta mínima universal, que se fija en los 600 euros, la legalización del cannabis y de la eutanasia o la posibilidad de que un presidente del Gobierno sea sometido a un referéndum revocatorio a mitad de mandato.

Consulta el programa electoral de Podemos para las elecciones generales de 2019 . Puedes ver, imprimir, descargar, ampliar y compartir el PDF con el programa electoral.

PROGRAMA ELECTORAL DE PODEMOS 2019: HORIZONTE VERDE Y NUEVO MODELO INDUSTRIAL

1. Reducir la producción energética primaria basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100 % de la producción de fuentes renovables en 2040. Se garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y que tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas. La transición energética que planteamos será justa o no será.

2. Crear una empresa pública de energía. (Véase el apartado

«Horizonte Digital y Nueva Economía»).

3. Establecer una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables. Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el «hachazo a las renovables».

4. Objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024. Se garantizará que se hayan creado previamente dos empleos por cada uno que se pierda, como ya se ha mencionado. Teniendo en cuenta la inacción de los anteriores Gobiernos, estamos hablando de objetivos ambiciosos, pero a los que no debemos renunciar si hacemos una apuesta fuerte por la instalación de potencia en renovables.

5. Recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Esto permite complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial de nuestro país. La empresa pública de energía asumirá la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando.

6. Prohibir la mercantilización del agua. La compraventa de derechos concesionales es la manera moderna de convertir un derecho humano como el agua en un producto financiero. Por eso impediremos por ley el tráfico con este bien común, vinculado a las grandes obras del agua que solo benefician a las grandes constructoras y a los fondos de inversión.

7. Recuperar para lo público y con la máxima transparencia toda la gestión del agua en una legislatura. Esto incluiría la reversión y paralización de las privatizaciones del suministro, el riego, el saneamiento y la depuración de aguas y haría inviables escándalos como los del caso Lezo o Acuamed.

8. Abandonar la política de grandes embalses y avanzar hacia una gestión inteligente, eficiente y ecológica del agua. El viejo modelo franquista de pantanos y obras faraónicas que han hundido y obligado a abandonar tantos pueblos se sustituirá de forma definitiva por una nueva cultura del agua, con un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su demanda, que resulta la única estrategia eficaz para mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes, como sequías y crecidas, al tiempo que sirve para construir un sector agropecuario puntero.

9. Rehabilitar al menos 500 000 viviendas al año para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz. Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Se dará prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas, conforme a las garantías de justicia social y territorial. A consecuencia de estas intervenciones, las familias podrán llegar a reducir en un 50 % su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales. Al mismo tiempo, se crearán miles de empleos en un sector tan castigado como es el de la construcción. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de una línea de subvenciones para la adopción de tecnologías más eficientes.

10. Aumento de hasta el 25 % de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles en los turismos vendidos en España en 2025 y hasta el 70 % en 2030, para aproximarnos al objetivo del 100 % en 2040. Esta transición se llevará a cabo colaborando desde el Estado con los fabricantes para que puedan adaptar sus cadenas de montaje en España a la producción de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles y sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias. La industria automotriz española es estratégica y, si no apoyamos y activamos su reconversión adelantándonos a otros países, corremos el riesgo de afrontar cierres a medio plazo.

11. Establecer una línea de inversión público-privada de alto impacto para desarrollar nuevas tecnologías de baterías en España. Esto permitirá, por un lado, aprovechar mejor las renovables y compensar valles puntuales en la generación mediante un mejor almacenamiento de la energía y, por otro lado, mejorar la autonomía de los coches eléctricos y crear una importante industria auxiliar en nuestro país que dé apoyo a su fabricación.

12. Establecer líneas de inversión prioritarias en otros elementos que apoyarán la implantación del coche eléctrico o de coches que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. Motores, tecnología del hidrógeno, redes inteligentes, innovaciones sociales para favorecer servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se alcanzará el 100 % de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en este plan.

16. Promover una movilidad urbana inteligente, de calidad y socialmente justa. En coordinación con las diferentes Administraciones competentes, se llevarán a cabo los estudios, las actuaciones y las inversiones necesarias para maximizar la utilización del transporte público o bajo en emisiones. Se potenciará el uso de vehículos eléctricos, bicicletas o soluciones públicas de transporte colectivo. Se mejorarán la frecuencia y las rutas de los servicios de movilidad pública, como el autobús, el tranvía o el metro, y se implementarán medidas para ajustar el precio de los diferentes servicios al nivel de renta de las personas usuarias.

17. Crear una tarjeta única de transporte, gratuita para menores de 26 años y a un precio asequible para el conjunto de la población. Acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial para menores de 26 años. Acceso universal al precio máximo de 1 euro por trayecto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito. Se tratará siempre de una medida vinculada a un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes, conforme a nuevos planes de movilidad sostenible que impulsen el transporte colectivo.

18. Declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de 2 horas de precontratación para las VTC. Ante la llegada de miles de VTC, los Gobiernos miraron hacia otro lado y han puesto en peligro a las familias del taxi. Por eso, el Estado y las comunidades autónomas cooperarán para que se establezcan requisitos temporales (como las dos horas de precontratación), espaciales (distancia mínima con el pasajero o estacionamiento en aeropuertos, estaciones y otras paradas autorizadas) y de geoposicionamiento (obligación de mostrar la posición a la Administración y de deambular sin pasajeros u hoja de ruta). Además, se recuperarán autorizaciones administrativas para hacer efectivo el cumplimiento de la regla de proporcionalidad 1/30, establecida en el Real Decreto Ley 13/2018. Las Administraciones Públicas desarrollarán también una aplicación pública para que integre toda la información sobre movilidad disponible y los mecanismos de reserva y de pago de los servicios de movilidad de las grandes ciudades y zonas metropolitanas, incluyendo todos

los medios de transporte, como trenes de cercanías, metro,

autobuses, tranvías, taxi, bicicletas, patinetes, motocicletas

eléctricas, etcétera. De esta manera, las Administraciones

aprovecharán los datos generados para la planificación de la

movilidad sostenible en las ciudades, así como la digitalización, en favor del bien común y del horizonte verde.

19. Proteger los derechos de las y los pequeños y medianos

transportistas. Se implementará un conjunto de medidas para

proteger a las y los pequeños y medianos transportistas frente

a las prácticas abusivas de las grandes compañías de distribución y de los grandes puertos. Con esta regulación se impedirá la emisión de pagarés a más de 30 días, se garantizará un

precio mínimo por kilómetro basado en los precios medios, se

reconocerán adecuadamente los periodos de carga y descarga, se permitirá una jubilación anticipada sin penalización en

razón de la especial dureza de este empleo y se prohibirán las

prácticas de competencia desleal basadas en la utilización de

flotas de otros países para la prestación de servicios internos

con el objetivo de reducir sus ingresos y su poder de negociación en periodos de huelga o conflicto laboral.

20. Hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del territorio. (Véase el apartado «Garantías de Justicia Territorial»).

21. Incrementar las frecuencias y líneas en los servicios de corta y

media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y mejorar su conexión con otros territorios (mallado regional frente

al radial). (Véase el apartado «Garantías de Justicia Territorial»).

22. Vertebrar el territorio a través de la puesta en marcha o mejora urgente de un conjunto de líneas ferroviarias prioritarias.

(Véase el apartado «Garantías de Justicia Territorial»).

23. Aprovechar las nuevas líneas para alcanzar un verdadero

efecto de red mediante el impulso de servicios en los ejes

transversales ferroviarios. (Véase el apartado «Garantías de

Justicia Territorial»).

24. Mejorar las conexiones ferroviarias internacionales con Francia

y Portugal. (Véase el apartado «Garantías de Justicia Territorial»).

25. Frenar la renovación de las concesiones de autopistas a

grandes corporaciones. (Véase el apartado «Garantías de

Justicia Territorial»).

26. Implementar una estrategia de reindustrialización verde y

economía circular. El objetivo es crear empleo en industrias

con un impacto positivo sobre el entorno y actividades de

gestión de la contaminación, los recursos y la biodiversidad,

con prioridad en las zonas con más problemas de empleo.

Con esto conseguiremos el objetivo de «residuos cero» y ganaremos soberanía productiva al sustituir elementos importados por propios durante todo el ciclo de producción.

27. Una factura de la luz más barata y justa. La estructura que

tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues

más. El término fijo, que pagas aunque no consumas nada,

no será superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se

paga en función de la energía consumida, los primeros kWh

(que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán

un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta

penalizar el derroche. A esto se sumarán protecciones frente

a la pobreza energética.

28. Poner orden en el oligopolio energético. Hay que eliminar sus

privilegios y devolver poder a las pymes y a quienes pagan la

luz. Para ello se cambiarán las condiciones de la subasta, de manera que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más

caras como ahora. Se incentivará la compra a las instalaciones

renovables ciudadanas. Se establecerá un cargo para compensar la sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Se descartarán

proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas

y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico.

29. Intensificar la lucha contra los incendios y mejorar las condiciones laborales de bomberos y bomberas. Hay que dotar

de financiación suficiente los mecanismos y operativos de extinción de incendios, pero es muy importante garantizar una

financiación adecuada de los métodos de prevención durante el invierno, ya que es cuando se evitan de manera efectiva

los incendios. Una parte de la financiación para la lucha contra

incendios y el mantenimiento de las masas forestales y bienes naturales se destinará a la financiación municipal de los

pueblos que contribuyen directamente a esta tarea. Al mismo

tiempo, las personas que arriesgan su vida para luchar contra

Programa para un nuevo país

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los incendios a lo largo del año no pueden estar sometidas a

condiciones de precariedad y bajos salarios, sino que deben

sentir una mejora clara en su reconocimiento profesional, salarios, condiciones laborales, estabilidad y condiciones de seguridad en que enfrentan los incendios.

30. Atajar la contaminación del aire, que está acortando nuestra

vida. Extender el modelo de éxito de Madrid Central a otras

ciudades con problemas de contaminación, en colaboración

con las Administraciones competentes y apoyando un modelo de calidad y asequible del transporte público, la bicicleta y

nuevas formas de movilidad.

31. Frenar el avance de la desertificación. España está viviendo

una pérdida irreparable en la calidad de sus suelos que nos

hace todavía más vulnerables a otros fenómenos extremos,

como sequías y crecidas, y que pone en riesgo la sostenibilidad de muchas comunidades. Es urgente implementar un

Plan de Restauración Hidrológico-Forestal, por ejemplo, con

la recuperación y replantación de una masa forestal adecuada a cada ecosistema.

32. Acabar con el fracking en España. Conforme a lo establecido en el Acuerdo de París sobre el clima, firmado y ratificado por España, y debido a las consecuencias irreversibles

de esta práctica de extracción mediante fractura hidráulica

(fracking), no se autorizarán más licencias para ejercer tal

método en el territorio español y se trabajará para eliminar

las licencias existentes.

33. Incorporar a niñas, niños y adolescentes a esta transformación. Promoveremos el compromiso que ya han mostrado las

nuevas generaciones en la lucha contra el cambio climático

con la intensificación de la formación sobre estas materias en

los currículos y la mejora de los comedores escolares hacia

una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos laborales.

34. Elaborar una Política Agrícola Común (PAC) más justa. España tiene cerca de 800 000 explotaciones agrarias y ganaderas, la mayoría de ellas familiares, que contribuyen con su

actividad a la vertebración del territorio rural, al mantenimiento de los ecosistemas y paisajes, a la generación de importantes bienes inmateriales y a la producción del 70 % de los

alimentos frescos que consumimos. El objetivo de la PAC no

puede ser mantener un sistema de derechos históricos, sino

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PODEMOS.

apoyar a quienes de verdad desempeñan la actividad: los productores y las productoras, y hacerlo de manera proporcionada a sus necesidades económicas, con menos complejidad

burocrática y con mayor transparencia en los mecanismos de

gestión y aplicación de los fondos. La PAC será una lanzadera

para la transición ecológica y el futuro del medio rural e impulsará la ganadería extensiva y sectores con gran aporte social y ambiental, como los frutos secos o el olivar tradicional,

así como otros nuevos, como el azafrán. También reforzará

las protecciones especiales para la agricultura insular y de

montaña y para garantizar un futuro viable al pastoralismo,

que genera productos de alta calidad, potencia y conserva la

biodiversidad y ayuda a prevenir incendios y a luchar contra

el cambio climático, por ejemplo, recuperando vías pecuarias

e implementando una estrategia adecuada de sanidad animal

no gravosa para las pequeñas explotaciones. Una nueva PAC

necesita destinar al menos el 10 % de los fondos a establecer

medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado,

introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres

y complementarias para las que continúan la actividad, constituyendo un apoyo eficaz para la dedicación de la juventud y

reforzando las ayudas y el asesoramiento a jóvenes para que

tomen el relevo en las explotaciones.

35. Establecer por ley un precio sostén (precio mínimo) para

proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Es importante reconocer la alimentación como un

derecho fundamental y mejorar la situación de productores

y productoras. Su futuro se juega en los mercados y en los

precios ruinosos que cobran por sus productos, toda vez que

se tratan como pura mercancía en el contexto de los acuerdos internacionales. De ahí surge la necesidad de reformar

la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el

funcionamiento de la cadena alimentaria, para introducir por

ley la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que

cubra los costes de producción y que esté fijado de manera

objetiva por el organismo de control, en este caso la Agencia

de Información y Control Alimentarios (AICA), como ocurre

en Francia. Esta reforma establecerá de nuevo una regulación

adecuada de la venta a pérdidas; perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer

el precio y solo se cobra al venderse finalmente; regulará la figura del mediador de la cadena alimentaria; fortalecerá el rol

de los agricultores y las agricultoras y sus organizaciones en

las intervenciones sobre el mercado; y fomentará, de manera

eficaz, los productos de temporada y proximidad.

Programa para un nuevo país

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36. Elaborar una política de pesca que asegure ingresos dignos

y sea respetuosa con la sostenibilidad de los caladeros. Es

necesario un cambio en la aplicación de la Política Pesquera

Común que la haga realmente transparente y participada por

todos los sectores afectados. Eso impediría situaciones como

las actuales, en las que existe un reparto inequitativo conforme

a criterios económicos y ambientales de las posibilidades de

capturas entre las distintas artes, flotas y territorios, así como

una enorme posibilidad de tráfico y especulación con los derechos de pesca. El cambio aseguraría unos ingresos dignos y

unos márgenes razonables a las y los productores. Para ello, es

importante avanzar cuanto antes en una transición ordenada,

basada en la I+D+i y la diversificación, que defina con claridad

y proteja la pesca artesanal y un modelo de acuicultura crecientemente orientado hacia la sostenibilidad, el modelo multitrófico integrado y la acuicultura en extensivo. Se incrementará

también el esfuerzo investigador para tener información clara

sobre stocks pesqueros, la evolución de las especies y el estado de los ecosistemas, la incidencia de la contaminación y los

microplásticos, que nos permita implementar medidas eficaces también en ríos, rías y estuarios para asegurar el futuro de

nuestro sector y nuestro territorio.

37. Recuperar nuestro patrimonio natural y potenciar la biodiversidad. El 90 % de esa biodiversidad se encuentra en el medio rural de interior o en zonas costeras. El 27 % del territorio

estatal goza de una figura de protección de la Red Natura

2000. Por eso, reforzaremos la inversión en los parques nacionales de nuestro país y el apoyo a los 167 municipios que

se encuentran en su interior. Se aprobará el Segundo Plan

Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (2020-

2027) y se trabajará con las y los agricultores y ganaderos en

potenciar nuestra diversidad cultivada y razas autóctonas.

38. Proteger los derechos de los animales. Para ell

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PODEMOS.

producción de animales de consumo, con la instalación de

cámaras, con inspecciones y con la exigencia del aturdimiento previo al sacrificio, y se pasará a métodos éticos para el

control poblacional de animales silvestres. En esta dirección

de garantizar el bienestar animal, se eliminarán las ayudas y

subvenciones relacionadas con la tauromaquia y se prohibirán espectáculos que impliquen maltrato animal.

39. Reconocer en el Código Civil a los animales como seres que

sienten. Tal y como ya se ha establecido en otros países europeos, los animales nunca más serán considerados como unos

bienes cualesquiera. Esto ofrecerá mayores garantías tanto a

los animales como a aquellas personas con quienes conviven

cuando se encuentren en procesos de embargo, en los que

los animales no podrán ser un bien más contenido en la propiedad; en situaciones de crisis familiar, en las que tendrán

que tener una consideración como parte de la familia que

son; y en situación de protección, en las que no se podrá obligar a las personas a separarse de sus animales, entre otras

implicaciones jurídicas y morales.

40. Garantías efectivas contra las deslocalizaciones. Nuestro país

necesita una estrategia industrial para expandir y hacer más

competitivo este sector, pero también para que gane peso

en un contexto global. Cabe señalar que España se encuentra estancada en una proporción del 16 % del PIB de la industria, mientras que el objetivo de la Unión Europea (UE) para

2020 era que supusiera el 20 % del PIB. Por eso, activaremos

los recursos del Estado que sean necesarios para garantizar

la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean

una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas.

Quienes reciban ayudas o subvenciones públicas firmarán un

contrato de diez años de permanencia y la Administración tendrá la obligación de estudiar la viabilidad de las empresas que

quieran marcharse con el objetivo de apoyar técnica y financieramente a sus trabajadores y trabajadoras en la adquisición

de la empresa, si así lo deciden. En caso de que la situación de

los trabajadores y la empresa haga imposible esta transición,

el Estado podrá asumir la titularidad de las instalaciones para

evitar la eliminación abrupta de los puestos de trabajo y con la

perspectiva de que los trabajadores puedan acabar asumiendo

la titularidad. En los casos más graves y cuando esté demostrada la falta de viabilidad de la empresa, el Estado garantizará

que se recuperan dos puestos de trabajo por cada puesto desaparecido en la misma comarca, para lo que es imprescindible

un vector de desarrollo industrial articulado desde la Sociedad

Programa para un nuevo país

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Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que impulse el

nuevo modelo industrial que proponemos. Estas medidas se

implementarán de manera especial en las comarcas más vulnerables a la despoblación.

41. Recuperar la participación pública en sectores estratégicos

y poner en marcha un plan de recuperación industrial en las

zonas que han sido deliberadamente desindustrializadas.

El sector naviero, el sector metalúrgico y muchos otros han

sido deliberadamente desmantelados en España siguiendo la

máxima de aquel ministro socialista que dijo que «la mejor

política industrial es no tener política industrial». Esto no solamente significa la pérdida de miles de empleos de calidad,

sino también un suicidio económico como país. No permitiremos que esta deriva continúe y apostaremos por la implicación del Estado en una política industrial de futuro en

colaboración con los sectores afectados y con dotación presupuestaria suficiente.

42. Preservar la soberanía de sectores estratégicos, como los

puertos. Los puertos del Estado se orientarán hacia el interés

general de la ciudadanía y del país. Estudiaremos fórmulas para

revertir el control de empresas externas en servicios de estiba,

astilleros e industria naval y se modificarán las normas de liberalización que conlleven una pérdida de soberanía y un expolio de

las inversiones públicas. Los fondos buitre pretenden hacerse

con los puertos españoles y con los astilleros, imponer la precariedad laboral en estado puro y recortar los sueldos para aumentar los beneficios. Frente a esto, impulsaremos planes de

reindustrialización de los puertos del Estado y de los astilleros

privados que se encuentren en situación de quiebra o de grave

crisis financiera, mediante la intervención directa de las Administraciones correspondientes para impedir el fin de la actividad y asegurar el mantenimiento del empleo. El hecho de

que el Estado pueda intervenir, adquiriendo acciones de los

astilleros en liquidación o de la unidad productiva, es clave de

cara a establecer un plan de viabilidad para estas empresas a

medio y largo plazo.

43. Creación de una Vicepresidencia de Transición Ecológica y

Nuevo Modelo Industrial para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes sociales.

44. Trabajar para una Constitución decididamente feminista

que, entre otros, definirá los cuidados como un derecho

fundamental. Se llevará a cabo, además, un desarrollo legislativo que considere los cuidados una responsabilidad social

inseparable de la vida misma y que garantice su acceso y su

provisión de manera universal a partir de una dotación presupuestaria suficiente y de unos servicios públicos adecuados.

45. Implementar un Plan Estatal de Lucha contra las Violencias

Machistas con una dotación anual de 600 millones de euros.

Así, tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la

reparación de las mujeres que sufren violencias machistas, lo

cual implica la garantía de que los procesos de denuncia y

judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto

de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación

necesaria, entre otras medidas, a través de una mejora y ampliación del sistema VioGén que incremente la seguridad de

las mujeres, e implica también que la carga de la vigilancia y

el control recaigan sobre los agresores. Asimismo, implementaremos con carácter inmediato el Pacto de Estado contra la

Violencia de Género, al tiempo que trabajamos para promover un horizonte de prevención más ambicioso.

46. Poner en marcha un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para mujeres que padecen violencias machistas. Este plan incluirá una prestación de

garantía de vida para mujeres víctimas de violencias machistas, destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea

un factor que perjudique la salida de una relación de violencia

machista de cualquier tipo. La prestación supondrá un mínimo

equivalente al salario mínimo interprofesional (900 euros) durante 6 meses prorrogables, que se incrementará según el número de personas que cada mujer tenga a su cargo.

47. Garantía de alternativa habitacional inmediata para las mujeres que sufren la violencia machista y para los niños, niñas y

adolescentes a su cargo. Implementaremos un plan de empleo

específico para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y

para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social.

48. Actualizar la definición de violencia machista para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres. La

definición actual se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas y exparejas, lo que priva de una protección

equiparable al resto de mujeres que sufren violencia, por

ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros

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PODEMOS.

de trabajo. Por eso se actualizará esta definición conforme a

lo que exige el Convenio de Estambul y se diseñarán medidas

para que estas protecciones puedan extenderse a las mujeres

que se enfrentan a la discriminación interseccional.

49. Protocolos obligatorios contra las violencias machistas y la

LGTBIfobia. Se implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias machistas como la LGTBIfobia en las

Administraciones Públicas y en los centros de trabajo de más

de 50 trabajadores.

50. Crear una asignatura de feminismos. La educación es la principal herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad

sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se creará una asignatura

de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad

es una de las prioridades de nuestra sociedad.

51. Instaurar la paridad en las Administraciones Públicas y en los

organismos financiados con dinero público. La redacción actual de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres solo establece la paridad en

estos casos como una recomendación y tenemos que conseguir que la paridad sea efectiva en nuestras instituciones y en

las que financiamos con nuestro dinero. En el plazo de cuatro

años, los distintos órganos públicos, como el Consejo de Ministros y Ministras, tribunales de justicia como el Tribunal Supremo

—donde la proporción de mujeres no llega al 15 %— y las entidades cuya financiación proceda en una proporción relevante de

dinero público, como la Real Academia de la Lengua —donde

solo hay 8 mujeres en 46 sillones—, deberán tener una composición paritaria. De no ser así, se retirará la financiación pública.

52. Disfrutar de nuestra libertad sexual. Todas las personas tenemos derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así como

a no sufrir discriminación por nuestra orientación sexual o

por nuestra identidad o expresión de género. Para garantizar

este derecho, se pondrá un énfasis especial en la educación

afectivo-sexual dentro del sistema educativo.

53. Pasar del «No es no» al «Solo sí es sí». Aprobaremos una ley

para la protección de la libertad sexual de todas las personas

y la erradicación de las violencias sexuales, que garantizará

que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres

Programa para un nuevo país

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a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser

violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en

el centro del debate político en torno a las relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la

pauta que se siga en cualquier relación.

54. Ampliar los derechos de personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales. Es necesario construir un horizonte

en el que ninguna persona pueda ser discriminada ni por su

orientación sexual ni por su identidad de género o expresión

de género. Para ello, aprobaremos dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación

sexual de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un

colectivo tan amplio; y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la

garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario

profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su

atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación

de planes de empleo, entre otras medidas.

55. Una cooperación feminista y defensora de los derechos humanos. Apostamos por construir un sistema de cooperación en el

que las mujeres se sitúen como motor y foco del desarrollo, al

tiempo que cuestionaremos las estructuras de poder y la distribución de recursos que perpetúan la pobreza y la inequidad,

como el machismo y la vulneración de los derechos de las

mujeres y las niñas. Con el fin de avanzar en la igualdad real,

adoptaremos iniciativas concretas en materia de género con

una perspectiva interseccional, incluyendo cuestiones como

la economía de los cuidados o la trata de personas. Asimismo, impulsaremos los programas de personas defensoras de

derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, así como en las

personas defensoras que tienen incidencia en los territorios

más amenazados de América Latina.

56. Reconocer la diversidad familiar. Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas

de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la

filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

27

PODEMOS.

57. Garantizar la cobertura universal y gratuita de la educación

infantil (de 0 a 3 años). En la actualidad, nuestro sistema

de educación infantil deja sin atender a más del 60 % de los

niños y niñas de entre 0 y 3 años. Esto nos impide intervenir sobre la herencia de la pobreza que pasa de generación

en generación y sobre la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo para cuidar a sus familias. En la

siguiente legislatura, y en coordinación con las demás Administraciones, configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal y

gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras. Con

ello crearemos más de 100 000 puestos de trabajo directos,

con enormes retornos además en cotizaciones y consumo.

58. Situar a España a la vanguardia mundial de la atención a la

dependencia. Consolidaremos un sistema universal, público

y suficiente de cuidados de larga duración para las personas dependientes que garantice la autonomía funcional de

estas personas sin que el peso recaiga en los cuidados informales de otros miembros de la familia, que son casi siempre

mujeres. Este sistema nos permitirá aumentar el número de

personas dependientes atendidas hasta llegar a los 1,6 millones y crear hasta 400 000 nuevos empleos a través de

un plan de choque que eliminará las listas de espera y hará

llegar de manera efectiva las prestaciones y los servicios a

quienes tengan reconocida una situación de dependencia. En

el marco de este plan, restauraremos también el derecho de

los cuidadores y las cuidadoras no profesionales a cotizar a la

Seguridad Social y a recibir prestaciones como la de desempleo, revisaremos el actual sistema de incompatibilidades y

eliminaremos el copago, que hace que muchas familias con

pocos recursos tengan que renunciar a algunos servicios de

atención a la dependencia.

59. Jornada laboral de 34 horas semanales y reorganización de

los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. En España se trabajan más horas que en otros países de nuestro entorno, al

tiempo que las mujeres dedican a los cuidados más del doble

de su tiempo que los hombres y muchas tienen empleos con

menos horas de las que desearían. Para paliar estas desigualdades, implementaremos una jornada de 7 horas de lunes a

jueves y de 6 horas los viernes sin reducción de salario; protegeremos el tiempo de desconexión del trabajo; permitiremos flexibilizar los horarios y aprovechar las posibilidades del

teletrabajo; estableceremos planes de respiro familiar para

Programa para un nuevo país

28

personas que cuidan y se protegerá a estas personas profesionales con la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su entrada de pleno

derecho en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que

implicaría igualar en derechos.

60. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Ampliaremos el sistema de permisos para que, en caso

de nacimiento de un hijo o de una hija, adopción, guarda con

fines de adopción y acogimiento, estos sean iguales, intransferibles y remunerados al 100 % de la base reguladora para

cada progenitor o progenitora, independientemente de su

sexo y tipo de familia. Con estas características, propondremos la equiparación inmediata a 16 semanas para ambos

progenitores o progenitoras y un aumento de 2 semanas al

año hasta alcanzar las 24 semanas (medio año) para cada

progenitor o progenitora.

61. Acabar con la brecha salarial a través de una ley de igualdad

retributiva que analizará las remuneraciones y considerará discriminación una brecha de más del 20 % en las retribuciones

de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los

tribunales. Las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negativa.

62. Facilitar el acceso a una maternidad libre y decidida, con

acceso a la reproducción asistida y apoyos específicos a las

mujeres en el momento en que decidan, si lo deciden, ser

madres. Favorecer el acceso, asimismo, a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la

interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres,

incluidas las jóvenes, en el Sistema Nacional de Salud.

63. Proteger a las familias monoparentales y monomarentales con

su equiparación a las familias numerosas, la adopción de una

definición que les otorgue seguridad jurídica, el incremento de

las prestaciones por cuidado de sus niños y niñas, y la prioridad

de acceso a los servicios y prestaciones, como la educación de

0 a 3 años durante su implantación universal o las becas.

64. Afrontar el problema de la soledad no deseada y, en particular, la de las personas mayores, desarrollando para ello la

sensibilidad y el conocimiento del problema, pero también

potenciando unos servicios sociales cercanos y bien dotados

para atender esta necesidad emergente, prevenirla o mitigar

sus consecuencias. Favoreceremos programas en los cuales

29

PODEMOS.

se facilite la participación de jóvenes en las tareas de acompañamiento de las personas mayores que se encuentran solas.

65. Prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes,

que llegará a los 1200 euros al año de manera universal y a

los 2000 euros al año para situaciones de pobreza severa, y

que se iniciará de manera urgente con 600 euros al año para

familias en riesgo de pobreza, con un incremento del 50 %

para familias de una sola progenitora o de un solo progenitor.

66. Incrementar la inversión pública en la infancia hasta alcanzar la media europea para hacer efectiva la igualdad de

oportunidades y la no discriminación de los niños y las niñas,

especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, los

servicios sociales y la protección.

67. Desarrollar un verdadero sistema de atención temprana,

dada su importancia para la eficacia de las intervenciones

sobre niños y niñas con alteraciones, trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos y para su bienestar presente y futuro. Por lo tanto, se reconocerá un derecho subjetivo

a la atención temprana integral, universal, gratuita y pública y se armonizarán las distintas regulaciones para hacerlo

efectivo con independencia del lugar de residencia y del

servicio responsable.

68. Protección integral frente a las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes. El abuso a menores, cuando se

da en el seno de la Iglesia, en la familia o en cualquier ámbito, constituye un crimen muy grave que compromete su

futuro. Para evitar su impunidad, tal como recogimos en

nuestra ley de promoción del buen trato y erradicación de

las violencias contra la infancia y la adolescencia, se suspenderá el cómputo para la prescripción de estos delitos, al

menos hasta que las víctimas hayan cumplido 30 años, se eliminará la distinción entre agresión y abuso sexual y se creará una Fiscalía especializada en dar respuesta a estos casos.

Para mejorar la prevención, se destinarán más recursos en

el entorno educativo, social y sanitario y se creará una línea

de atención telefónica pública de información y asistencia

las 24 horas atendida por un equipo profesional y multidisciplinar. Para cuidar a las víctimas, los procesos penales se

adaptarán a sus necesidades, por lo que podrán declarar de

manera tranquila en un momento distinto al de la vista oral

y se evitará duplicar actuaciones.

Programa para un nuevo país

30

69. Fomento del acogimiento familiar y medidas para la adopción. Frente a las residencias para menores, el acogimiento

familiar resulta una forma de cuidado mucho más eficaz y

acorde con el fomento del buen trato y del bienestar actual

y futuro de la infancia. Por ello, se ofrecerán recursos y apoyo a las familias acogedoras y se priorizará el acogimiento

con familia extensa o familia no biológica, evitando la separación de hermanos y hermanas. En el caso del acogimiento

residencial, las pequeñas residencias sustituirán a los grandes

centros de acogida. Y, por otro lado, se unificará el registro de

adopciones, en cuanto a requisitos y tiempos de espera.

70. Garantizar que los niños, niñas y jóvenes que migran solos (menores extranjeros no acompañados, MENA) reciben

un tratamiento según la Convención sobre los Derechos del

Niño, considerando siempre su condición de menores por

delante de su estatus migratorio. Como medida de garantía

de sus derechos, quedarán expresamente prohibidas las repatriaciones en contra de la voluntad del menor, tanto entre

países de la Unión Europea como con terceros países.

71. Crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de

los Cuidados para dirigir y coordinar estas reformas con el

resto de las Administraciones y agentes sociales.

PROGRAMA ELECTORAL DE PODEMOS 2019: HORIZONTE DIGITAL Y NUEVA ECONOMÍA

72. Crear una empresa pública eléctrica. Con un mercado eléctrico dominado por un oligopolio privado, no es creíble que

podamos acometer los objetivos planteados en el horizonte verde. Para conseguirlo, es necesario configurar un nuevo

marco institucional y productivo bajo un control democrático. En el caso de la empresa pública eléctrica, esta será,

junto con la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo

Modelo Industrial y el Banco de Inversión para la Transición

Tecnológica y Económica (BITTE), un agente esencial a la

hora de emprender esta transformación. Así, esta empresa

desempeñará un rol activo en la instalación de energías renovables, empujará hacia la transformación del mercado eléctrico y hará posible que cumplamos los objetivos fijados. Dada

la importancia de estos fines, también se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética. Al mismo tiempo, trabajará de

forma coordinada con las empresas públicas municipales que

se han creado o que se puedan crear para la comercialización

y la gestión de su propia energía.

73. Crear un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) con el fin de asumir las principales

inversiones para la transformación productiva que vamos a

emprender, no solo en cuanto a la expansión de las energías

renovables, del coche eléctrico y de otras industrias verdes,

sino en lo que respecta a la digitalización de nuestra industria o al impulso a las inversiones en I+D+i. Para su creación,

partiremos de instituciones ya existentes (ICO, CDTI, ENISA),

que aportarán una amplia infraestructura y un importante conocimiento de la gestión de los riesgos financieros, y colaboraremos con las comunidades autónomas. Particularmente, el

CDTI mantendrá su perímetro institucional dentro del BITTE

para garantizar su rol clave en el desarrollo de la estrategia de

I+D+i e innovación empresarial.

74. Aprovechar Bankia como banco público. En el rescate bancario, del que los bancos nos deben 60 000 millones de euros y

debido al cual se ha concentrado el 70 % del mercado en cinco entidades, los ciudadanos y ciudadanas adquirimos Bankia.

Al menos, podemos aprovechar ahora para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los

elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema

—como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las

empresas de la economía social—, introducir parámetros de

justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones

sociales de la banca que otras entidades descuidan, como ca-

jeros o inversiones en vivienda social. Con carácter inmediato,

se elegirá por tres quintos del Congreso una nueva presidencia

de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país.

75. Convertir la ciencia y la I+D+i en un puntal de nuestra economía aumentando la inversión pública en I+D+i al 2 % del

PIB al final de la legislatura para liderar sectores como la

producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y biotecnologías. Gracias a esta

inversión, las ayudas directas (que se ejecutarán al 100 %) superarán ampliamente los créditos financieros, que se limitarán

a aquellos cuya ejecución sea muy probable, y garantizaremos que las subvenciones a empresas se dediquen realmente

a I+D+i y no a actividades ya consolidadas.

76. Asignar al sector público un rol de impulso y de coordinación estratégica de la I+D+i. Reforzaremos la Agencia Estatal

de Investigación, dotándola de una gran capacidad de inversión a través del citado Banco de Inversión (BITTE) y de una

gran unidad dedicada a la transferencia, que nos permitirá

aplicar los avances teóricos de frontera a la mejora de nuestra

industria y aportar nuevos conocimientos al sector privado

y a los sectores más innovadores de nuestra ciudadanía en

un contexto de transparencia total. La política de transferencia del conocimiento debe ser una prioridad de la estrategia

de I+D+i. Completaremos esta nueva institucionalidad para

la innovación con la creación de una red de comités estratégicos sectoriales para que el sector público sea un actor con

capacidad para asumir riesgos, pero también para obtener

beneficios y orientar la I+D+i hacia la creación de empleo de

calidad y de valor social.

77. Revertir la expulsión de científicos y científicas con un plan de

choque para situarnos, en una legislatura, al nivel de la Unión

Europea en la proporción de personas dedicadas a la investigación, con un aumento neto de 5000 investigadores e investigadoras cada año. Este plan se implementará junto con las

comunidades autónomas y los entes locales.

78. Una carrera académica estable y digna. Un nuevo Estatuto del

Personal Investigador establecerá unos criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que hasta un

75 % de las personas que inician una carrera científica puedan

dedicarse de manera estable a la ciencia o a la educación superior. Protegeremos las posiciones posdoctorales, facilitan-

Programa para un nuevo país

36

do la movilidad de científicos y científicas entre la academia y

la empresa; la estabilización del personal precario de los centros de investigación; el desarrollo de una carrera profesional

técnica y de administración y servicios; y reconoceremos a

los investigadores y las investigadoras en formación los derechos reconocidos al conjunto de trabajadores y trabajadoras.

Esta carrera se nutrirá también de investigadores e investigadoras que abandonaron la carrera académica y de personal

docente e investigador a tiempo completo que sustituya la

actual proliferación de figuras docentes con bajos salarios,

como asociados y asociadas.

79. Programa de Retorno de Investigadores e Investigadoras en

el Extranjero, con una oferta de un contrato de cuatro años

de duración al final del cual será posible la estabilización mediante criterios objetivos y predeterminados.

80. Una ciencia sin techo de cristal para las mujeres. Desde un

enfoque feminista, si bien las mujeres ya son mayoría en la

educación superior, solo una de cada cinco ocupa cargos de

dirección y cátedras en Universidades públicas. Por eso, se investigarán las causas concretas de esta brecha de género y se

pondrá en marcha un Plan Estratégico de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que

hace que hoy solo un cuarto de las estudiantes de Ingeniería

y Arquitectura sean mujeres. Se introducirá también el criterio

de paridad entre los criterios de evaluación académica y la

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

(ANECA) creará el sello «Mujer y ciencia» para certificar los

centros con probada trayectoria en la igualdad de oportunidades, considerando la presencia de mujeres en los puestos

directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de

conciliación y de lucha contra las violencias machistas.

81. Hacia una ciencia abierta y accesible. La regulación de la propiedad intelectual se pondrá al servicio de la innovación, la ciencia y el progreso en lugar de operar como una barrera para el

emprendimiento. Junto con el aumento de la financiación pública, esto tendrá un efecto de arrastre sobre la inversión privada en I+D+i, que es una de las mayores debilidades de nuestro

sistema. Para abrir el acceso a la ciencia, crearemos una Red de

Centros de Innovación Ciudadana, como un punto de encuentro

entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e

innovación. Se impulsará un Plan de Transición hacia la Ciencia

Abierta para evitar que, con el dinero público con el que se fi-

37

PODEMOS.

nancian las investigaciones, solo se publiquen sus resultados en

revistas científicas de grandes corporaciones y de acceso muy

costoso para nuestras Universidades y organismos públicos de

investigación (OPI). Apoyaremos a las revistas científicas españolas para que puedan aumentar su impacto y que publicar en

ellas sea más valorado. Promoveremos la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la

Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, daremos un

salto a la gestión digital de la ciencia, con una web de investigación que incluya todas las convocatorias públicas programadas

y datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y

centros, al tiempo que se crea un Observatorio para la Defensa

de la Transparencia en el Acceso y Gestión de las Instituciones

Investigadoras y Universitarias.

82. Crear un Centro Nacional de Robótica Aplicada (CNRA)

para construir un polo de innovación en tecnologías digitales

aplicadas, con tres líneas de investigación principales en nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida

de las personas dependientes.

83. Facilitar el acceso a la tecnología a las empresas, con planes específicos de financiación y asesoramiento para pymes

(Plan Pyme 5.0), para la economía social (Plan Coopera 5.0)

de muchos sectores, como la del ámbito agropecuario, y para

start-ups (Plan Start-up 5.0), que atienda a los retos específicos en sus fases de maduración, financiación y conexión.

84. Línea estratégica de inversión en I+D+i en inteligencia artificial. Cada vez nos encontramos más cerca de desarrollar

sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que

permitan, también, sustituir sistemas rudimentarios de toma

de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos. En este sector, España tiene el talento suficiente para ser

puntera. Por ello, destinaremos partidas significativas dentro

del sistema de ciencia y tecnología a grupos de investigación

en el sector público y privado que se dediquen a la investigación y la transferencia en la materia.

85. Caminar hacia una conexión a internet como derecho básico y de acceso gratuito. La conexión móvil y digital es hoy un

derecho sin el que no se puede vivir de manera integrada. Por

eso, garantizaremos un acceso a internet de 30 Mbps para

cualquier núcleo habitado a un precio asequible. La sociedad pública Red.es debe convertirse en un agente importan-

Programa para un nuevo país

38

te para garantizar el acceso a internet y a la telefonía móvil,

e impulsar, también, las tecnologías comunitarias existentes.

Incorporaremos un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor

hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura. Por otra

parte, garantizaremos el acceso a una conexión a internet de

carácter básico e impulsaremos la competencia efectiva en

el sector de las telecomunicaciones que baje esta factura al

nivel de la media europea. Para ello, el 10 % del tráfico de las

instalaciones actuales y de las nuevas se destinará a tarifas

accesibles bajo la gestión de Red.es. El hecho de que, según

el «Informe sobre el progreso digital en Europa», nuestra banda ancha sea la sexta más cara de la Unión Europea resulta

un lastre para la competitividad de las pymes.

86. Poner en marcha una Estrategia de Formación y Alfabetización Digital para que toda la ciudadanía disfrute, en igualdad

de oportunidades, de los beneficios del proceso de digitalización. Pondremos en marcha recursos en todos los niveles

del sistema educativo, o de la formación para quien está en

el mercado de trabajo, con especial atención para evitar la

exclusión digital. Ya desde la educación primaria se incluirán contenidos de robótica, programación, diseño web, apps,

hardware y videojuegos.

87. Conquistar la soberanía tecnológica, la privacidad y la libertad en la red. Estableceremos las protecciones necesarias para

blindar el derecho a la privacidad en la red, de manera que las

grandes corporaciones tecnológicas no puedan hacer negocio

a partir de la apropiación indebida de nuestros datos. Al igual

que en el mundo analógico, se eliminarán las restricciones penales y administrativas a nuestros derechos civiles y políticos

en internet. Para ello, es necesario conquistar el control sobre

nuestros datos y poder aprovecharlos como un bien común, e

impulsar el sector del software y, en particular, de las comunidades y empresas dedicadas al software libre, una arquitectura

del internet de las cosas abierta, neutral e interoperable, y una

red de infraestructuras de comunicaciones de nueva generación, como el 5G, orientándola hacia una red compartida por

las diferentes operadoras y los usuarios públicos y privados,

más eficiente y con menos espacio privatizado. Además, impulsaremos la elaboración de una Carta de Derechos del Mundo Digital mediante un gran proceso participativo en el que la

ciudadanía pueda ser protagonista del diseño de su futuro.

39

PODEMOS.

88. Digitalizar la Administración y reducir la burocracia. Avanzaremos hacia el fin de los papeles y la reducción drástica de la

burocracia, lo que beneficiará al conjunto de la ciudadanía, que

también podrá ejercer mejor su control democrático, y nos permitirá disponer de una Administración más fuerte y mejor adaptada al presente. Respetando la privacidad, los datos públicos

se desplegarán en formatos abiertos, interoperables y accesibles, también cuando los generen empresas al gestionar servicios públicos. Con esto, conseguiremos una Administración

más transparente e impulsaremos que las empresas y asociaciones con menor capacidad para producir sus datos puedan

aprovecharlos. La recogida de datos de carácter personal se

limitará a los imprescindibles y con un fin concreto, con lo

que reduciremos el riesgo de que esos datos se vean comprometidos. Implementaremos un Plan de Soberanía Tecnológica de las Administraciones, que también fortalecerá los

ecosistemas de pymes locales, dirigido a la transición hacia

tecnologías libres y a la contratación de productos y servicios

de acceso abierto que aumenten la autonomía técnica de la

Administración en un mundo digital.

89. Implementar la tecnología blockchain para reducir las comisiones bancarias. Gran parte de las operaciones bancarias habituales requieren de una verificación centralizada por

parte de lo que se denomina una «autoridad bancaria». La

tecnología blockchain permite verificar de manera segura y

descentralizada todo tipo de transacciones, de manera que

su implementación desde la banca pública que proponemos

reduciría el coste de las operaciones bancarias y, potencialmente, también las comisiones bancarias que ahora cobra la

banca privada. Al permitir generar unos registros muy claros,

imborrables y confirmables de todas las operaciones, esta

tecnología también podría utilizarse en la contratación pública para mejorar la transparencia del proceso y prevenir la

corrupción, ya que todas las ofertas y operaciones quedarían,

así, registradas. En el marco de esta estrategia, se impulsará también un programa sandbox (de experimentación) para

implementar la tecnología blockchain en diversos entornos y

liderar su implementación en Europa.

90. Frenar la uberización de la economía. Garantizaremos un

marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que

los buitres aprovechen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales en una economía uberizada. Para

ello, consideraremos que las personas que dependan de esas

plataformas son trabajadoras y trabajadores por cuenta aje-

Programa para un nuevo país

40

na; y, al mismo tiempo, crearemos unidades especiales para

inspeccionar estos nuevos modelos de trabajo y, en especial,

la utilización de falsos autónomos y el trabajo mediante horas extras sin cotizar. Asimismo, se creará una unidad dentro

de la Agencia Tributaria especializada en controlar que estas

empresas pagan en España los impuestos correspondientes

a los beneficios que obtienen en nuestro país.

91. Reforzar las leyes antimonopolio. La desigualdad de fuerzas

entre, por un lado, los oligopolios y, por otro, las pymes y las

personas consumidoras crece, lo cual lastra nuestra economía.

En línea con la actual legislación estadounidense, desarrollaremos leyes que dotarán a la Administración de instrumentos

efectivos y aumentaremos las multas en casos de cárteles y

oligopolios. Además, reforzaremos la Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso y dotándola

de los recursos necesarios para evitar que su poder esté muy

por debajo del que tienen los oligopolios que debe controlar.

92. Reconocer a las y los autónomos y a las pymes su condición

de consumidores en sus relaciones con grandes corporaciones

por servicios distintos al de su actividad principal. A la hora

de relacionarse con el oligopolio eléctrico, bancario o de telecomunicaciones, pymes y autónomos y autónomas están tan

desprotegidos como cualquier persona consumidora. Por eso,

reconoceremos esta situación y adaptaremos el derecho de consumo a las pymes, incluyendo plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas para que dejen de utilizar a pymes

y a los trabajadores autónomos como medios para financiarse.

93. Hacer efectivo el Estatuto del y la Artista para proteger a

quienes trabajan en la cultura y hacer sostenible su trabajo.

La cultura es un sector precario, con un alto porcentaje de falsos autónomos y con problemas muy serios de inestabilidad

en el empleo y de acceso a prestaciones tan básicas como la

de jubilación. Por eso es tan importante reconocer este trabajo, para igualar al alza derechos con el resto de trabajadores

y trabajadoras y proteger las bases de nuestra creación. Para

ello, mejoraremos el reconocimiento de las enfermedades profesionales y su protección, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras

artísticas. Actualizaremos los epígrafes del impuesto de actividades económicas y las protecciones por desempleo e impulsaremos protocolos frente a las violencias machistas.

41

PODEMOS.

94. Impulsar una red de centros culturales ciudadanos. En cooperación con el resto de Administraciones y partiendo de la

actual red de bibliotecas, centros culturales, centros cívicos,

casas de juventud y de nuestra propuesta de centros de innovación ciudadana, se impulsará el refuerzo y la actualización

de estas instituciones, con nuevos productos culturales en

formatos electrónicos y materiales para el empoderamiento

tecnológico y con la cultura del «hazlo tú mismo» como herramienta. Se incluirá una dotación específica para contratar

programadores y programadoras e implementar programas

en coordinación con el sistema educativo, y se fomentará la

cogestión ciudadana.

95. Potenciar la producción de cine en nuestras lenguas. La producción cinematográfica en las lenguas propias de un país no

solo es una de las industrias culturales más relevantes, sino

uno de los espacios de diálogo y construcción de comunidad

con más capacidad para mejorar una sociedad. Sin embargo, en cuanto a la presencia en las pantallas, la producción en

nuestras lenguas parte con una gran desventaja con respecto

a las grandes distribuidoras multinacionales, capaces de colocar una misma cinta durante semanas en una cantidad enorme

de pantallas y apoyarla con una publicidad que suele superar

el propio coste que supone hacer la película. Ante esta situación, países próximos como Francia han conseguido alentar

una producción propia de calidad mediante el establecimiento

de determinadas cuotas de pantalla para sus producciones.

Nuestra propuesta es ampliar este enfoque a las distintas lenguas oficiales del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, e incrementar las ayudas al sector.

96. Apostar por el sector del videojuego. El videojuego es cultura. También es una industria con una gran capacidad de creación de empleo y de posibilidades expresivas que requiere un

reconocimiento sin prejuicios en las políticas culturales. Por

ello, fomentaremos el talento del sector y de los ecosistemas

de pymes existentes con programas de ayuda a la creación de

videojuegos y cultura digital para que las empresas españolas puedan competir en igualdad de oportunidades ante las

grandes transnacionales del videojuego. Adoptaremos medidas para proteger a las personas que trabajan en el sector,

impulsando una mayor presencia de mujeres y vigilando, en

particular, que las fórmulas de subcontratación no sean fraudulentas ni supongan una merma de derechos, que las horas

extras se pagan y que se protegen riesgos asociados a la

intermitencia o la movilidad, como sucede con otras y otros

Programa para un nuevo país

42

trabajadores de la cultura. También articularemos un plan de

formación superior y continua para el sector, con especial

atención a las dimensiones de desarrollo de software, monetización, diseño y arte, y marketing.

97. Libertad en internet y gestión transparente y limpia de los

derechos de autor. Devolveremos al Poder Judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas web y servicios de

la sociedad de la información infringen la normativa sobre

propiedad intelectual, así como sus consecuencias. Al mismo

tiempo, es necesario iniciar un diálogo social para reformar la

propiedad intelectual actualizándola a los nuevos hábitos culturales, posibilidades tecnológicas y necesidades de sostenibilidad del sector. Hay que proteger a los autores y autoras, a

los intérpretes y al resto de titulares de derechos y, al mismo

tiempo, fomentar la flexibilidad en los modelos de difusión

de la cultura, la autonomía de los creadores y creadoras, y la

necesidad de hacer posibles nuevos usos legales y gratuitos

de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la creación. Debe ampliarse el reconocimiento como

autores y autoras de periodistas, directores y directoras de

escena y diseñadoras y diseñadores escénicos y audiovisuales, entre otras figuras, así como derogarse el artículo 71 de

la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga a los autores y las

autoras musicales a ceder el 50 % de sus derechos a perpetuidad al editor musical. En cuanto a la gestión de los derechos,

se establecerán unas posibilidades de creación más abiertas

y se garantizará una gestión responsable, transparente y democrática de las sociedades de derechos de autor, como la

SGAE, para alejar toda sospecha de corrupción, con tarifas

justas y un funcionamiento que facilite el acceso a la cultura.

98. Una nueva RTVE más neutral y democrática. Implementaremos un Plan de Reforma de RTVE y sus Sociedades, que nos

coloque a la altura del modelo de la BBC británica, con el objetivo de garantizar la transparencia, la participación de profesionales y de público, el prestigio del servicio público y la

consolidación del proceso de renovación vía concurso público, tal y como se acordó en el Congreso y en el Senado. Para

ello, se fomentará y coordinará la participación directa de la

audiencia, se dará voz en horario relevante a grupos políticos

y sociales significativos y se realizarán auditorías semestrales

con participación rotativa de las y los propios profesionales

de la corporación y de la sociedad civil. Aseguraremos un

Programa de Inversión en Producción propia para el Ámbito

Digital, asumido de manera directa por los programas esen-

43

PODEMOS.

ciales del servicio público, de manera que la externalización

de servicios informativos quede excluida y se alcancen progresivamente los niveles de dotación presupuestaria previos

a los recortes iniciados en 2012.

99. Cláusulas sociales y contratación pública como instrumentos

para generar valor social. La Administración Pública es la mayor contratante de productos y servicios de España, por lo que,

si orienta esa política hacia objetivos sociales, puede iniciar una

verdadera revolución a la hora de generar riqueza con justicia,

con buenas condiciones laborales, con respeto a las normas

ambientales y a la igualdad de género, al tiempo que pueden

dirigirse a fortalecer la economía local. Solo hay que pensar en

el cambio que podría darse si los centros escolares, los centros

de trabajo públicos y los hospitales orientaran sus servicios de

comedor hacia este modelo.

100. Crear un sello de calidad turística. Junto con las comunidades autónomas, crearemos un sello de reconocimiento de la

calidad turística para los establecimientos que respeten los

derechos laborales y cuiden su entorno. Esta red de establecimientos, que se promocionará por diversos canales y se incluirá en una plataforma digital pública de servicios turísticos

con sello de calidad, será la primera línea de visibilización de

una red de turismo sostenible, de calidad y que apueste por

la modernización, la desestacionalización y la descentralización de este sector.

101. Crear una Vicepresidencia de Digitalización y Nueva Economía

para dirigir y coordinar estas reformas junto con el resto de

Administraciones y agentes sociales.

PROGRAMA ELECTORAL DE PODEMOS 2019: GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS Y DE CIUDADANÍA

102. Prohibir que los partidos puedan financiar sus campañas

electorales mediante créditos bancarios. No es casualidad

que la única formación que no pide créditos sea la que está

planteando que los bancos tienen que devolver los 60 000 millones de euros que nos deben a todos y a todas, y que los ricos deben contribuir con más impuestos. Quien paga manda,

y los bancos no pueden mandar en los partidos.

103. Prohibir que los bancos y los fondos sean propietarios de

los medios de comunicación. Según la Comisión Nacional

del Mercado de Valores (CNMV), solo la banca ya tiene acciones por valor de más de 600 millones de euros en medios de

comunicación y, en muchos casos, controla más del 50 % de su

capital. La salud de la democracia española exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación

de opinión pública en nuestro país.

104. Recuperar los 60 000 millones del rescate bancario. En junio de 2017, el Banco de España declaró que daba por perdidos 60 613 millones de euros del rescate bancario a las cajas

y los bancos españoles otorgado por la Unión Europea. El

montante que no se recupera es casi el 80 % de las ayudas

públicas directas invertidas, es decir, dinero de todas y de

todos. Este dinero se puede recuperar en una década mediante la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades

respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un

impuesto específico a la banca. Recuperar todo el dinero del

rescate equivaldría, por ejemplo, a construir 20 000 escuelas

infantiles que nos permitirían cuidar a todos los niños y niñas

menores de 3 años, pagar la pensión de 500 000 personas

jubiladas durante 10 años o levantar 375 000 viviendas públicas para acabar con la crisis habitacional que padece el país.

105. Reestructuración coordinada de las deudas públicas en el

marco de la zona euro. La deuda pública ha superado por

primera vez el 100 % del PIB. Esto tiene que ver con la deuda contraída para hacer frente al rescate bancario durante el

Gobierno de Rajoy y con una arquitectura europea desigual

en la que es necesario que el conjunto de la Unión asuma las

consecuencias de dicha desigualdad y la ataje. Implementaremos la reestructuración a través de una modificación en los

plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación,

mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos

sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a per-

49

PODEMOS.

petuidad. El Banco Central Europeo (BCE) sería la institución

que adquiriría, al valor nominal, los viejos títulos y los canjearía por otros nuevos al 0 % de interés y con el objetivo de

mantenerlos a perpetuidad en su balance. El BCE reestructuraría las deudas públicas de las economías de la zona euro

que excedan del 60 % del PIB.

106. Llevar la democracia a las finanzas internacionales y luchar

contra los paraísos fiscales. Sin justicia económica no habrá

ni paz ni democracia. Por ello, trabajaremos por la aprobación

de un marco jurídico internacional para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Impulsaremos la prohibición internacional de los productos financieros altamente

especulativos, de forma que se superen los Acuerdos de Basilea III. Promoveremos la lucha contra los paraísos fiscales, proponiendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de

un impuesto global sobre la riqueza, así como la transparencia

y la democratización en la adopción de nuevos tratados internacionales, especialmente, de tratados comerciales como el

TTIP y el CETA. Estos deberán ser siempre sometidos a control

parlamentario y, en su caso, a referéndum vinculante.

107. Un compromiso activo con la paz. Fortaleceremos la cooperación europea y un desplazamiento progresivo del espacio

atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y

mejorando tanto las sinergias entre Estados miembros como

la eficacia en conjunto. Apoyaremos la abolición de las armas

nucleares y de los sistemas de armamento letal autónomo

(es decir, carentes de control humano significativo en fases

críticas de su uso) e impulsaremos una educación para la paz

como un aspecto transversal de la acción gubernamental.

108. España, impulsora de la democracia internacional. Frente a la

crisis del multilateralismo, nuestro país debe liderar la apuesta por la democracia internacional. Para ello, promoveremos

la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas con la creación de una Asamblea Parlamentaria en la

ONU, elegida democráticamente, para abordar temas claves

como la violencia estructural contra las mujeres, el cambio

climático, los desequilibrios del comercio internacional, la lucha contra los paraísos fiscales o las migraciones. Esta asamblea impulsará planes de choque para asegurar la paridad

en todos los niveles de las organizaciones internacionales;

trabajará para garantizar la neutralidad de la red como derecho democrático global; liderará los trabajos para crear una

agencia internacional de lucha contra la desinformación que

Programa para un nuevo país

50

garantice la protección de las libertades fundamentales, y reforzará la justicia climática global. Asimismo, recuperaremos

la jurisdicción universal en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014, lo que

situará de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra

el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo.

109. España, con la libre determinación del pueblo saharaui. España

tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental, con

sus gentes y con la solidaridad entre nuestros pueblos. Para ello,

apoyaremos con acciones concretas el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, mediante la implementación de la

sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una solución justa y pacífica

mediante referéndum y los procesos de negociación en marcha.

Estableceremos relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y promoveremos

la ampliación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para

el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la

población saharaui. Aumentaremos las partidas de ayuda humanitaria para los campamentos saharauis; de este modo, el Sáhara

Occidental volverá a ser una zona prioritaria para la cooperación

española. Apoyaremos programas de formación y movilidad de

la población saharaui y cumpliremos lo ya aprobado por el Parlamento: el acceso a la nacionalidad española de las personas

saharauis residentes en nuestro país, con los mismos derechos

que otros países con los que mantenemos relaciones históricas.

110. Atrancar las puertas giratorias en la política, en los altos

cargos de la Administración y en el Poder Judicial. Como

se sabe, la promesa de ocupar puestos en los consejos de

administración de grandes empresas o de beneficiarse de sus

altas retribuciones tras salir del servicio público conlleva la

predisposición, por parte de las personas que hasta entonces

desempeñaban una función dentro de las instituciones del

Estado, a actuar contra el pueblo y a favor de unos pocos.

Estas personas se llevan consigo información muy valiosa, lo

que deja las ventanas abiertas a las peores formas de corrupción y despilfarro. Por eso, consideraremos a las empresas

que cotizan en bolsa como empresas en las que existe conflicto de intereses, ampliaremos a cinco años la duración de

la incompatibilidad para poder pasar al sector privado y tipificaremos como delito los casos graves de puertas giratorias.

51

PODEMOS.

111. Regular los lobbies y hacer transparente su incidencia política. Cada vez que un lobby con intereses económicos se

reúna con un cargo público o de un partido, altos cargos de la

Administración, miembros del Gobierno, diputados o diputadas, senadores o senadoras o jueces y juezas de los altos tribunales, entre otros, la ciudadanía debe poder saberlo. Para

la democracia española, resulta preocupante la capacidad de

influencia de determinados intereses privados organizados

en torno a grupos de presión para incidir en las normas jurídicas y en las decisiones de los poderes públicos, incluido el

manejo de sus recursos.

112. Plan Nacional contra la Corrupción, con el que impulsaremos una reforma del Código Penal para introducir el delito

relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos

que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción,

sí hayan obtenido un beneficio de estos, así como un tipo

agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a

la Administración cuando se cometan a través de partidos

políticos. Este plan incluirá también una ampliación de las

plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. El plan estará coordinado por un organismo independiente del poder político,

integrado por perfiles técnicos de la Administración y actores

relevantes de la sociedad civil en esta materia, para prevenir

la corrupción, asesorar al Poder Judicial y asegurar medios

seguros de denuncia y protección a quien se comprometa

en la lucha contra la corrupción. Se prestará asesoramiento

técnico y formación actualizada a los agentes especializados

en la prevención y persecución de la corrupción y al conjunto

de los trabajadores y trabajadoras del sector público; y, asimismo, se ofrecerá protección real a quienes denuncien, pues

casi siempre se enfrentan en solitario a la maquinaria de la

corrupción con graves consecuencias, al tiempo que se habilitarán formas seguras y veraces de denuncia para proteger

la identidad de las personas que denuncien.

113. Suprimir los aforamientos y acabar con la irresponsabilidad

del Rey. La proliferación de la figura de los aforamientos no ha

tenido nada que ver con la protección de los representantes

públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos

de sus miembros. Por eso, iniciaremos una acción articulada

Programa para un nuevo país

52

para la supresión de aforamientos desde las comunidades

autónomas y el Estado. Al mismo tiempo, trabajaremos en

una reforma constitucional para eliminar el privilegio judicial

más grave, que es la ausencia de responsabilidad del Rey,

establecida en el artículo 56.3 de la Constitución, así como el

hecho de que, en pleno siglo xxi, la justicia se siga administrando bajo la fórmula arcaica de «en nombre del Rey», cuando,

en realidad, esta emana del pueblo. Asimismo, pondremos en

marcha una comisión de investigación sobre los negocios de la

monarquía con el objetivo de determinar si, por ser irresponsable, es una institución idónea para nuestra democracia.

114. Eliminar los privilegios de los cargos electos. Acabaremos

con los privilegios de los cargos electos (diputadas, diputados, senadoras y senadores), tanto de los que gozan durante

el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus respectivos mandatos. Asimismo, rebajaremos las retribuciones de los miembros electos

de las Cortes, de manera que en ningún caso sea superior a

la de los cuerpos de funcionarios del Estado, y revisaremos

los complementos económicos (gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etcétera). Estableceremos

mecanismos de control de las dietas y los desplazamientos y

eliminaremos las indemnizaciones por cese, las llamadas «pensiones de oro» de los exparlamentarios, de modo que sus derechos sean como los del resto de las personas trabajadoras.

115. Reformar la ley electoral para atender al principio de «una

persona, un voto» y aumentar la proporcionalidad del sistema.

Sustituiremos la fórmula de reparto de escaños D'Hondt por la

de Sainte-Laguë, más proporcional. Con este cambio en la ley

electoral, atenuaremos la diferencia entre el porcentaje de votos

y el porcentaje de escaños que obtiene cada partido y, con ello,

las desigualdades en el valor del voto y la representación.

116. Listas cremallera en todos los procesos para garantizar la

presencia de mujeres en las instituciones. Superaremos la

regla de paridad que introdujo la Ley de Igualdad (40-60 %)

al hacer obligatorio un sistema de listas cremallera, que solo

se romperá si beneficia a las mujeres. Así, garantizaremos

que al menos la mitad de las personas con posibilidad de ser

representantes políticas sean mujeres.

117. Reformar la ley electoral para hacer el Senado más proporcional. Sustituiremos el sistema mayoritario actual —que

hace que, por ejemplo, el PP tenga un 62 % de los senadores

53

PODEMOS.

y las senadoras de elección directa con poco más del 30 %

de votos— por un sistema más justo, similar al del Congreso.

118. Garantizar el voto de quienes están fuera derogando el voto

rogado. Reformaremos de manera urgente la ley electoral

para eliminar la carrera de obstáculos para votar que se impuso en 2011 contras los y las compatriotas en el extranjero

y que PP, PSOE y Cs no han querido quitar, lo que ha hecho

que el voto de las personas que residen fuera de nuestro país

haya caído desde el 31 % previo a la reforma de 2011 hasta cifras del 4 % y el 6 % en las últimas elecciones generales.

119. Crear una circunscripción electoral exterior para hacer oír la

voz de quienes viven fuera. Al mismo tiempo que se impide

el voto de nuestros y nuestras compatriotas que viven fuera

con el endiablado sistema del voto rogado, para los 2,5 millones de españoles y españolas en el extranjero no existe un

canal parlamentario a través del cual puedan hacer valer sus

demandas concretas. Por eso, crearemos una circunscripción

para quienes viven en el exterior, con la representación política proporcional a su número.

120. Democratizar y modernizar las campañas electorales. Como

las campañas deben servir para que la ciudadanía pueda conocer los diferentes proyectos políticos en liza, estableceremos la garantía de al menos dos debates entre los o las

candidatas a la presidencia del Gobierno, de los que al menos

uno se celebrará en la televisión pública. También estableceremos un envío único de papeletas que permitirá ahorrar

millones de dinero público.

121. Reconocer el derecho de sufragio a partir de los 16 años.

Frente al discurso conservador que dice que la juventud no

se interesa por la política, estos meses hemos visto las calles

llenas de jóvenes defendiendo el feminismo el 8M y la lucha

contra el cambio climático el 15 de marzo. La juventud quiere

un país mejor y debe poder participar. Además, a partir de

esta edad, se les reconoce la capacidad para realizar actividades como trabajar, emanciparse o conducir, por lo que no

está justificado restringirles el voto.

122. Constitucionalizar la participación con una regulación que facilite presentar iniciativas legislativas populares y no permita invisibilizarlas, y que normalice las consultas cuando se trate de

asuntos muy relevantes, como la entrada de España en operaciones militares. Esta reforma también permitiría abrir nuevos

Programa para un nuevo país

54

espacios participativos, como la deliberación ciudadana en la

elaboración, gestión y control de las políticas públicas, los presupuestos participativos del Estado, la participación en los procesos legislativos en las Cortes Generales o una mayor presencia

de consultas populares, y sentaría las bases para que la participación avance en los demás ámbitos territoriales. Además, cuando

el 15 % del censo electoral entienda que el Gobierno le ha dado la

espalda, podrá iniciar un proceso revocatorio que terminará con

un referéndum en que se decida de manera vinculante si quien

ocupa la presidencia del Gobierno debe dimitir y convocar nuevas elecciones generales. Suprimiremos, además, la necesidad de

autorización del Consejo de Ministros para la celebración de consultas populares locales, en el ámbito de sus competencias.

123. Democratizar los partidos. Aparte de las listas electorales,

incorporaremos la paridad a los órganos de los partidos políticos y serán obligatorias las primarias para acceder a presidir

los órganos ejecutivos de los partidos.

124. Democratizar las empresas. Una economía moderna necesita actualizar la forma de dirigir sus empresas. Por una parte,

apoyaremos las empresas de la economía social, en las que

quien aporta su trabajo y su creatividad en el día a día también dirige la empresa. Por otra, impulsaremos la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado

de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia,

para que nuestra economía aproveche ese talento y las decisiones estratégicas de las empresas sean mejores.

125. Recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la

Iglesia. Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el

privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes

a partir de simples declaraciones de sus propios miembros.

Esto la ha llevado a inscribir a su nombre bienes que —como

se sabe— son de toda la ciudadanía, como la mezquita de

Córdoba o ermitas de muchos pueblos que mantienen en

realidad los vecinos y vecinas, pero también edificios civiles,

como quioscos y plazas. La salud democrática de nuestro

país exige que esto se revise a fondo.

126. Garantizar la libertad para morir dignamente. Toda persona

que padezca un sufrimiento irreversible debe tener reconocido el derecho y la libertad de poner fin a ese sufrimiento.

Para ello, registraremos una ley con todas las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida, así

como para los y las profesionales que las asisten.

55

PODEMOS.

127. Nuestra gente antes que las casas de apuestas. Una nueva

red de casas de apuestas digitales y presenciales está atacando nuestras comunidades. Para protegerlas, se impedirá que

estos locales abran antes de las 22.00 h y que puedan publicitarse, tanto si lo hacen en locales como por internet, tal como

ocurre con otros productos nocivos, como el alcohol y el tabaco. Será obligatorio que coloquen en su entrada un cartel de

advertencia sobre los peligros de la ludopatía y se implementará una estrategia estatal para frenarla. Se limitará su proximidad a centros escolares, se restringirá el uso de reclamos,

como bonos de bienvenida o comida y bebida más baratas de

lo habitual, y se establecerán límites de tiempo de apuestas

y de gastos diarios y mensuales. También incrementaremos

los impuestos a estos negocios con el objetivo de aumentar

la inversión en la prevención y el tratamiento del daño social

que producen. En paralelo, diseñaremos una política para abrir

centros sociales para jóvenes en esos barrios, que funcionen

como espacios cogestionados donde puedan desarrollar actividades de ocio; es decir, una política de cierre de locales de

apuestas y de apertura de centros sociales en nuestros barrios.

128. Despenalizar el cannabis y legalizar su uso con fines medicinales. Despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis

a nivel personal y colectivo, regularemos la actividad de los

clubs sociales de cannabis y estableceremos el rol del Estado

en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el

control de la producción, distribución y consumo de cannabis.

129. Reformar el artículo 49 de la Constitución, que habla de «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos», y hacerlo no solo

para actualizar la terminología, sino, sobre todo, para dotarlo

de rango de derecho fundamental mediante la adaptación de

su enfoque y contenido al paradigma de los derechos humanos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad.

130. Fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía

crítica frente a las fake news. Abordaremos estas cuestiones desde el enfoque de los derechos humanos y conforme

a la deontología periodística. Para ello, se introducirán programas de alfabetización mediática y de ciberseguridad en

todas las fases del sistema educativo y se impulsará una

audiencia activa, crítica y participativa en unos medios de

comunicación plurales. También se aumentará la transparencia en torno a los gastos de comunicación de las Administraciones Públicas.

Programa para un nuevo país

56

131. Establecer vías legales y seguras de entrada en España, poner fin a la irregularidad sobrevenida y garantizar los derechos civiles de las personas migradas. Las migraciones

deben darse en condiciones de seguridad para las personas,

y el Estado tiene que articular los mecanismos para garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la

vida. Por ello, flexibilizaremos los procesos de reagrupación

familiar, recuperaremos la posibilidad de solicitar asilo en

embajadas y consulados de terceros países, articularemos

visados humanitarios, aumentaremos los programas de reasentamiento y crearemos nuevas modalidades de visado,

como el de búsqueda de empleo. Además, flexibilizaremos

los procesos de arraigo, dejando de vincular exclusivamente

la renovación de las autorizaciones de residencia a un contrato en vigor u oferta de empleo. En la misma línea, el derecho al sufragio municipal de las personas extranjeras dejará

de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales; y,

asimismo, se acortarán los plazos requeridos para adquirir la

nacionalidad y se suprimirán las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento de adquisición, como

puede ser el examen de nacionalidad.

132. Objetivo 2020: cero muertes en el Mediterráneo. Refuerzo del

Servicio de Salvamento Marítimo, que permanecerá como servicio público y civil y cuya única función será la salvaguarda de

la vida en el mar. Para ello, dotaremos de recursos y de personal

estable a las tripulaciones. Se protegerá el trabajo de las ONG de

rescate y salvamento en el Mediterráneo Central y se suprimirán

las prohibiciones de salida. Garantizaremos el respeto absoluto

a los derechos humanos en la frontera sur, de acuerdo con la

normativa internacional, y vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente o exprés ilegal. Asimismo, prohibiremos las llamadas «plataformas de desembarco» o similares.

133. Garantizar el derecho de asilo dentro de la realidad global.

Impulsaremos una nueva Ley de Asilo adaptada a la realidad

global actual, que incluya a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales. Hasta entonces,

desarrollaremos de manera urgente el reglamento de la actual Ley de Asilo y revisaremos los criterios de la Oficina de

Asilo y Refugio para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación. Pondremos

especial atención a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata.

57

PODEMOS.

134. Cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Ningún modelo de privación de la libertad de las personas según su

situación administrativa es adecuado para la recepción y acogida de personas migrantes. Es una excepción jurídica y democrática a la que se debe poner fin.

135. Construir un país sin racismo. Impulsaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y el Fomento de la Convivencia

(«Ley 14»). La Ley 14 establecerá medidas para evitar el racismo y otras discriminaciones en todos los ámbitos y creará un

organismo específico de asistencia a víctimas que recogerá

denuncias, investigará eventos en colaboración con la Justicia y podrá participar en procedimientos judiciales. Esta ley

irá acompañada de un Plan Estatal Integral de Convivencia,

con medidas de formación a empleados públicos, de difusión

en medios de comunicación, para la reparación de las víctimas en las fronteras y para el avance en el proceso de descolonización simbólica.

136. Ley Integral contra la Trata de Personas. Las víctimas de trata serán consideradas como sujetos de derecho. La ley asegurará la coordinación de todas las Administraciones, prohibirá

la deportación o el encierro de víctimas en los CIE y las eximirá

de responsabilidad penal si están en situación administrativa

irregular. La ley irá acompañada de planes de formación para

empleados públicos y, gracias a ella, se crearán mecanismos

de atención integral a las víctimas con un enfoque integrador,

transcultural y de protección efectiva en el caso de denuncia

y más allá del juicio.

137. Comisión Nacional de la Memoria Histórica y la Reconciliación con el Pueblo Romaní en España. En la comisión,

participarán diputados y diputadas, senadores y senadoras,

personal de la Administración y personas romaníes expertas.

Esta comisión formará parte de una estrategia estatal para

la erradicación del antigitanismo, que reconocerá el impacto diferencial que tanto la realidad histórica romaní como la

configuración institucional presente ejercen hoy día sobre

sus derechos, y desarrollará y hará efectivo el derecho internacional con respecto al tratamiento de la población romaní,

asumido por España con carácter vinculante.

138. Poner en marcha un Plan Estatal de Retorno para que todas

las personas que vivan fuera de España y quieran volver lo

puedan hacer. Con este fin, y gracias a los tres horizontes que

proponemos, pueden crearse más de un millón de empleos

Programa para un nuevo país

58

y, en este sentido, se dará especial consideración a las personas

emigradas que quieran volver. A esto se sumará, a través de un

cambio en las políticas activas de empleo para que no las discriminen, la consideración de su experiencia en el extranjero en

las ofertas de empleo público (que aumentarán notablemente

fruto de las citadas inversiones), la prestación de la garantía de

ingresos de un mínimo de 600 euros en caso de hogar unipersonal (que puede incrementarse hasta los 1200 euros si no

se tienen ingresos o patrimonio suficiente) y la creación de un

servicio de información y orientación para el retorno en las secciones y oficinas consulares.

139. Mantener la cobertura sanitaria universal para los y las españolas emigrantes. Las élites de nuestro país no solo han expulsado

a cientos de miles de compatriotas, sino que han colaborado

en que pierdan derechos mientras están fuera, como ocurre con la cobertura sanitaria a la que tienen derecho todos

y todas las españolas al margen de donde vivan, porque la

ciudadanía española no se acaba en sus fronteras. Para hacer efectivo esto, trabajaremos para suprimir los acuerdos de

exclusión sanitaria y para incorporar a los emigrantes a los

sistemas de salud del país receptor.

140. Conservar los lazos de las personas emigradas con nuestro país. España sigue queriendo tener cerca a las personas

que han emigrado. Para ello, por una parte, reconoceremos la

nacionalidad española a las personas descendientes de progenitoras y progenitores españoles nacidos en el extranjero

en cualquier momento. Estas personas podrán optar por la

nacionalidad española en caso de que sus madres, padres,

abuelas o abuelos adquirieran la nacionalidad del país de

acogida. A esto se añaden los casos de quienes perdieron la

nacionalidad en el exilio causado por la Guerra Civil y la dictadura, a quienes se les reconocerá con el fin de saldar esa

deuda histórica. Por otra parte, se ofrecerá la enseñanza de

las lenguas y la pluralidad cultural de nuestro país. En los lugares donde existan al menos doce solicitudes, se ofrecerán

clases presenciales de un mínimo de tres horas a la semana,

así como sistemas de educación a distancia donde no haya

solicitudes suficientes.

141. Ningún acuerdo que desproteja a los y las españolas en el

Reino Unido ante el brexit. Como la incertidumbre asociada

a la salida del Reino Unido de la Unión Europea ya está afectando a nuestros y nuestras compatriotas, nos comprometemos a que el Gobierno de España no participe en ningún

59

PODEMOS.

acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido para la

salida de este de la UE que menoscabe los derechos de todo

tipo —incluidos los derechos sociales— de los españoles y las

españolas que residen allí.

142. Fin de las leyes mordaza y de los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona. En 2015,

el Partido Popular nos devolvía a tiempos predemocráticos

con la aprobación de las leyes mordaza, es decir, la Ley de

Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal en sus

limitaciones a la acción política libre. Nuestro país se merece

una democracia del siglo xxi y, por ello, derogaremos las leyes

mordaza y reformaremos el Código Penal para acabar con la

criminalización de la libertad de expresión y de opinión.

143. Crear un Observatorio Ciudadano de Evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas. En las últimas décadas

hemos construido en España aeropuertos sin aviones, autopistas sin conductores, paradas de AVE en pueblos de menos

de mil habitantes… En definitiva, se ha despilfarrado mucho

dinero mientras otras zonas del país, como Extremadura, Soria o Teruel, se han dejado abandonadas. No puede ser que

se sigan cometiendo estos errores. Por eso, es necesario incorporar la fase de evaluación a todas las políticas públicas,

al servicio de los intereses generales. Al mismo tiempo, incorporaremos los saberes científicos a la elaboración de las

normas jurídicas.

144. Despolitizar el Tribunal Constitucional con un sistema de

nombramientos en el que prime el consenso y no las cuotas

partidistas, contraproducentes para la elección de juristas de

reconocido prestigio y para la garantía de su independencia respecto de los partidos políticos en el ejercicio de su

cargo. Derogaremos la «reforma exprés» de la Ley Orgánica

del Tribunal Constitucional llevada a cabo —unilateralmente

y por el procedimiento de urgencia— por el PP en 2015, que

le atribuyó competencias ejecutivas, como la suspensión de

funciones a autoridades, propias de la jurisdicción ordinaria,

pero impropias de la neutralidad institucional del máximo intérprete de la Constitución española.

145. Reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para

reforzar su independencia a través de un sistema de elección

directa por la ciudadanía. Hasta que se apruebe la necesaria

reforma constitucional, mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y

Programa para un nuevo país

la transparencia de la elección de las doce vocalías de procedencia judicial, incluyendo la posibilidad de propuesta de

candidaturas avaladas por la ciudadanía y las comparecencias

públicas iguales a las de procedencia no judicial. El CGPJ deberá cumplir escrupulosamente, en todos los nombramientos

discrecionales, los principios de mérito, capacidad y paridad

de género para compensar la actual infrarrepresentación de

mujeres en la cúpula judicial.

146. Volver a prestigiar el Tribunal Supremo y modernizar el acceso a la carrera judicial. Con la supresión de los aforamientos, la

Sala Segunda de lo Penal tendrá menos peso. Asimismo, la aplicación estricta de los principios de mérito, capacidad y paridad

de género restablecerá el prestigio perdido de todas sus salas,

en especial, la Tercera. Modernizaremos también el sistema de

acceso a la carrera judicial, para lo cual nos inspiraremos en los

mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única

judicial y fiscal, con el fin de superar el sistema de oposición

memorística y de preparación privada, que perpetúan el sesgo

económico y los vicios de formación del Poder Judicial. El proceso selectivo estará compuesto por una fase de formación universitaria pública de posgrado, avalada por la Escuela Judicial;

unas pruebas de acceso a la Escuela Judicial, con preparación

integrada en centros públicos de estudios jurídicos, que incluya

test psicológicos; una prueba escrita anonimizada y corregida

por el sistema de doble ciego y una prueba oral de argumentación jurídica; y una última fase de formación inicial que incluya

conocimientos jurídicos y habilidades y capacidades específicas para un ejercicio acorde a sus fines constitucionales.

147. Garantizar el derecho a una Justicia de calidad. La Justicia

es un servicio público de acceso universal, por lo que la Ley

de Tasas Judiciales se reformará para que nadie quede fuera del

sistema por motivos económicos. Al mismo tiempo, es imprescindible que se destine una mayor dotación de recursos

a la formación y especialización de sus profesionales, especialmente, en perspectiva de género. Se asignará también

una dotación suficiente al sistema de asistencia jurídica gratuita, con una retribución digna para sus profesionales, y se

modernizarán los Institutos de Medicina Legal y Nacional de

Toxicología en reconocimiento a la labor de sus profesionales.

148. Hacer justicia a nuestra memoria democrática. Somos la excepcionalidad europea en términos de impunidad y de haberle dado la espalda a nuestra historia. Vamos a revertir esto

de acuerdo con los principios de los derechos humanos en

torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación

de las víctimas y no repetición (garantizar que no persisten

hoy elementos que siguen causando daño). Para avanzar en

este camino, retiraremos las medallas concedidas a Billy el

Niño y a otros torturadores del franquismo, modificaremos la

Ley de Amnistía para que se puedan juzgar los crímenes de

lesa humanidad del fascismo, tal como hace ineludible el derecho internacional —que se incumple ahora en España—, y

anularemos los juicios del franquismo. También declararemos

nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros

órganos penales, administrativos o militares dictadas durante

la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos,

ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o

expresión de género. Al mismo tiempo, hay que señalar que

el régimen franquista no solo fue una maquinaria autoritaria

diseñada para la represión, sino que operó también como un

mecanismo de saqueo y expolio hacia familias de la jerarquía

franquista. Por ello, una de las claves en la reparación es auditar de los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares.

PROGRAMA ELECTORAL DE PODEMOS 2019: GARANTÍAS DE JUSTICIA LABORAL Y PENSIONES

149. Eliminar la mal llamada «flexibilización» que instalaron las

reformas laborales del PSOE y del PP, y que introduce una

gran precariedad a través de la contratación temporal masiva. De esta manera, dejaremos un único tipo de contrato

temporal, eliminando las demás figuras, y solo podrá realizarse por causas productivas absolutamente imprevistas (no

campañas ni estaciones) y organizativas estrictas, como sustituciones por bajas (interinidad).

150. Prohibir los contratos temporales de menos de un mes y

el fraude de la concatenación de contratos. En caso de poderse celebrar un contrato temporal conforme a la nueva ley,

este tendrá una duración de entre 1 mes y 6 meses, después

de los cuales se pasará automáticamente a uno fijo. Para evitar que se produzca la trampa de despedir antes de ese término para evitar que el trabajador o la trabajadora pase a ser

fijo o fija, cuando se concatenen contratos más allá de ese

límite de seis meses, aunque sea con varias personas, la última contratada de manera temporal se considerará indefinida.

151. Poner coto a las trampas para mantener una temporalidad

fraudulenta. En primer lugar, si se despide a un trabajador o a

una trabajadora con un contrato temporal fraudulento conforme a estas reglas, ese despido será nulo y se deberá readmitir

al trabajador o a la trabajadora con un contrato indefinido.

Con esta medida, evitaremos que los infractores o las infractoras opten por despedir a sus trabajadores y trabajadoras

temporales antes de que sus contratos se conviertan en indefinidos. En segundo lugar, penalizaremos a las empresas que

hagan un uso excesivo de la contratación temporal con una

cuota empresarial a la Seguridad Social más alta e implementaremos programas específicos de inspección en sectores

que se encuentren en una especial situación de precariedad,

como ocurre con muchos de los empleos feminizados.

152. Hacer realmente estables los contratos indefinidos. Un 40 %

de los contratos indefinidos se extinguen antes de un año. No

basta con llamarlos «indefinidos», hay que hacerlos estables y,

para eso, proponemos distintas medidas, que se resumen en la

derogación del conjunto de las dos reformas laborales, de Zapatero y de Rajoy, que precarizaron el contrato fijo. En particular,

estableceremos una regulación clara y adecuada a la coyuntura

de qué circunstancias económicas justifican el despido objetivo.

153. Poner orden en la subcontratación y proteger los derechos

laborales de los y las trabajadoras de subcontratas. Limita-

67

PODEMOS.

remos la subcontratación a servicios especializados ajenos a la

actividad principal de la empresa, de manera que los servicios

propios de la empresa queden excluidos. Es decir, un hotel

no puede subcontratar la limpieza de las habitaciones y una

empresa que presta servicios masivos no puede subcontratar

su servicio de atención al cliente. Cuando la subcontratación

esté justificada, sus trabajadoras y trabajadores tendrán las

mismas condiciones que las de la empresa matriz.

154. Convertir el trabajo a tiempo parcial en una opción digna.

Adoptaremos una serie de protecciones de estos trabajadores y de estas trabajadoras —la mayoría, mujeres—, que aproxime este tipo de contrato a una forma moderna de combinar

el trabajo con la vida, como sucede en muchos Estados de

nuestro entorno. En particular, exigiremos definir el horario

en el contrato, con una distribución regular, de manera que

los trabajadores y las trabajadoras puedan organizar su vida.

También estableceremos como hora extraordinaria cualquier

hora más y, por supuesto, se pagará como tal.

155. Acabar con el fraude de las horas extras. En España se hacen una enorme cantidad de horas extras, muchas de ellas

impagadas y que, además, desequilibran cualquier organización corresponsable entre los tiempos de trabajo y de vida.

Por eso, será obligatorio que las empresas registren las horas

extras y que las paguen, de manera que los trabajadores y las

trabajadoras puedan tener un acceso a estos datos y se garantice que se pagan. En particular, en empleos a tiempo parcial, será extraordinaria cualquier hora por encima del tiempo

del contrato, y, por supuesto, se pagará como tal.

156. Poner orden en el sistema de prácticas externas para que

sean un trampolín y no una trampa de precariedad. Para

ello, garantizaremos que estén incluidas en los planes de estudio y que sean formativas, y que estén tuteladas profesionalmente y sean retribuidas al menos conforme al SMI según

el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de

cinco horas.

157. Jornada laboral de 34 horas semanales y reorganización de

los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. (Véase el apartado

«Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).

158. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. (Véase el apartado «Horizonte Morado y Economía de

los Cuidados»).

Programa para un nuevo país

68

159. Acabar con la brecha salarial. (Véase el apartado «Horizonte

Morado y Economía de los Cuidados»).

160. Fin del fraude de las y los falsos autónomos. Se estima que

son ya 225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas. Como esto perjudica a los

derechos de esas personas y priva de unos 600 millones al

año a la Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle la vuelta a esta situación. Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma

tenga una única vía de ingresos relevante. Al mismo tiempo,

protegeremos a quien sufre el fraude —es decir, a la o el falso

autónomo— y obligaremos a la empresa a incorporar a esa

persona con un contrato indefinido y a abonar su afiliación a

la Seguridad Social, así como otros derechos que hubiera generado si, desde el inicio de su relación laboral, hubiera estado

contratada de manera legal. Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de trabajo, organizada a partir

de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la

altura del fraude.

161. Establecer cuotas justas para las y los autónomos. En el modelo actual, hay un desajuste entre los ingresos realmente

obtenidos por las personas que trabajan como autónomas

y sus cotizaciones sociales, que perjudica, sobre todo, a las

más precarias. No hay que olvidar que la tasa de pobreza

entre las personas que trabajan como autónomas triplica en

España la de quienes trabajan por cuenta ajena. Por ello, es

urgente atender la situación de estas personas, que deben

cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y

no con la desproporción actual.

162. Una segunda oportunidad para las personas con deudas.

Ampliaremos la condición de consumidoras y consumidores a las trabajadoras y los trabajadores autónomos y a las

pymes cuando se relacionen con grandes empresas y entidades financieras para la contratación de préstamos o créditos hipotecarios. Se aplicará un nuevo procedimiento judicial

simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que tendrá una fase de conciliación, en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras. Esta

propuesta podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas. En caso de que no haya acuerdo, será el

juez o la jueza quien decida el plan de pagos. En el caso de

deudoras y deudores hipotecarios, este procedimiento permitirá realizar una dación en pago, incluso retroactiva, que

69

PODEMOS.

permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco,

a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este

modo la deuda restante. Así evitaremos que las deudas sean,

en la práctica, a perpetuidad.

163. Recuperar el poder de la negociación colectiva, devolviendo a

los sindicatos la fuerza que les quitaron las reformas de Zapatero y de Rajoy. Para ello, estableceremos la prevalencia de los

convenios de sector, sean de ámbito provincial, autonómico o

estatal, para establecer las condiciones mínimas de trabajo, de

modo que se evite el empeoramiento de condiciones por medio

de convenios de empresa. Como garantías añadidas, se revisarán las amplias posibilidades que tiene ahora la modificación

sustancial de las condiciones de trabajo y se establecerá que

el mismo grupo empresarial, con sus empresas dependientes,

tiene que ser una unidad de negociación. Asimismo, restableceremos la llamada «ultraactividad» de los convenios, es decir, su

prórroga automática cuando no haya uno nuevo que lo sustituya. La situación actual, en la que se dejan de aplicar en la fecha

en que terminan, desarticula cualquier posibilidad de negociación para alcanzar una mejora de las condiciones, ya que, simplemente al bloquear la situación, se retrocede a una situación

peor para los trabajadores y las trabajadoras.

164. Alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1200 euros en la

próxima legislatura. Gracias a la presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del salario

mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900 euros

mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inmediatamente a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una

legislatura: que el SMI sea, al menos, el 60 % del salario medio.

165. Fortalecer las protecciones por desempleo. Las reformas laborales también recortaron nuestros derechos en esta situación.

Incrementaremos la prestación al 70 % de la base reguladora

desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y elevaremos las

cuantías máximas y mínimas. No se perderán periodos acumulados para la prestación que no hayan sido consumidos, de manera que, para calcular la duración, se tendrán en cuenta todos

los periodos cotizados y no consumidos, sin tener que optar

por un periodo y perder el anterior. Estableceremos el derecho

a no consumir la prestación mientras se está en situación de

incapacidad temporal y reconoceremos esta protección a los

empleados y las empleadas del hogar y a quienes reciban prestación para el cuidado de familiares al finalizarse esta.

Programa para un nuevo país

166. Protección especial por desempleo para jóvenes. El periodo

de cotización exigido para tener derecho a la prestación por

desempleo se reducirá a la mitad para menores de 30 años, al

mismo tiempo que la duración de la prestación subirá de un

tercio del tiempo trabajado a la mitad.

167. Recuperar los derechos laborales en el sector público. Garantizaremos la recuperación del poder adquisitivo y de los

derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad, así como de los derechos laborales directamente

relacionados con la conciliación de la vida familiar, como el

régimen de permisos, las vacaciones y los derechos de jubilación. También revisaremos las pensiones del sector público

que han visto mermadas sus bases de cotización.

168. Recuperar derechos en los empleos más precarios y feminizados. Por una parte, garantizaremos los derechos y las mejoras laborales de las camareras de piso (las kellys). Exigiremos

que estén contratadas directamente por el establecimiento

hotelero —ya que nuestra reforma de la subcontratación impide que una empresa pueda externalizar servicios que forman parte de su actividad principal, como es, en el caso de

los hoteles, mantener limpias las habitaciones— y reconoceremos la posibilidad de jubilarse de manera anticipada sin

penalización, debido a la dureza de su empleo. También impulsaremos, junto con las comunidades autónomas, un sello

de calidad turística que, entre otros criterios, reconozca a los

establecimientos turísticos que cuidan y protegen los derechos de sus empleados y empleadas. Por otra parte, garantizaremos los derechos de las empleadas del hogar con la

ratificación del Convenio 189 de la OIT y su integración dentro del Régimen General de la Seguridad Social, con igualdad

de derechos que cualquier otra persona que trabaja, como el de

tener una prestación por desempleo o protecciones frente al

despido. Asimismo, reconoceremos la posibilidad de completar periodos no cotizados (las llamadas «lagunas de cotización») para alcanzar el periodo mínimo que da acceso a una

pensión contributiva, tal como tienen otras personas trabajadoras. También se reconocerá la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por las mismas razones de especial

dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares

respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como

el de las aparadoras de calzado y otros.

169. Reconocer los derechos sindicales y civiles negados a los

y las guardias civiles. Reconoceremos la condición de sin-

71

PODEMOS.

dicatos de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y

derogaremos las normas que prohíban a sus miembros la

participación en la vida sindical. Al mismo tiempo, garantizaremos sus derechos laborales y la capacidad de organización

para defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que prestan a toda la ciudadanía. Por otro lado, suprimiremos la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, con el fin de

separarla del ámbito militar y constituirla como una verdadera

fuerza civil de seguridad pública.

170. Culminar la equiparación salarial de la Policía y la Guardia

Civil al hacer efectiva la iniciativa legislativa popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial de las Policías del Estado español.

171. Dignificar las retribuciones de nuestros y nuestras militares

sin más excusas ni retrasos y equiparar derechos. Aumentaremos la partida dedicada a retribuciones en los próximos

presupuestos y la consolidaremos en el reglamento de retribuciones del personal. Es urgente aproximar las condiciones sociolaborales de nuestras y nuestros militares, tanto a las de las

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) como a las de

las y los funcionarios públicos en general, así como revisar el sistema para compensar los excesos en la jornada laboral. Al mismo tiempo, equipararemos sus derechos civiles a los del resto

de la ciudadanía; en particular, los derechos fundamentales de

reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos. Fomentaremos y normalizaremos la actividad de las asociaciones de militares como

instrumento clave para el desarrollo de sus derechos y deberes, permitiendo su actividad y otorgando protección laboral

a sus representantes y subvenciones equiparables a las de las

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se suprimirán los

arrestos sin tutela judicial efectiva en el régimen disciplinario

y, en los casos de movilidad geográfica, se considerarán los

perjuicios ocasionados para los y las militares y sus familias.

También se renovarán los órganos de participación, como el

Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), con

criterios democráticos y vinculantes para la elaboración de las

normas sociolaborales. En la misma línea de equiparación de

derechos, se reformará la Justicia militar: se suprimirá la Sala

Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, y se crearán órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares, servidos por jueces o juezas y magistrados y magistradas

con la formación adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal.

Programa para un nuevo país

72

172. Frenar el ERE encubierto del Ministerio de Defensa para las

y los militares mayores de cuarenta y cinco años. A través

de una reforma de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la

carrera militar, suprimiremos los actuales compromisos temporales (de tropa y marinería, con cuarenta y cinco años, y de

complemento) y estableceremos una carrera militar integral

sin discriminaciones por escala.

173. Dignificar la situación de las funcionarias y los funcionarios de

prisiones. Por un lado, mejoraremos sus condiciones sociolaborales, en cuanto a retribución, formación y medios, con la equiparación de condiciones entre personal funcionario y laboral,

una adecuación de los complementos conforme a la reclasificación necesaria de los centros penitenciarios y un proceso de negociación con las asociaciones y los sindicatos. Por

otro lado, incrementaremos esta plantilla para responder a

las 3400 vacantes actuales sin cubrir y resolver con empleo

público la masificación de las prisiones, en lugar de hacerlo

con personal precario y sin formación adecuada. En este sentido, desprivatizaremos la vigilancia de los perímetros de las

cárceles, ya que se trata de un servicio de seguridad pública

que deben asumir la Policía y la Guardia Civil, como esta ya

hacía antes en exclusiva. Así, se dispondrá de recursos para

mejorar las condiciones laborales de la Policía, la Guardia Civil

y los funcionarios y las funcionarias de prisiones, así como la

vida de las personas reclusas.

174. Ley específica para el sector de los Servicios de Prevención,

Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), en el marco

del Sistema Nacional de Protección Civil. Con esta norma, estableceremos los criterios básicos para la coordinación de la

actuación de los servicios en todo el Estado y los derechos

laborales de este personal, homologando las escalas, categorías y distintivos comunes en las comunidades autónomas y

garantizando que la categoría profesional de bombero o bombera sea, como mínimo, C1 en todo el Estado, de conformidad

con lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

175. Ley específica para bomberos y bomberas forestales en el

marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma

establecerá obligaciones para las Administraciones competentes en relación con la elaboración de planes generales,

territoriales, especiales y de autoprotección. También establecerá los derechos laborales del sector mediante la creación del Estatuto Básico de Bomberas y Bomberos Forestales,

que reconozca las funciones propias de estos servicios en el

73

PODEMOS.

medio natural y rural, y los aspectos de salud y prevención de

riesgos laborales, así como las categorías profesionales y sus

especificaciones de formación.

176. Cuidar a los y las profesionales del deporte y fomentar el deporte femenino mediante una ley marco estatal. Esto mejorará

sus condiciones laborales, ya que la actual ausencia de reglas

favorece la precariedad que reina en el sector. Esta norma también incrementará la protección de la salud de quien utiliza

estos servicios, que muchas veces se prestan sin la titulación

profesional adecuada. Se establecerán planes plurianuales de

becas y financiación de las federaciones para ofrecer a nuestros

talentos seguridad durante los ciclos de preparación de la alta

competición. También se diseñarán programas de transición a

la vida laboral ordinaria de los y las deportistas que finalizan

sus carreras, con especial atención a la inclusión laboral de las

mujeres y a las oportunidades a través del empleo público. Este

sector, cuya Ley del Deporte tiene casi 30 años, debe adaptarse

a la realidad de que el deporte femenino goza hoy de un seguimiento y de una asistencia a las competiciones similar, y en ocasiones superior, al masculino, al mismo tiempo que las propias

deportistas tienen que luchar día a día contra la desigualdad en

su reconocimiento y en sus retribuciones. Por eso, reconoceremos las competiciones femeninas de máxima categoría y a sus

deportistas como profesionales, y estableceremos premios y

dietas iguales para mujeres y hombres. También fomentaremos

el incremento de la información deportiva dedicada al deporte

femenino con el objetivo de alcanzar la paridad, algo con lo que

empezarán los medios públicos conforme a criterios objetivos

de éxito en las competiciones nacionales e internacionales.

177. Aumentar un 50 % la tasa de actividad de las personas con

diversidad funcional y garantizar el empleo con apoyos. Estas personas tienen una tasa de paro del 28,6 %, 9 puntos

por encima de las personas sin diversidad funcional. Es en el

acceso al mercado de trabajo donde se encuentra la barrera

principal, por lo que aprobaremos una nueva Ley de Inclusión

Laboral, dotada con un aumento de recursos suficiente.

178. Convocatoria electoral para representantes de agricultores y

agricultoras y de ganaderos y ganaderas. Hace 5 años se aprobó la Ley 12/2014, que regula la representación de agricultores

y agricultoras y ganaderos y ganaderas por parte de las organizaciones profesionales agrarias, pero, en este tiempo, aún no

se han convocado las elecciones que allí se preveían a escala

estatal ni en algunas comunidades autónomas. En tanto que

Programa para un nuevo país

74

no se convoquen, son el Ministerio y las consejerías autonómicas correspondientes los que eligen las organizaciones representativas con las que negocian. Esta dilación retrasa también

los cambios que estos sectores productivos necesitan y que los

productores y las productoras están demandando con urgencia. Por eso, debe superarse la situación actual y deben convocarse esas elecciones a escala estatal. Hasta ese momento,

también es necesario que la interlocución se mantenga ya con

las organizaciones que hayan obtenido un respaldo significativo

de los agricultores y agricultoras y de los ganaderos y ganaderas en las elecciones autonómicas que sí se han celebrado.

179. Garantía de revalorización de las pensiones. Estableceremos

la actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa.

180. Derogar el factor de sostenibilidad. En un periodo de 30

años, en caso de mantenerse una evolución de la esperanza

de vida como la prevista, esta fórmula produciría un descenso en la pensión inicial de entre el 9 % y el 18 %. De no haberse

conseguido un retraso en su aplicación, ya este año hubiera

descendido un 0,5 % la pensión de las personas que se incorporaran. Además, la medida retrasa la edad de jubilación (en

un país con grandes problemas de empleo juvenil y entre los

trabajadores y las trabajadoras mayores). Los y las pensionistas ya consiguieron que el Gobierno del PP de Rajoy tuviera que suspender la entrada en vigor de este mecanismo en

2019, pero no se eliminó, sino que se pospuso al año 2023;

por eso, hay que derogarlo de una vez.

181. Incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas.

Al establecer una garantía universal de ingresos suficientes

de, al menos, 600 euros por persona sola —que, además,

podrá elevarse en función de la situación y el tamaño del

hogar, como señalaremos en el apartado «Garantías de Justicia Social»—, se habrán elevado de un plumazo estas pensiones mínimas y no contributivas, como algunas pensiones

de jubilación, viudedad, por incapacidad, etcétera, que principalmente reciben mujeres. Con este paso, avanzaremos

en un calendario de mejora hacia los objetivos de la Carta

Social Europea.

182. Las personas que lleguen a la edad de jubilación podrán

elegir libremente los años de cómputo para el cálculo de

sus pensiones entre todos los de su vida laboral. Tanto la

75

PODEMOS.

limitación de que sean los últimos años como la de que sean

consecutivos estaban pensadas para un modelo laboral anterior y, ahora mismo, perjudican especialmente a las personas

cercanas a la edad de jubilación con dificultades para tener

buenos empleos.

183. Fortalecer los ingresos del sistema de Seguridad Social.

Aparte de la creación neta de empleo y, por tanto, de ingresos de los horizontes verde, morado y digital, revisaremos el

actual sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad Social y de bonificaciones, que ha demostrado ser incapaz de

generar empleo y que supone una pérdida de más de 3000

millones cada año, para invertir ese dinero de manera más

eficaz. Eliminaremos, además, los topes de cotización, de

manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más

a la Seguridad Social, así como los beneficios fiscales por las

inversiones en planes de pensiones privados

184. Las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán

jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones.

Con el actual sistema, muchas personas que ya han cotizado más de 35 años, pero que, sin embargo, no encuentran un

empleo digno en los últimos años de su vida laboral, no pueden acceder a la jubilación, porque sufrirían una penalización

muy alta por cada año que adelantaran la fecha. Aplicaremos

la medida también de forma retroactiva a quienes se hayan

visto perjudicados o perjudicadas al ver reducida su jubilación

por el hecho de hacerlo anticipadamente bajo la regla en vigor.

185. Compensar las lagunas de cotización. Extenderemos el derecho a completar el periodo mínimo para tener acceso a una

pensión contributiva con las bases de periodos no cotizados

que tienen otros trabajadores y trabajadoras a empleados y

empleadas del hogar, autónomos y autónomas y trabajadoras

y trabajadores agrarios, en lo que se conoce como «lagunas de

cotización», que perjudican, principalmente, la trayectoria de las

mujeres. También consideraremos periodo cotizado el empleado en el servicio militar obligatorio.

186. Jubilación anticipada en sectores especialmente duros. Agilizaremos el reconocimiento de la posibilidad de jubilarse antes

de los 65 años sin penalización para trabajadores y trabajadoras

en sectores especialmente duros y precarios, como camareras y

camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederas y rederos, trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos

industriales penosos y de transporte en carretera, entre otros.

PROGRAMA ELECTORAL DE PODEMOS 2019: GARANTÍAS DE JUSTICIA SOCIAL

187. Blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de

su efectividad, conforme al derecho internacional. Esto implicará afrontar efectivamente el acceso a la vivienda como una

cuestión de Estado. La burbuja del alquiler, unida a la anterior

burbuja hipotecaria, ha llevado a que en España se destine,

en promedio, más de un tercio de la nómina mensual al alquiler de vivienda o que el 80 % de los menores de treinta años

vivan en casa de sus padres porque no pueden acceder a un

derecho reconocido en la Constitución. Al mismo tiempo, el

último censo de viviendas publicado por el Instituto Nacional

de Estadística (INE) señalaba que, en España, se encuentra el

mayor stock de viviendas vacías de Europa: 3,4 millones.

188. Intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler

estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias. Para ello, estableceremos mecanismos de control y

regulación de los precios del alquiler mediante la creación de

índices de precios de referencia adaptados a las realidades

locales, para lo que se habilitará a los Ayuntamientos con el

fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con

precios especialmente tensionados, con el objetivo de que

ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto

de alquiler.

189. Garantizar un alquiler estable, asequible y seguro. Para asegurar la renta y la estabilidad del contrato en beneficio de

ambas partes, se implantará un contrato de arrendamiento

indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada. En los casos en que el arrendatario sea especialmente

vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de

alquiler se prorrogará de manera automática.

190. Crear un gran parque de alquiler público de precio asequible. Siguiendo el modelo exitoso de ciudades europeas como

Viena, incrementaremos en 50 000 viviendas al año, durante

toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas

vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros

sancionatorios, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías. Aumentaremos la inversión pública

en vivienda hasta equipararla a la media europea. Paralizaremos y revertiremos la privatización de viviendas públicas y la

venta de suelo público. Impulsaremos nuevas figuras de ce-

81

PODEMOS.

sión de uso de vivienda a la Administración, a cambio de una

garantía suficiente de cobro y conservación de la vivienda,

junto con formas alternativas de tenencia. La juventud tendrá

un acceso prioritario a este parque de viviendas.

191. Luchar contra los fondos buitre y la especulación con la

vivienda. Para ello, auditaremos los activos tóxicos de las

entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporaremos, así, a los programas de vivienda las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb. Al mismo tiempo,

elaboraremos un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas. Acabaremos también con las SOCIMI, por tratarse de mecanismos de

elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante

como la vivienda.

192. Poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos

para recuperar la habitabilidad de nuestros barrios y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible. Para priorizar la

convivencia en nuestros barrios, permitiremos a las comunidades de propietarias y propietarios regular las condiciones

de estos pisos y estableceremos una regulación básica sobre

las condiciones de estas licencias, en colaboración con las

Administraciones competentes, que incluirá su retirada cuando incumplan la ley, por ejemplo, al no pagar los impuestos

correspondientes. Junto con las Administraciones locales,

estudiaremos también establecer un porcentaje máximo de

viviendas destinadas a pisos turísticos en función de las características de cada barrio para descentralizar la actividad

turística y mejorar la convivencia.

193. Prohibir los desalojos sin alternativa habitacional. En ningún

caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus

familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración

competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea

en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario

motivada por la falta de vivienda asequible. Nos aseguraremos

de que España cumpla con sus obligaciones internacionales en

materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estableceremos protocolos de coordinación entre el Consejo General

del Poder Judicial y las distintas Administraciones para definir

los procesos de actuación entre jueces y unidades de servicios

sociales competentes, que intervengan en casos de desalojo de

familias y personas en situación de vulnerabilidad y garanticen

una alternativa habitacional adecuada.

Programa para un nuevo país

82

194. Garantizar el derecho a la defensa de los deudores y las deudoras hipotecarias. España debe cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a garantizar

el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los deudores y las deudoras hipotecarias. Con este objetivo, cambiaremos el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar

todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección

de las personas consumidoras, en especial la Directiva 93/13 de

la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos

celebrados con consumidores.

195. Proteger a los deudores y deudoras hipotecarios sin recursos suficientes con la limitación de su deuda al valor del bien

hipotecado y el reconocimiento de derechos de reestructuración de deuda, quita y dación en pago. Adoptaremos medidas

adicionales de protección a familias con ingresos inferiores a

3 IPREM que no pueden pagar su hipoteca, y derogaremos el

IRPH como indicador de los tipos de interés variable en créditos o préstamos hipotecarios con efecto retroactivo, de manera que las familias puedan reclamar lo pagado indebidamente.

196. Suministros básicos garantizados. Con las reformas estructurales del sistema eléctrico, se bajará el precio de la factura

de la luz, pero también se impedirán los cortes de suministros

básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como

la pobreza sobrevenida. Estas protecciones, que se activarán

de manera automática cuando exista situación de vulnerabilidad, durarán un año y se extenderán mientras persista la

situación de vulnerabilidad. Además, se sumarán a un sistema de sanciones a las compañías cuyos contratos contengan

cláusulas abusivas o sean opacas en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.

197. Garantizar los ingresos suficientes para que nadie se quede

atrás. Garantizaremos por ley que nadie se quede sin ingresos

suficientes, con independencia de su suerte con el empleo o

de su pensión. Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto

de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros. Esta renta

garantizada se actualizará periódicamente con el valor más

alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas.

83

PODEMOS.

198. Romper el círculo de la pobreza infantil. Prestación para el

cuidado de niños, niñas y adolescentes. (Véase el apartado

«Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).

199. Incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas.

(Véase el apartado «Garantías de Justicia Laboral y Pensiones»).

200. Actualizar el indicador público de renta de efectos múltiples

(IPREM). Subiremos inmediatamente este índice un 25 % y lo

ligaremos al valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano para evitar que las prestaciones que se vinculan

a este índice vuelvan a perder valor o sean menos accesibles.

201. Alcanzar la inversión en servicios públicos propia de otros

Estados de la zona euro en una legislatura. Esto supondrá pasar del actual 6 % del PIB en sanidad al 7,5 % del PIB en 2023, lo

que nos permitirá impulsar la atención primaria con recursos

suficientes, que supondrán al menos el 20 % del gasto sanitario. También permitirá cuidar al personal sanitario y acabar con

su precariedad, así como implementar un programa de recuperación de aquellos y aquellas profesionales que han tenido

que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España. En

educación, se pasará del 4 % del PIB al 5,6 % en 2023, con una

financiación suficiente de las comunidades autónomas.

202. Poner freno a la mercantilización de la sanidad. Nuestra salud no puede ser un bien como otro cualquiera, con el que

hacer más dinero y del que se priva a quien no puede pagarlo. Adoptaremos medidas urgentes para proteger este patrimonio común frente a su privatización, como es, por ejemplo,

la sustitución de la normativa vigente —que favorece la expansión de la gestión privada de la sanidad— por una que se

base en la gestión pública directa.

203. Reducir las listas de espera para garantizar que, en una legislatura, ninguna cita con un especialista ni operación que

tenga que ver con una patología grave se retrase más de un

mes. Dentro de las competencias del Estado, a través de los

órganos correspondientes y con la dotación de los recursos

materiales y humanos necesarios, se hará valer esta garantía.

204. Incorporar el servicio de dentista gratuito a los servicios del

sistema de salud y que este cubra servicios básicos no incluidos hasta ahora, como empastes, limpiezas, ortodoncias,

endodoncias, prótesis y férulas.

Programa para un nuevo país

84

205. Garantizar el acceso universal a la sanidad y eliminar los copagos. Algunos de los recortes más crueles de la crisis se vivieron en la sanidad. Uno de ellos fue la exclusión de muchos

vecinos y vecinas que estaban lejos de la atención sanitaria,

y otro fue el establecimiento de numerosos copagos, que hicieron que muchos y muchas pacientes dejaran de medicarse

o de recibir servicios por no poder pagarlos. Por eso, se recuperará de manera completa el acceso universal a la atención

sanitaria, sin discriminaciones en el tratamiento ni requisitos

innecesarios para tener acceso a los servicios. Se eliminarán

los copagos y, en cambio, se establecerán garantías para que

no puedan introducirse otros nuevos.

206. Cuidar al personal sanitario. Los recortes han afectado enormemente a quienes nos cuidan desde el sistema sanitario y

han perjudicado la atención a toda la ciudadanía. Por eso,

pondremos fin a la precariedad del personal sanitario, implementaremos un programa de recuperación de quienes han

tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España, así como un Plan Estatal de Formación Continua que

responda al interés de los y las profesionales y de toda la

ciudadanía, por encima de criterios comerciales.

207. Tomar en serio la salud mental. Nuestro sistema ha desatendido casi por completo la salud mental y ha trasladado la

responsabilidad de la atención y la prevención a las familias y

personas allegadas. Es el momento de construir un verdadero sistema de atención a la salud mental, tal como diseñamos

en nuestra proposición de ley en el Congreso, con un enfoque

de género y derechos humanos, y con un protocolo especial

para prevenir el suicidio entre los y las pacientes.

208. Romper el ciclo de la comida basura. Las grandes corporaciones alimentarias obtienen hoy enormes beneficios por la

venta de muchos productos de bajo valor nutritivo, pero mucho impacto publicitario. Este circuito afecta a niños, niñas

y adolescentes, así como a poblaciones vulnerables, y acaba por perjudicar a la salud con un efecto acumulado sobre

otros problemas sociales. Para empezar a romper el ciclo de

la comida basura, estableceremos obligaciones claras en el

etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos

conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una

fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más

bajo para alimentos frescos y saludables. Se regulará la publicidad alimentaria, se perseguirá de manera contundente la

85

PODEMOS.

publicidad engañosa y se restringirá la publicidad de comida

basura en horario infantil, en los medios a su alcance o en el

patrocinio de espectáculos deportivos o aptos para menores.

Además, la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales será un modelo de alimentación de

calidad y de cercanía.

209. Promulgar la Ley Celiaca. Las personas celiacas padecen dificultades y sobrecostes para acceder a alimentos básicos,

de modo que es necesario garantizar una acción pública y un

marco normativo que las apoye y que compense esta situación. Se impedirá la discriminación laboral y escolar de personas con enfermedades como la celiaquía o la diabetes. Se

impulsarán la investigación, la prevención, la promoción y el

tratamiento eficaz, así como la creación y publicación de un

listado de alimentos sin gluten, de gestión pública, para evitar

clientelismos y dudas. Se mejorarán, junto con las comunidades autónomas, las estrategias de diagnóstico precoz y la

participación de las asociaciones de afectados y afectadas

en las labores de planificación y seguimiento de la seguridad

y calidad alimentarias. Se incentivará que establecimientos,

productores y productoras incluyan opciones sin gluten, y se

estudiarán ayudas directas y fiscales para las familias afectadas. Esta regulación se actualizará al ritmo de los avances

médicos y científicos.

210. Aprobar el Plan Nacional de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Aprobaremos este

plan en el plazo de un año con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, y de

garantizar la protección de sus derechos.

211. Garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material escolar y comedor durante todas las

etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Asimismo, acabaremos con el pago ilegal de las

cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada,

que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las

familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público.

212. Formular una nueva ley de educación que deje atrás la LOMCE.

Esta norma será el instrumento fundamental para revertir los

procesos de privatización y segregación de la última década,

que impiden que la educación cumpla su función de igualador

Programa para un nuevo país

86

social. Incorporará también los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa durante estos años y blindará la escuela

pública como eje vertebrador del sistema educativo.

213. Universidad pública gratuita. La mayor parte de la financiación

de las Universidades públicas ya procede del dinero público y

no de su pago directo. Constatada esta realidad, el efecto de

exigir pagar matrículas, crecientes además en la última década, supone la introducción de barreras poco eficientes para

que los y las jóvenes más vulnerables no puedan acceder a la

universidad. Con esta propuesta, garantizaremos, en cambio,

que cualquier joven que quiera y pueda estudiar lo haga con

igualdad de oportunidades, al margen de dónde haya nacido.

Esta medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los másteres cuando sean

habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En

los demás casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados.

214. Asegurar un sistema de becas suficiente. El aumento del alquiler y de las tasas ha convertido estudiar en algo imposible

para muchas familias, y quienes han accedido con recursos

escasos han tenido que quitarse tiempo de estudio para trabajar. Esto afecta de manera decisiva a la igualdad de oportunidades. Por eso, el nuevo sistema de becas no solo aumentará

las becas concedidas y su cuantía, sino que dependerá en exclusiva de la posición económica. Asimismo, se establecerá un

calendario para que se resuelvan antes del comienzo del curso

académico y se ingresen durante el primer trimestre.

215. Garantizar al personal docente interino las mismas condiciones laborales que al resto del personal docente. Asimismo, se

establecerá un proceso extraordinario de consolidación de empleo que en ningún caso suponga la pérdida del puesto de trabajo para el personal docente interino, de manera que, en el

plazo de cuatro años, se reduzca la tasa de interinidad al 7 %.

También se instaurará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de contratación que

permita contratar cada curso y despedir en verano.

216. Igualdad de oportunidades en la educación. Implementaremos un Plan de Choque contra el Fracaso Escolar y el

Abandono Escolar Prematuro y un Plan Estatal contra la Segregación Escolar, junto con las comunidades autónomas,

en el seno de la Conferencia Sectorial. Ambos incluirán objetivos, indicadores, medidas y presupuesto suficiente para

87

PODEMOS.

cumplir los objetivos de mejora del acceso a la educación

postobligatoria y reducción de la concentración del alumnado desfavorecido en ciertos centros escolares.

217. Eliminar los conciertos educativos y las subvenciones a las

escuelas que practican la segregación educativa por razones de sexo.

218. Implementar un Plan de Mejora de la Convivencia para la

Prevención del Bullying (acoso) y la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades autónomas. Garantizaremos la seguridad y la igualdad de oportunidades

para todo el alumnado, independiente de su lugar de procedencia, orientación sexual, identidad y expresión de género o cualquier otra característica, introduciendo los perfiles

profesionales educativos que sean necesarios. Para ello, se

establecerán protocolos de actuación y de mediación, tanto

en centros públicos como privados o privados concertados, y

se suprimirán del material educativo los contenidos que perpetúen un modelo discriminatorio.

219. Equiparar la educación artística superior con el resto de la

educación superior. En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias

para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de

los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del

estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo

del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

220. Implantar la educación inclusiva en la escuela ordinaria pública. Tal como exige el artículo 24 de la Convención Internacional

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es fundamental para el desarrollo personal e intelectual de estas que puedan participar en la educación en un entorno inclusivo y habitual.

221. Reforzar la Educación Física y el acceso al deporte. Esta

asignatura recuperará su condición troncal y se incorporará

al bachillerato. En coordinación con las demás Administraciones, impulsaremos también programaciones deportivas en los

centros públicos, en las que deberá haber una proporción de

actividades gratuitas que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes practicar deporte al menos tres veces a la semana de manera gratuita. Implantaremos planes específicos en

las zonas rurales y en aquellas con mayor desigualdad social.

Programa para un nuevo país

88

222. Establecer un centro de servicios sociales por cada veinte

mil habitantes, que estará compuesto, al menos, por un trabajador o una trabajadora social, un educador o una educadora

social y un psicólogo o una psicóloga. Se trata de un aumento

que exigirá la propia ampliación del catálogo de prestaciones

y la expansión de las infraestructuras sociales para el horizonte

morado que hemos propuesto, de ahí la necesidad del aumento de centros y plantillas enfocados a una población receptora

cada vez más amplia y heterogénea. Bajo la dirección estratégica de las comunidades autónomas, promoveremos también

la gestión municipal de los equipos de servicios sociales para

potenciar la intervención comunitaria.

223. Garantizar a través de la Ley de Servicios Sociales una

cartera mínima de servicios. Consensuada con las comunidades autónomas, esta norma dará entidad a los servicios

sociales, delimitándolos como un catálogo de servicios,

cuidados, apoyos e intervenciones para complementar y

potenciar la autonomía funcional en la vida cotidiana. Asimismo, vincularemos el modelo de servicios sociales a la

creación de empleo estable y de calidad, y garantizaremos

una cartera estatal de servicios que salvaguarden la dignidad, la privacidad, la igualdad y la justicia. Se tratará de

un catálogo de servicios mínimos y comunes de gestión

descentralizada, que se coordinarán con otras políticas públicas para proporcionar una atención integral en todas las

comunidades autónomas.

224. Crear por ley un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal,

con una dotación del 1 % de la inversión anual de los Presupuestos Generales del Estado en obras públicas e infraestructuras,

nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con este fondo, se financiarán en el conjunto del país los programas y las

actuaciones de accesibilidad universal en los procesos, bienes,

productos, servicios, transporte, información y comunicaciones,

así como en los medios de comunicación social, de modo que

se garantice una vida independiente a todas las personas con

diversidad funcional.

225. Reconocimiento constitucional de las lenguas de signos españolas y desarrollo de la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios

de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con

discapacidad visual y sordociegas, para garantizar de manera efectiva sus derechos.

89

PODEMOS.

226. Aumentar y agilizar las prestaciones para material ortoprotésico. Tener una situación de diversidad funcional sale caro

y finalmente constituye una causa de desigualdad económica. El material ortoprotésico resulta costoso y las cuantías

de las ayudas actuales son bajas, de manera que en muchas

ocasiones apenas alcanzan para cubrir el coste. Además, es

importante que las personas con diversidad funcional no tengan que adelantar el dinero del material, porque para algunas

es sencillamente imposible y para todas supone asumir su

financiación, ya que la ayuda puede tardar meses en llegar.

227. Garantizar el derecho a una indemnización añadida automática para las personas consumidoras en caso de fraude.

En todos los casos en que se haya padecido una contratación

irregular, conforme a la normativa de consumo aplicable, la

persona consumidora no solo tendrá derecho a la devolución

de lo cobrado indebidamente o del daño causado, sino a una

indemnización añadida por las molestias, que opere también

como un desincentivo contundente al fraude.

228. Fin la estafa de los 902. Desterraremos la práctica de derivar

a la gente a números de tarificación añadida, como los 902 y

similares. Las empresas deberán disponer de un número de

teléfono fijo de tarificación normal para la atención al cliente.

Estos teléfonos serán accesibles para personas con diversidad intelectual o de edad avanzada.

229. La defensa de un modelo de bienestar para el siglo xxi y

de los derechos sociales serán la guía de la acción de España contra la austeridad y el auge de la extrema derecha

en el continente. El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, propondremos

la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por

Bruselas; la adopción de planes comunitarios de inversión

pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones,

para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del

rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la

deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos todos los

acuerdos de libre comercio de última generación que hacen

vulnerables nuestros sectores productivos y estratégicos, y

que vacían la capacidad democrática de nuestros pueblos

para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la gratuidad de la educación pública universitaria

en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un

Programa para un nuevo país

90

seguro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de

prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para

el conjunto de la población. España ratificará, asimismo, la

Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los

protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente,

y propondrá que la Unión Europea fije un suelo de gasto del

5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa

de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

230. Implementar la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de una estrategia que apueste

por su vertiente internacional y que esté centrada en la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad

ambiental. A tal fin, estableceremos un plan de desarrollo

sostenible con marcos de acción concretos, en el que se incorporen mecanismos de seguimiento, evaluación y auditoría

social para su correcto cumplimiento. Este plan incluirá un

mecanismo específico de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), con el fin de evitar los impactos negativos que

cualquier política pública pudiera tener en la contribución de

España a los ODS.

231. Aprobar la Ley de Protección de los Derechos Humanos en

relación con actividades de las empresas transnacionales. A

través de esta norma, articularemos una protección efectiva

frente a las vulneraciones de los derechos humanos que incluya, al menos, mecanismos para el acceso a la Justicia española y la reparación de las víctimas y de las comunidades

afectadas, la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que

suscriba nuestro país, y el establecimiento de la responsabilidad de las grandes corporaciones y de su personal directivo

en su jurisdicción nacional, desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

232. Aumentar el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo

(AOD) hasta la media de los Estados del entorno de la Unión

Europea (UE-15), del 0,5 % de la renta nacional bruta (RNB)

en 2023 y del 0,7 % de la RNB en 2027.

PROGRAMA ELECTORAL DE PODEMOS 2019: GARANTÍAS DE JUSTICIA SOCIAL

233. Derogar las normas que han institucionalizado la austeridad

y la década perdida en España (artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad Presupuestaria), para que la prioridad de los presupuestos públicos sea siempre el bienestar de

la ciudadanía. A pesar de que los demás partidos nos dicen

que no se pueden blindar los derechos sociales en la Constitución, ni eliminar los privilegios de la Corona, ni hacer una

Constitución feminista, no les costó ni cinco minutos reformar la Constitución para poner los intereses de los bancos

alemanes por delante de los nuestros.

234. Eliminar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones

en el impuesto sobre sociedades y bajárselo a las pymes. Estableceremos un tipo efectivo mínimo, más eficaz y justo, del

15 % sobre el rendimiento neto positivo para los grupos empresariales, que se ampliaría hasta el 20 % para las entidades

financieras y empresas de hidrocarburos. Al mismo tiempo,

rebajaremos el tipo para las pequeñas empresas (aquellas

que facturen menos de un millón de euros) del 25 % al 23 %.

235. Evitar el uso de paraísos fiscales para la elusión fiscal en

el impuesto sobre sociedades. Es frecuente que las grandes

corporaciones eviten pagar el impuesto sobre sociedades

en España, alegando la llamada «doble tributación», es decir,

que ya pagan impuestos por esos beneficios en otro país. Sin

embargo, algunos de esos países son paraísos fiscales o, al

menos, países con una tributación por sociedades escandalosamente más baja que la nuestra. Por eso, reformaremos el

régimen de exenciones del impuesto sobre sociedades, para

evitar que se puedan utilizar así paraísos fiscales o de baja tributación. Solo se permitirá en el caso de que hayan tributado

al menos un 15 % efectivo en otro país. Esto eliminará la posibilidad de utilizar sociedades como pantallas para la elusión

fiscal, para disminuir la tributación de rentas obtenidas en el

extranjero o para canalizar rentas particulares.

236. Eliminar los paraísos fiscales interiores en forma de privilegios de ciertos esquemas societarios. Pondremos fin al régimen fiscal privilegiado de las entidades de tenencia de valores

extranjeros (ETVE) y de la tributación privilegiada de sicav,

fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria

(SOCIMI). Eliminaremos también el régimen de impatriados,

que actualmente permite pagar un marginal de IRPF del 24 %

a personas que se desplazan a España a trabajar con rentas

de hasta 600 000 euros, en lugar del marginal máximo que

les correspondería.

95

PODEMOS.

237. Crear un impuesto para las grandes fortunas que grave los

grandes patrimonios con el fin de recaudar un 1 % del PIB de

patrimonios superiores a un millón de euros, y de forma progresiva. Se trata de un impuesto similar al que se está proponiendo para la UE y Estados Unidos. Tendrá un mínimo exento

por primera vivienda de 400 000 euros y gravará con un 2 %

los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5 % los

patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3 % los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5 % los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor

parte del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios más altos

del país. Este impuesto sustituirá al actual impuesto sobre el

patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse por parte

de las comunidades autónomas.

238. Prohibir la utilización de sociedades pantalla como un instrumento para disfrutar de la vivienda habitual pagando

menos impuestos. Evitaremos así la práctica, que hemos conocido con frecuencia últimamente, de tener como vivienda

habitual una casa no con un título de propiedad directa, sino

a través de la titularidad de una sociedad pantalla de la misma persona, su familia o una persona de confianza, creada

con el fin de ponerla a disposición de quien la disfruta pagando menos impuestos por su adquisición y tenencia. La

prohibición dejaría sin efecto estas operaciones interpuestas

y atribuiría la propiedad de la vivienda directamente a quien

la ha pagado y la disfruta, que tendrá que abonar los correspondientes impuestos, como hacen todos los españoles

y españolas. Las sociedades mercantiles deben servir para

participar en la actividad mercantil, no para eludir impuestos

en el disfrute privado de los bienes y servicios.

239. Establecer un IRPF más justo y progresivo, de modo que no

toda la carga recaiga en quienes más trabajan. Por un lado,

las rentas de más de 100 000 euros anuales contribuirán un

poco más, con un 47 %, que llegará hasta el 55 % para rentas

superiores a 300 000 euros anuales, y corregiremos la injusticia de que las rentas del capital (por productos financieros e

inversiones) tributen mucho menos que las rentas del trabajo.

Se eliminarán también las deducciones que benefician solo a

quienes tienen rentas más altas. Al mismo tiempo, se reducirá

el tipo del primer tramo no exento del IRPF —el tramo más

bajo— al 18 %.

240. Fijar un impuesto de transacciones financieras que grave las

ventas brutas en el mismo día, y no solo las netas, e inclu-

Programa para un nuevo país

96

ya otras operaciones distintas a la compraventa de acciones

(por ejemplo, derivados). Hay una gran diferencia entre un

pequeño ahorrador que invierte una parte de sus ahorros en

acciones y las operaciones de compraventa de activos financieros varias veces en el mismo día e incluso durante la misma hora o minuto. Este impuesto afectaría al segundo tipo de

operaciones financieras especulativas.

241. Establecer un impuesto a la banca que aumente 10 puntos el

tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto sobre sociedades. Del mismo modo que el rescate fue una operación específica destinada al sector bancario y no se extendió

a trabajadoras y trabajadores autónomos, familias, pymes ni

otros sectores económicos, tiene todo el sentido establecer un

impuesto específico para recuperar, también a través de otras

reformas, los 60 000 millones del rescate bancario.

242. Hacer el impuesto sobre sucesiones y donaciones más justo,

en colaboración con las comunidades autónomas, de forma

que sea más progresivo y que las personas herederas con menor patrimonio preexistente y mayor grado de consanguineidad tengan cuotas reducidas. También introduciremos, en estos

casos, facilidades de pago, como fraccionamientos o dación en

pago de bienes hipotecados. Al mismo tiempo, armonizaremos

este impuesto a escala estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre territorios.

243. Bajar el IVA al tipo del 4 % a más alimentos y bebidas no

alcohólicas, y del 10 % a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) de los consumidores vulnerables.

Impulsaremos, al mismo tiempo, una reforma de la directiva

del IVA para establecer un plus del 4 % a los artículos de lujo,

que dejaría el IVA de estos productos en el 25 %. También se

bajará el IVA de los servicios veterinarios, del 21 % actual al

10 %, y de los productos de higiene femenina y de alimentación animal, del 10 % actual al 4 %.

244. Fijar un impuesto para operaciones de la economía digital

que no tributan, como publicidad e intermediación online y

venta de datos, limitado a empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 500 millones de euros y con

ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

245. Poner en marcha una Estrategia Nacional contra el Fraude

Fiscal. Con este fin, reformaremos la Agencia Tributaria y las

Administraciones tributarias de las comunidades autónomas

97

PODEMOS.

para dotarlas de un carácter federal, de mayores recursos

y de completa autonomía respecto al poder político y económico. A su vez, se creará una única base de datos fiscales que integre toda la información necesaria para combatir

el fraude; crearemos una Oficina de Lucha contra Grandes

Defraudadores, dotada con medios suficientes para realizar

campañas específicas contra los principales focos de fraude

fiscal; incrementaremos los plazos de prescripción tributaria y penal a cinco o diez años, e incluiremos mayores penas

en el Código Penal y las haremos extensibles a los colaboradores o responsables solidarios del fraude. Situaremos el

umbral para considerar delito de defraudación a la Hacienda

estatal, autonómica, foral y local en 50 000 euros. También

publicaremos, de manera inmediata, la lista de amnistiados

fiscales de los Gobiernos anteriores e incluiremos la prohibición de decretar amnistías fiscales en la Constitución, ya que

una simple previsión legal puede cambiarse con la siguiente

mayoría parlamentaria.

246. Recuperar para la gente el impuesto de las hipotecas. Las

personas hipotecadas recuperarán todos los impuestos relacionados con las hipotecas que no debieron pagar, tal como

indicó la primera sentencia del Tribunal Supremo. La Agencia

Tributaria recabará estos impuestos de los bancos con carácter retroactivo.

247. Implementar medidas fiscales para avanzar hacia un horizonte verde. Tal como planteamos en nuestra Ley de Lucha

contra el Cambio Climático y de Transición Energética, bajaremos el impuesto de matriculación y circulación a los coches

híbridos y eléctricos; reformaremos el IRPF para establecer

desgravaciones por el uso de abonos de transporte público y

por la adquisición de electricidad 100 % renovable; y estableceremos un impuesto a las empresas energéticas que grave

la producción de energías no renovables.

248. Eliminación de la exención del IBI de la cual goza la Iglesia.

En nuestro país nunca se ha acometido una verdadera separación entre la Iglesia católica y el Estado. A consecuencia

de ello, la Iglesia sigue disfrutando de privilegios que son imposibles de explicar, al mismo tiempo que a la gente solo le

crece el importe de las facturas. Uno de estos privilegios es la

exención de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

por los bienes que dice poseer. Mientras que una persona

normal tiene que llegar a situaciones de gran necesidad para

que se le permita no pagar el IBI, la Iglesia española no solo

Programa para un nuevo país

98

recibe fondos de nuestra declaración de la renta que luego

gasta en televisiones sectarias que nadie ve, sino que, además, se le permite no pagar impuestos por sus propiedades.

Esta medida tendrá la excepción de los inmuebles afectos al

culto, los bienes cuya finalidad principal sea su utilización por

parte de Cáritas para la acción social u otro tipo de bienes

que gozan de dicha exención por motivos generales

PROGRAMA ELECTORAL DE PODEMOS 2019: GARANTÍAS DE JUSTICIA TERRITORIAL

249. Plan Nacional de Desarrollo Rural. Al tomarlo como una cuestión de Estado, activaremos un plan para revitalizar la estructura

social y económica del mundo rural mediante el impulso de las

infraestructuras regionales, la localización prioritaria de los proyectos productivos señalados en los tres horizontes y la previsión

de líneas de financiación prioritarias para estos y otros sectores,

como el sector agrario sostenible, la ganadería extensiva y la

pesca artesanal y de bajo impacto. Modernizaremos las instalaciones hídricas, las infraestructuras de regadío y la viabilidad

de las zonas forestales. Ofreceremos acceso prioritario a la tierra para la juventud, en coordinación con los bancos de tierras

existentes, e implementaremos planes especiales de empleo

en zonas que, fruto de la discriminación histórica, cuenten con

una situación excepcional de baja tasa de empleo y especial

afectación por el vaciamiento poblacional.

250. Paquete de servicios básicos. Garantizaremos que todas las

poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a

demanda con la cabecera de comarca —estableceremos las

obligaciones de servicio público adecuadas para asegurar el

acceso a servicios de movilidad dignos, con independencia

del lugar de residencia—; atención sanitaria a domicilio de

calidad, si no es posible tener un centro de salud; atención inmediata de una patrulla de la Guardia Civil en un máximo de

15 minutos; reparto habitual de suministros básicos cuando

no sea posible disponer de una tienda de ultramarinos, para

lo cual se establecerán líneas de ayudas públicas; al menos

un cajero automático dentro de un radio de 20 kilómetros,

financiado a través de un canon al sector bancario para la

inclusión financiera y gestionado por Bankia; y centros culturales ciudadanos en cada cabecera de comarca, así como

una oferta cultural descentralizada en colaboración con las

Administraciones competentes.

251. Plan 8131: todos nuestros pueblos conectados a internet en una

legislatura. Acceso a internet de banda ancha a 30 Mbps y a

3G para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, al que

contribuirán las grandes empresas del sector mediante un canon.

252. La España vaciada, primero. La manera más eficaz de reducir la

desigualdad es implementar medidas de discriminación positiva. En particular, le daremos la vuelta a la discriminación a

través de un plan de choque para acelerar la equiparación de

derechos y servicios, y para cerrar la brecha territorial. Cuando deban implementarse en distintas fases los principales

avances del país —como la garantía de ingresos, la prestación

por cuidado de niños y niñas o el Plan de Rehabilitación de

Vivienda—, priorizaremos el mundo rural y descentralizaremos

las inversiones, en particular, las del horizonte verde. Por otra

parte, crearemos el marco para reducir a la mitad el IBI de las

poblaciones con menos de 5000 habitantes, compensando a

los municipios por el descenso en la recaudación, y crearemos

un fondo para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables, con una dotación inicial de 500 millones

anuales del Estado, que se complementará con el presupuesto

europeo derivado del Programa Marco de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que impulsaremos en la Unión Europea

con un horizonte de 5 años.

253. Superación del actual marco institucional de las Diputaciones Provinciales. Iniciaremos un debate de Estado para actualizar la organización municipal, con las premisas de ir más

allá de la estructura arcaica de las Diputaciones Provinciales

y de generar instituciones capaces de frenar la fragmentación y el debilitamiento de unos municipios que son cada vez

más pequeños, así como de poder gestionar de manera democrática un aumento de los servicios comunes, por ejemplo, a través de las instituciones comarcales. Un primer paso

consistirá en la implementación inmediata de la Ley 45/2007,

para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, para estudiar,

al mismo tiempo, vías de mejora y superación de este marco.

254. Impulso a la financiación municipal mediante la articulación del

criterio poblacional, junto a otros criterios, con el objetivo de cerrar la brecha territorial y la incorporación de fondos de compensación del valor forestal que aumenten la contribución

del conjunto del país al sostenimiento de los bienes comunes

ligados al mundo rural. Por ejemplo, una parte de la financiación para la lucha contra incendios y para el mantenimiento

de las masas forestales y los bienes naturales se destinará

directamente a la financiación municipal de los pueblos que

contribuyen directamente a esta tarea.

255. Reformar el sistema de financiación autonómica. El nuevo sistema de financiación autonómica se diseñará en diálogo con todas

las comunidades autónomas, de manera vinculada a una reforma

fiscal y a la solución del problema de las deudas autonómicas

producidas por la infrafinanciación. Este nuevo sistema garantizará que se alcancen, al menos, tres condiciones: en lugar de estar basado en un «techo de gasto», que impide que los derechos

de la ciudadanía sean efectivos por la vía de limitar los recursos

Programa para un nuevo país

104

de las Autonomías para prestar servicios públicos, se basará en

un «suelo de ingresos», que permitirá financiar servicios públicos

dignos en toda España; todas las comunidades autónomas recibirán más financiación que la que reciben en la actualidad, pues

hay que tener en cuenta que, aparte de su tradicional infrafinanciación, los recortes posteriores a 2009 se hicieron recaer de manera desproporcionada sobre ellas; y se reducirá la desigualdad

territorial en cuanto a financiación.

256. Resolución democrática del conflicto catalán. La gestión

viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso

de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos.

Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos

defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España.

257. Transformar el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, con mayor representación de las comunidades autónomas, participación en las leyes y las partidas

presupuestarias, en los nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional, y como pieza clave de las relaciones

verticales y horizontales entre Administraciones.

258. Reconocimiento y articulación del hecho metropolitano. La

expansión de las grandes ciudades ha consolidado amplias

áreas metropolitanas, que nos obligan a actualizar nuestro

marco institucional. En particular, se debe reconocer esta

realidad y crear las herramientas necesarias para mejorar la

gestión compartida de servicios comunes derivados de sus

relaciones de proximidad, el control democrático de su gestión y la asignación de recursos suficientes.

259. Garantía legal de justicia territorial en las inversiones para

transporte público, colectivo o de bajas emisiones, para que

el derecho de movilidad sea efectivo en todo el país, especialmente en aquellos territorios aislados y carentes, hoy, de

una movilidad moderna. De nuevo, es necesario introducir

criterios de discriminación positiva para reducir la desigualdad existente en materia de infraestructuras. Priorizaremos

la construcción de nuevas infraestructuras y la mejora de las

existentes, así como el mantenimiento para los territorios que

han sufrido una historia de aislamiento y malas conexiones.

260. Hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del

territorio, con inversiones estratégicas para extender un sistema de transporte público a precio asequible y de bajas

emisiones, que no deje fuera a ninguna parte del país.

105

PODEMOS.

261. Incrementar las frecuencias y líneas en los servicios de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales)

y mejorar su conexión con otros territorios (mallado regional

frente al radial). El objetivo es que, en el año 2030, la demanda de transporte ferroviario de todos los municipios con más

de 20 000 habitantes esté atendida.

262. Vertebrar el territorio a través de la puesta en marcha o la

mejora urgente de las líneas ferroviarias en las zonas con

mayor déficit de infraestructuras mediante la realización inmediata de una auditoría general del sistema para detectar

los tramos más urgentes. Aprovechamiento de estas nuevas

y mejores líneas para alcanzar un verdadero efecto de red

a través del impulso de los ejes transversales ferroviarios

(Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo, Mediterráneo, Andaluz

y de La Plata) y de la mejora de las conexiones ferroviarias

internacionales con Francia y Portugal.

263. No se renovarán las concesiones de autopistas a grandes

corporaciones. Los peajes se irán incorporando al patrimonio

común y abaratándose o convirtiéndose en gratuitos. Mientras tanto, se buscarán fórmulas para reducir o eliminarlos en

aquellos tramos excesivamente caros o que, si se abrieran,

permitirían reducir los accidentes.

264. Hacer de Correos una apuesta de futuro. Implementaremos un Programa de Inversión en Digitalización de Correos

para que, en combinación con otras empresas públicas,como Aena-ENAIRE y Adif-Renfe, sea un elemento clave de la logística en España, apostando por un sector de reparto público con un empleo digno y estable, y que dispute espacios de mercado a las grandes corporaciones de la precaria economía de plataforma.