«No hay nuevas condiciones en el proyecto del Mercado, todas estaban en el pliego»

José Manuel Sánchez es un estrecho colaborador del alcalde, Carlos González, además de uno de los concejales socialistas con mayor experiencia política, puesto que ya fue edil en los equipos de Diego Maciá y Alejandro Soler, y diputado autonómico en la anterior legislatura. Ahora, como responsable de Urbanismo y Patrimonio, afronta junto con el resto del gobierno tripartito la 'patata caliente' del proyecto de Mercado Central.

-¿Por qué el PSOE ha pasado de promover un proyecto de Mercado Central similar al actual, a oponerse radicalmente?

-Desde la actual dirección del PSOE y el grupo municipal estamos diciendo lo mismo que decíamos antes y durante la campaña electoral. Cierto es que en otros momentos y con otros responsables del partido se planteó un proyecto similar, pero también hubo discrepancias en el seno del partido respecto a ese modelo de mercado, que muchos rechazaban. Ahora, tanto desde el grupo Socialista como desde el equipo de gobierno hemos dicho que construir un parking en la zona de intramuros es hipotecar el centro histórico. En la inmensa mayoría de las ciudades europeas el centro urbano tiende a peatonalizarse y recuperarse para las personas. El proyecto que tenemos sobre la mesa va a contracorriente de esa tendencia, aparte de la posibilidad de que aparezcan nuevos restos arqueológicos.

-El tema del aparcamiento, ¿es insalvable?

-Parece lógico que un parking en ese lugar de 300 o 400 plazas, con entrada por la calle Salitre [junto al puente de Canalejas y la pasarela] y salida por el Carrer Major de la Vila supone una presión de tráfico excesiva para una calle que concentra en ella o a su alrededor algunos de los principales edificios históricos de la ciudad (la Casa y el Museo de la Festa, Santa María y el Palacio de Altamira), una anchura de apenas 2,70 metros, un tránsito de gente constante y semipeatonal, aunque debería ser en realidad totalmente peatonal. La propuesta de salida por las Cuatro Esquinas a la Corredora tampoco es razonable.

-Y el edificio ¿Por qué antes no era protegible y ahora sí lo es?

-Los entendidos dicen que el edificio debe mantenerse. Hay un informe del arquitecto inspector de Patrimonio que así lo refleja, porque es la última construcción de estilo racionalista que queda en la ciudad. Lo adecuado sería acometer una rehabilitación consensuada entre las partes (Ayuntamiento, empresa, vendedores y sociedad civil), y que los expertos digan qué es lo que hay que mantener y qué no. Somos conscientes de que el actual Mercado Central requiere una actuación en profundidad, porque no reúne condiciones.

-Los promotores del nuevo proyecto aseguran que sería un elemento revitalizador del centro. ¿Tienen en cuenta ese aspecto de revulsivo comercial para la ciudad?

-Está claro que el nuevo Mercado Central no se puede observar como una actuación aislada. Tiene que ser un elemento dinamizador del centro urbano. En los últimos cuatro años de gobierno del PP no se ha hecho nada en materia de urbanismo comercial en esa zona. Vemos cómo mes tras mes han ido desapareciendo primeras marcas, como Bershka o Springfield... Queda Zara, porque compraron el antiguo cine Capitolio; si no, no seguiría ahí. Algo habrá que hacer para cambiar esta situación de deterioro del tejido comercial.

-Eso es precisamente lo que propugnan quienes apoyan el proyecto actual.

-Si hubiese un aparcamiento en los bajos del mercado, ¿quién garantiza que la gente querría venir aquí, arriesgándose a coger atascos por el centro, y no optaría por irse a un centro comercial, donde no tiene estos problemas? En cambio, a esa gente tal vez le atraiga más venir en autobús o aparcar en alguno de los parkings que rodean el centro, y pasear tranquilamente con su familia por las calles peatonales, ver tiendas, comprar, comer...

-¿Qué opina de la advertencia de la empresa adjudicataria de resolver el contrato y acudir a los tribunales si no se respeta el proyecto?

-La empresa trata de defender sus intereses legítimos y respetables, pero nosotros defendemos los generales de la ciudad. Los informes técnicos, una vez vista la documentación aportada por la empresa, deja en evidencia claramente el proyecto, que presenta importantes deficiencias. Hay cuestiones subsanables y otras que parece más difíciles de enmendar, aunque eso es algo que compete a la empresa. La adjudicación se realizó de manera provisional supeditada a que se cumpliesen unas condiciones, que siguen sin plasmarse. No nos hemos inventado condiciones nuevas, algo que se hayan sacado los técnicos ahora de la manga. Estaban en el pliego, se les advirtió en julio de 2014 y cuando se adjudicó la empresa era consciente de ello. Hay condiciones urbanísticas, como el retranqueo del edificio, y otras de tipo económico y de tráfico que siguen sin cumplirse. Por ese hemos dado un mes de plazo a la empresa para que se subsanen estas cuestiones.

-Los vendedores que apoyan el proyecto se quejan de que ni siquiera han visitado el mercado provisional.

-Nos hemos sentado en el Ayuntamiento con ellos. Y si no hemos ido al mercado provisional como equipo de gobierno es porque si vamos, algunos interpretarán que estamos provocando. Además. como partido también denunciamos esa ubicación... No es una situación agradable para nadie, y para nosotros tampoco lo es habernos encontrado este problema. Hubiese sido mucho mejor no adjudicar el proyecto y trabajar para conseguir un consenso.

-También se ha encontrado otra 'patata caliente' con la rehabilitación de San Antón.

-Es un tema muy complejo. Ha habido una excesiva politización y entiendo que los vecinos estén hartos. Desde 2003, en que se firmó el primer convenio, hasta el pasado año, cuando empezó a construirse el primer bloque, todo ha sido burocracia y también ha habido épocas en las que no se hacía nada. Es un barrio de 1.095 viviendas y hubo que buscar fórmulas legales para acometer la renovación. En el primer convenio había 121 millones de euros, en una época anterior en la que parecía que no se acabaría el dinero. Con la llegada de la brutal crisis, la actuación se ralentizó y el Ayuntamiento, que no tenía competencias en vivienda (son de la Generalitat), tiró del carro para que sacar adelante el acuerdo con el Consell y el ministerio.

-Ustedes han acusado al PP de engañar a los vecinos durante el último mandato, pero también antes hubo incumplimientos.

-No le echo la culpa al PP en general, porque durante este tiempo ha habido en Madrid gobiernos del PSOE y del PP, que en cambio, sí ha gobernado en la Generalitat siempre en ese periodo. Y como hemos visto, se ha dedicado a despilfarrar el dinero. El Instituto de la Vivienda (Ivvsa) se gastó en la oficina que abrió en el barrio, que era puramente electoral, casi dos millones de euros.

-¿Y cuál es la situación actual?

-Hemos conseguido clarificar la financiación y la relación de la empresa municipal con la conselleria, que pagará por fin las certificaciones de obra. La primera fase, con los cuatro bloques, está garantizada.