Un informe de la UPV plantea rebajar los estándares de la vivienda protegida: «es eso o chabolismo»

El estudio también califica el panorama de la vivienda como «muy preocupante», sobre todo a corto plazo, por lo que urge la construcción de vivienda protegida. Sin embargo, plantea una rebaja en los estándares de estas edificaciones para que resulte atractiva al sector privado. «La cuestión será cómo convencer al sector privado para construir viviendas protegidas en venta o para alquiler, con precios máximos fijados, si los costes de construcción se hallan en máximos históricos», plantea la Cátedra, que advierte de que «será imposible» si se mantienen todas las especificaciones implementadas por las normativas actuales.

«Esto requiere un ajuste normativo específico, que emule otros momentos históricos, como el de la Alemania de entreguerras, donde el Estado se comprometió a garantizar viviendas adecuadas para las clases trabajadoras, lo que impulsó la creación de un plan de vivienda pública, desde la Bauhaus, donde se abordó la grave escasez de viviendas con soluciones innovadoras y que cumplieran ese fin último de dar alojamiento en condiciones dignas desde postulados de realidad y viabilidad presupuestaria», sentencia.

Según la Cátedra, el único camino para convencer al sector privado de la construcción de viviendas de protección pública es reduciendo los estándares relativos a equipamientos y ciertos servicios y características. «La elección será, por tanto, viviendas dignas, pero no con el nivel de equipamientos y exigencias de un edificio de renta libre, o la alternativa; que no se construyan viviendas y sigamos abocando a infraviviendas (chabolismo) a los más vulnerables», apostilla.

«Ahora llega el momento de desarrollar la normativa y los reglamentos que permitan la convocatoria de los concursos y su adjudicación al sector privado, que será el colaborador necesario para resolver esta dramática falta de oferta de vivienda, y hacerlo de manera urgentísima», insiste la Cátedra, en alusión al Plan Vive de la Generalitat, que contempla la construcción de 6.000 viviendas en suelo municipal y 4.000 en terreno privado.

Este informe trata de clarificar el concepto de «vivienda vacía», que hace referencia en el imaginario colectivo a una casa preparada para entrar a vivir, pero esta idea está alejada de la realidad, según la Cátedra. «Lo cierto es que estas viviendas, en su inmensa mayoría sin contrato eléctrico, están en estado casi ruinoso, con una imprescindible y costosa intervención para poder ponerla en el mercado», sostiene.

El otro gran problema señalado por los expertos reside en la demanda y en el poder adquisitivo de quienes desean acceder a una vivienda. Los salarios de los jóvenes y de los colectivos más vulnerables, incluidos aquellos migrantes que vienen a buscar una vida mejor, hacen inviable la compra de un inmueble, quedando únicamente para ellos la opción del alquiler. Sin embargo, con una cuota media superior a los 1.600 euros/mes, el alquiler tampoco es posible para quienes más precariedad laboral padecen. Por ello, este colectivo queda abocado únicamente a la opción de alquiler de habitaciones, «que ya alcanza precios disparatados».

La entrada en vigor de la nueva ley estatal de la vivienda también ha merecido el análisis de la Cátedra, que es contundente respecto a la norma al calificarla de «desastrosa» para el mercado del alquiler. «Ha expulsado viviendas del mercado tradicional debido a la imposibilidad de que los propietarios vinculen la cuota a la inflación y la protección frente a la 'okupación'», sentencia. En concreto, el informe sitúa en 1.300 las viviendas en alquiler tradicional frente a más de 2.100 viviendas en alquiler de corta duración (menos de 11 meses) en la ciudad de Valencia. Es decir, casi el doble de viviendas respecto al alquiler tradicional se alquila por períodos menores al año para evitar esa ley, y ello seguirá condicionando el precio, tensionándolo al alza.

«Y, ¿qué ocurre si ni siquiera se puede alquilar una habitación? Desgraciadamente ya lo estamos viendo, con cada vez más gente durmiendo en nuestras calles o improvisados poblados sin condiciones de salubridad ni seguridad. Son los denominados asentamientos informales -chabolismo-, de los que los informes de la Cátedra van advirtiendo hace dos años», asevera.

En opinión del Cátedra Observatorio de la Vivienda, es necesario activar ayudas directas a estos colectivos para el acceso a la vivienda, y no solo para el alquiler, sino también para la compra. «Insistimos en que en los años 90 del siglo pasado funcionó, y esas ayudas a fondo perdido permitieron a toda una generación tener una vivienda digna en propiedad», subraya.

Sin embargo, los expertos de la UPV también matizan que a corto plazo estas medidas no son suficiente. A su parecer, se deben activar viviendas en alquiler dando seguridad jurídica a sus propietarios. Una solución que se plantea desde la Cátedra es que la Administración sea garante de los alquileres de vivienda pública, así como de aquellos que se quieran sumar con sus viviendas a esta iniciativa. «Es decir, que la Administración responda en caso de impago ante el propietario si un inquilino deja de pagar y la ley actual impide su desahucio», explican.

«No se cuestiona que haya que proteger a una familia vulnerable, sino que el coste recaiga en el propietario de una vivienda. Con esa garantía, se revertiría la situación, quedando únicamente la revisión por inflación que, afortunadamente, parece que será estable en los próximos años», agregan.

El informe propone también que esas viviendas vacías que requieren una importante obra para poner al día podrían salir al mercado a medio plazo al entender sus propietarios que tienen garantizada esa inversión necesaria con el aseguramiento del cobro del alquiler. «Para las obras necesarias, se deben movilizar fondos europeos, que están específicamente para esto, pues mejoran el parque actual de viviendas de una ciudad», señalan.