Los valencianos dedican 228 días de trabajo al pago de impuestos, 16 más que en 2024
Más de 62% del año laboral se consume en satisfacer tasas como el IRPF, IVA, IBI y otras tasas municipales
Dos semanas. Es el tiempo que queda para que los valencianos sigan destinando sus ingresos de 2025 al pago de impuestos, bien sean estatales, ... autonómicos o municipales. A partir del 18 de agosto ya podrán usar sus rentas para sí mismos. Dicho de otra forma, podrán festejar el llamado Día de la Liberación Fiscal, una estadística que elabora la Fundación Civismo para analizar el esfuerzo fiscal en España cada año y que, en esta ocasión, refleja cómo 2025 el ciudadano medio pierde más de la mitad de sus ingresos (un 54,5%) en impuestos.
Esta cifra representa un aumento acumulado de más de cinco puntos porcentuales desde el año 2019, «reflejando un modelo impositivo que grava con especial intensidad las rentas del trabajo y el consumo, en detrimento de otros tipos de ingresos», recoge el informe anual.
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En el caso de los valencianos, destinan 228 días de trabajo al pago de impuestos, lo que supone 16 días más que en 2024, cuando el Día de la Liberación Fiscal cayó el 30 de julio, y una subida del esfuerzo fiscal del 7,5% en apenas un año. Y son, por ejemplo, 48 más que en 2018. Una realidad que evidencia que más del 62% del año laboral se consume en satisfacer al Estado antes de que el trabajador medio comience a generar ingresos realmente disponibles para sí mismo o su familia.
La Comunitat se sitúa al mismo nivel que la media nacional, aunque el esfuerzo fiscal no se distribuye de forma homogénea en España. Así, en los extremos se sitúan País Vasco, cuando el día se alcanza el 12 de agosto, seguido de Madrid (13 de agosto), y Cataluña y Extremadura, donde se logra el 24 de agosto.
Según la Fundación Civismo, «uno de los factores clave que explican este fenómeno es la ausencia de deflactación de los tramos del IRPF, lo que ha provocado un incremento silencioso de la carga tributaria». Es decir, adaptar los tipos del gravamen a la subida de la inflación, algo que no hizo el Estado en el tramo que le corresponde y sí algunas autonomías (la Comunitat, por ejemplo, en 2023).
Según los datos del estudio, de un salario bruto de 31.698 sólo 21.979 euros llegan al bolsillo del trabajador, siendo 41.388 euros el coste para la empresa. El resto se reparte entre cotizaciones sociales —tanto del empleado como del empleador— e IRPF. Además, más allá del IRPF y el IVA (47 días laborables), el ciudadano medio dedica otros 4.850 euros al año a impuestos como el IBI, el impuesto de circulación, transmisiones patrimoniales, sucesiones y diversas tasas municipales. Estos tributos suponen más de 80 días laborales adicionales.
En este sentido, el documento elaborado por la Fundación Civismo destaca que comunidades como Baleares, Andalucía o la Comunitat aplican tributos adicionales —como el canon de saneamiento, ecotasas turísticas o recargos sobre el juego y actividades económicas— que, aunque minoritarios en términos de recaudación global, «tienen efectos visibles sobre la renta disponible y el esfuerzo fiscal subjetivo».
El informe también destaca que, según datos de la Agencia Tributaria, en 2024 ingresos del Estado alcanzaron más de 294.000 millones, un 8,4% más respecto a 2023. «Pese a la recaudación récord, no se aprecian mejoras significativas en eficiencia del gasto ni en calidad de los servicios prestados», añade.
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