Valencia, Cataluña, Aragón y Baleares cifran en 220.000 las viviendas que se necesitan cada año para equilibrar el mercado

Así, las patronales CEV, CEOE Aragón, Foment del Treball y CAEB han lanzado un 'Decálogo por la competitividad' que reúne diez grandes prioridades económicas para reimpulsar el crecimiento, la inversión y la proyección internacional del eje mediterráneo y del conjunto de España. Estas cuatro comunidades suman más de 47.500 millones de euros anuales en intercambios comerciales y se ha propuesto intensificarlas para alcanzar en 2030 una cifra de 60.000 millones de euros.

Las patronales firmantes también han destacado que el nuevo contexto económico y geopolítico requiere reformas estructurales coordinadas que sitúen a las empresas en el centro de la política económica.

Además, se han puesto sobre la mesa asignaturas pendientes en vivienda, turismo, movilidad e innovación. En este sentido, los empresarios han coincidido en señalar la vivienda, y en concreto la crisis habitacional, como una de las problemáticas sociales más importantes de España.

Así, las organizaciones empresariales han señalado que en sus cuatro territorios se necesitan al menos 220.000 viviendas nuevas anuales para equilibrar el mercado, evitando un déficit que podría superar los tres millones de vivienda en 2039. En 2024, por ejemplo se iniciaron 136.187 viviendas por lo que hay un déficit de 80.000-100.000 pisos que de forma anual debe corregirse.

Poner más suelo público a disposición de los promotores, un IVA reducido del 4% o la mejora de la conexión en infraestructuras con las zonas donde se está construyendo son otras de las propuestas planteadas. El absentismo laboral, la baja productividad o la falta de mano de obra cualificada han sido otras de las necesidades que se deben abordar.

Sin olvidar la reforma de la financiación autonómica ya que, como apuntaba Salvador Navarro (CEV), «cohesionar es también hablar de equidad, de oportunidades y de futuro, y para poder hacerlo la Comunitat necesita de la complicidad de todos los territorios para reclamar un cambio de modelo de financiación, que más que singular sea justo, transparente y equitativo».

Las diez prioridades reflejadas en el decálogo son:

1. Diálogo social y seguridad jurídica. Las organizaciones defienden la negociación colectiva frente a imposiciones normativas unilaterales, especialmente en cuestiones como la jornada laboral. Rechazan la inseguridad jurídica provocada por cambios legislativos imprevistos que frenan inversiones y empleo.

2. Mejor regulación y menos burocracia. Se reclama una simplificación administrativa efectiva y una mayor trazabilidad en los procesos para liberar recursos, especialmente en pymes.

3. Reto demográfico. Con una tasa de natalidad baja y una población envejecida, se plantean medidas de conciliación, integración de inmigración cualificada e inversiones en servicios en zonas despobladas.

4. Fiscalidad competitiva. Las patronales denuncian la consolidación de impuestos temporales y anacrónicos, y reclaman una homologación del sistema fiscal con los principales países europeos.

5. Infraestructuras estratégicas. Se solicita prioridad para obras como el Corredor Mediterráneo, la Travesía Central del Pirineo o la ampliación del aeropuerto de El Prat, por su alto retorno económico y cohesión territorial.

6. Energía y sostenibilidad. Acelerar la transición energética hacia modelos no emisivos y promover la economía circular son claves para una competitividad sostenible.

7. Innovación y digitalización. Proponen duplicar las startups 'deeptech', atraer más inversión tecnológica, reforzar la formación en IA y ciberseguridad, y establecer un Consejo Mediterráneo de Innovación.

8. Vivienda asequible. Se plantea un gran pacto de Estado que combine movilización de suelo público, IVA reducido para jóvenes y seguridad jurídica para la inversión privada.

9. Turismo sostenible y regulado. El sector turístico, motor económico de estas regiones, debe afrontarse desde una triple perspectiva: más empleabilidad, lucha contra la oferta ilegal y una gobernanza basada en datos.

10. Movilidad sostenible e intermodal. Se aboga por reforzar infraestructuras ferroviarias, energéticas y aeroportuarias, y apoyar la transformación tecnológica de la automoción desde la neutralidad tecnológica.