El veto a despedir frena el acuerdo entre sindicatos y patronal sobre los ERTE

Muy gráficamente, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, declaró a Europa Press que «las espadas están todavía en alto» en la mesa de negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del 31 de enero y previsiblemente hasta el 31 de mayo, una vez haya acabado el actual estado de alarma.

El punto de fricción se encuentra en la llamada cláusula de salvaguarda que acompaña a los expedientes ligados a la pandemia y que supone que las empresas que hayan realizado un ERTE y se hayan beneficiado de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores están obligadas a mantener el empleo durante seis meses. Si no lo hacen, tienen que devolver las cotizaciones sociales que se han ahorrado, no sólo las de los trabajadores despedidos, sino de toda su fuerza laboral.

La patronal desea que se quite esa cláusula. En concreto, proponen realizar «una interpretación proporcionada» de la misma, para, por ejemplo, no tener que devolver todas las exenciones de todos los trabajadores cuando no se les despide a todos.

Los sindicatos se oponen. Sordo dice que el compromiso de los seis meses comienza a correr a partir de que se reincorpora un trabajador de un ERTE, por lo que «muchas empresas han recorrido buena parte de esos seis meses». Y añade que si hay empresas que no han incorporado a ningún empleado, «seguramente tienen un problema más grave que el del compromiso del empleo». Y el Ministerio de Trabajo también se inclina porque se mantenga. La titular de la cartera, Yolanda Díaz, es partidaria de mantener la prohibición del despido, de que las empresas que recurren a este alivio laboral no puedan repartir dividendos, ni pedir a sus trabajadores que realicen horas extraordinarias, a lo que se suma el compromiso de mantener el empleo durante seis meses. «Las claúsulas de mantenimiento del empleo van a ser exactamente las mismas, esto va implícito con el propio sistema», declaró este miércoles Díaz.

«CC OO no va a ceder en los compromisos de mantenimiento del empleo que tienen que tener las empresas que se acojan a un ERTE», aseguró Unai Sordo, quien añadió que España no puede hacer un esfuerzo de «seguramente más de 20.000 millones de euros» para sostener el empleo y asumir los salarios y las cotizaciones que dejan de la empresa «y no pedir como contrapartida que las compañías no puedan despedir en un tiempo».

Los agentes sociales, según pudo saber este periódico de fuentes de la negociación, cuentan ya con un nuevo documento del Gobierno para estudiar. Y están pendientes de la convocatoria de una nueva cita para despejar la incertidumbre de los alrededor de 755.610 trabajadores que aún se encontraban afectados por un expediente temporal al cierre del mes de diciembre -muy por debajo del pico de la pandemia, cuando llegaron a ser más de 3,4 millones-. Sólo quedan dos consejos de ministros ordinarios para que se pueda aprobar la próxima prórroga de los ERTE antes de que venza la actual el día 31 y la idea del Ejecutivo pasaba por aprobarlo ya en el próximo, el del día 19. Aún hay tiempo para la negociación. Pero la experiencia de las pasadas extensiones muestra que el acuerdo suele llegar 'in extremis', casi al toque de campana del vencimiento.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, además del mantenimiento de la cláusula para el mantenimiento del empleo, aboga porque los trabajadores afectados por ERTE también seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo de paro consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora. Igualmente, Trabajo quiere que la nueva prórroga de los ERTE beneficie a los mismos sectores que hasta el momento se vienen acogiendo a ellos.