La refundación de la Feria se vuelve a atascar por las discrepancias del Consell sobre el modelo

Llegados a este punto, no obstante, la reestructuración que la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y la Feria prometieron completar en 2016 ha vuelto a atascarse. En esta ocasión, no por la complejidad de asumir la deuda de la ampliación, causante de buena parte del retraso acumulado, sino por la eterna disputa entre PSPV y Compromís sobre si la futura gestora del negocio debe ser de mayoría pública o privada.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, desde Hacienda se ha llevado a buen puerto el principio de acuerdo alcanzado en diciembre con la aseguradora de los bonistas para subrogar la deuda de manera voluntaria, sin tener que forzarla mediante la disolución de la institución como se llegó a anunciar en noviembre.

La asunción de los 286 millones de deuda de Feria Valencia pendiente de amortizar al cierre de 2019, 227,5 de los bonistas y el resto del Banco Europeo de Inversiones (BEI), como publicó este periódico, da vía libre para diseñar el futuro modelo y empezar a buscar socios privados.

Y es ahí, precisamente, donde vuelve a enquistarse el proceso, como evidenció la última reunión entre las dos consellerias implicadas, que se cerró en punto muerto. El encuentro congregó a la secretaria autonómica María José Mira, en representación de Hacienda (PSPV), y al subsecretario de Economía (Compromís), Natxo Costa, que conserva las competencias sobre ferias por delegación de su sucesora en la Dirección General de Comercio, Rosana Seguí.

Desde el departamento que dirige el socialista Vicent Soler se insistió en externalizar la gestión del negocio ferial para evitar que la Feria compute a efectos de déficit público, mientras el equipo de Rafael Climent siguió aferrándose al control público.

Antes habría que pactar con el Ayuntamiento –dueño de los terrenos– cómo compensa la Feria a la Generalitat por liberarla de deuda: si resuelve la concesión actual y saca una nueva a favor de la Generalitat, como prevé el protocolo de intenciones inicial, o bien se subroga la actual, como propuso Hacienda antes de elecciones para acelerar el proceso.

Esa última opción podría suscitar consenso entre los socios del Botànic, a falta de que obtenga el visto bueno definitivo del Ayuntamiento, pero las discrepancias son claras sobre qué hacer posteriormente con la Feria.

Para Hacienda, tras asumir la millonaria deuda de la ampliación y concretar esa compensación –como hizo ya la Institución Ferial Alicantina–, habría que constituir una sociedad que tenga como finalidad principal privatizar el negocio ferial. Es decir, organizar un concurso público para externalizar la gestión y encomendársela a una sociedad mercantil de mayoría privada, en la que la Administración conservaría una participación, pero siempre que sea minoritaria para dejar a Feria Valencia fuera del perímetro financiero de la Generalitat y evitar así futuros quebrantos para las arcas públicas.

Para Economía, una vez liberada de la deuda, esa misma sociedad de nueva creación, 100% pública, debería hacerse cargo de la explotación del negocio ferial, subrogarse la plantilla actual y, a partir de ahí, decidir si crea mercantiles con operadores privados para las diferentes líneas de negocio y certámenes, sigue recurriendo a acuerdos puntuales, o ambas. En Compromís defienden que ahora que la Feria ha dejado de ser un problema, como aseguran sus gestores y también los gobernantes de ambos partidos, esa sería la mejor opción para salvaguardar los intereses valencianos y evitar que un inversor privado decida el futuro de la centenaria institución.

Así se expuso en la reciente reunión entre ambos departamentos, que concluyó ante la incapacidad de acercar posturas. En este punto, podría resultar clave la opinión de los principales sectores económicos de la Comunitat, y del Ayuntamiento, que hasta la fecha guardan silencio.