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El rey Felipe VI y Pedro Sánchez visitan la fábrica de Martorell. ep
La batalla autonómica por la planta de baterías golpea el proyecto valenciano

La batalla autonómica por la planta de baterías golpea el proyecto valenciano

Otras cinco regiones compiten por los fondos europeos que persigue la alianza empresarial de la Comunitat

Isabel Domingo

Valencia

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Miércoles, 10 de marzo 2021, 00:04

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Bajan las aguas revueltas en el mapa autonómico a cuenta del primer PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) definido por España y que tendrá como eje el coche eléctrico, en concreto, la creación del consorcio público-privado del Gobierno con el grupo Volkswagen e Iberdrola para dar lugar a la primera fábrica de baterías en territorio nacional. Proyecto que, además, opta a captar recursos del pastel de los fondos de recuperación europeos Next Generation.

Hasta ahí todo bien si no fuera porque la ministra de Industria, Reyes Maroto, lo situaba la semana pasada «cerca» de la planta de Seat en Martorell, lo que encendía las luces de alarma en algunas autonomías que también tienen en cartera iniciativas similares y que veían cómo apenas un día después de ese anuncio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI visitaban la factoría de Seat por su setenta aniversario.

Es el caso de la Comunitat, que a mediados del mes pasado presentaba la Alianza Valenciana para las Baterías, que reúne a 23 empresas lideradas por Power Electronics y que se divide en dos proyectos: un centro de investigación y una fábrica de baterías de litio (Element Gigafactory). Un proyecto gestado hace más de dos años (por tanto, sin el horizonte de las ayudas europeas por la crisis del Covid) pero que ahora se ve amenazado, por si no logra esos fondos seguiría adelante pero podría redimensionarse. En mente también el fiasco del anuncio de la llegada de Abengoa, a la que la Generalitat planteaba facilitar el aterrizaje en Valencia con un crédito de 20 millones.

Pese a la sombra catalana, la Comunitat insiste en que su proyecto está definido (2.000 millones de inversión, unos 30.000 empleos directos e indirectos, partida de un millón de euros en los presupuestos de la Generalitat para arrancar el instituto, etc.) y que no está ligado únicamente al ámbito automovilístico, pues se extiende al almacenamiento energético.

Mientras la Comunitat opta por la prudencia porque los deberes están hechos, otras autonomías han protestado abiertamente por el posicionamiento del Gobierno central. Lo han hecho hasta Extremadura y Aragón, ambas gobernadas por el PSOE. En el primer caso, a través del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que dejaba claro que la planta catalana no se nutrirá de litio extraído de minas extremeñas porque no se permitirá que se «condicione y sacrifique el futuro de una ciudad extremeña por el desarrollo industrial de otras zonas del país».

En esta autonomía, la tecnológica Phi4Tech prevé construir una factoría y, además, Extremadura está presente, junto a Andalucía, Navarra y País Vasco en el proyecto Battchain, un consorcio de empresas españolas.

Aragón, a través de su presidente, Javier Lambán, mostraba su «decepción» y defendía el potencial aragonés, donde se cuenta con la fábrica de Stellantis (fusión del grupo PSA y Fiat), que ya opta a fondos europeos con un proyecto de 230 millones para transformar la planta.

En Galicia, la Xunta, que prepara un proyecto con la factoría de PSA en Vigo, recuerda que hasta diez comunidades tienen fabricantes. «Galicia solamente quiere competir en igualdad de condiciones», dijo su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

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