Más de 160 pymes valencianas se juegan su patrimonio con el atasco en la fotovoltaica
El sector recibe con dudas la promesa de Puig de acelerar las inversiones tras otras medidas similares con poco efecto
El atasco en la concesión de licencias para instalar plantas fotovoltaicas en la Comunitat tiene a cerca de 160 pymes valencianas con la respiración contenida. ... La Generalitat tiene pendientes de resolución más de 380 solicitudes, de las cuales, el 40% aproximadamente corresponden a proyectos de pequeñas y medianas empresas de la Comunitat, según indican desde la patronal energética valenciana Avaesen, que representa a estas mismas mercantiles.
Y es que, el anuncio que hizo este jueves el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de aprobar una «importante batería de nuevas autorizaciones» para plantas fotovoltaicas no acaba de convencer a un sector escéptico y cansado de escuchar medidas que no acaban de solucionar el colapso administrativo. «Ya tuvimos anuncios similares en el pasado que prometían un desatasco de los expedientes. No es momento de retórica. Hasta que no lo veamos en el DOGV no respiraremos tranquilos», explica el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz, a LAS PROVINCIAS.
Ahora mismo hay 160 empresas valencianas, pequeñas y medianas, que se están «jugando su integridad patrimonial», tal y como advierte Lacruz. Este retraso en los plazos puede derivar en una ejecución de los avales de los proyectos, algo que «muchos balances no soportarán», advierte. En concreto, el aval son 40.000 euros por megavatio y una planta fotovoltaica tramitada por la Generalitat puede alcanzar hasta los 50 MW.
Aquellos proyectos que no cuenten con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva antes de que acabe el año, tal y como establece el decreto estatal 23/2020, pueden perder el aval y hasta el derecho de punto de conexión. «No veo otra alternativa que no sea la aprobación de resoluciones en cascada», indica Lacruz, quien tilda de «preocupante» esta situación para las firmas que «han apostado por su tierra en lugar de invertir en otras regiones».
Ese decreto estatal establece un plazo máximo de dos años para que un proyecto se resuelva y en la Comunitat hay proyectos pendientes desde antes de 2020. Estos retrasos han sido objeto de disputa interna en el Consell, a raíz de las críticas vertidas por la recién exconsellera de Agricultura Mireia Mollà sobre las otras dos consellerias implicadas en la tramitación de expedientes, Política Territorial y Economía, a las que culpó del bloqueo administrativo.
Falta de personal y una interpretación errónea de la ley
La empresa valenciana IM2 sufre de primera mano los retrasos administrativos de la Generalitat para tramitar los expedientes de plantas fotovoltaicas. Su gerente, Carlos Calatayud, identifica el problema con claridad: «hay falta de personal y además de técnicos saturados, hay otros con poco conocimiento y que hacen una interpretación errónea de la ley, lo que atrasa todo más aún».
En su caso, tienen presentados seis proyectos en la Comunitat Valenciana, con casi 150 megavatios en total. «Dos proyectos son grandes, de 49 megavatios y el resto más pequeños. Tenemos un proyecto de 2018 que estuvo en el limbo hasta enero de este año, que ha sido cuando por fin se ha publicado para recibir los informes preceptivos», cuenta.
Es decir, esta compañía valenciana ha invertido sólo en los avales un total de seis millones de euros, teniendo en cuenta que cada megavatio requiere 40.000 euros de aval. «La inversión es mucho mayor aún. Hay proyectos que llevan tanto tiempo que ya has pagado a los propietarios de los terrenos, por ejemplo», añade el empresario, quien advierte de que la falta de personal endémica ha llevado a que la primera fase de la tramitación comience con más de un año de retraso.
Según indica, en la territorial de Valencia solo hay dos técnicos. «¿Así cómo se van a sacar adelante los expedientes? Además, la presión a la que están sometidos lleva a algunos técnicos a rechazar expedientes para darles carpetazo antes con resoluciones cuestionables», señala.
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