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La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los líderes de CC OO y UGT. EFE
Gobierno y sindicatos acuerdan subir a 1.000 euros el salario mínimo

Gobierno y sindicatos acuerdan subir a 1.000 euros el salario mínimo

El alza, de 35 euros al mes con efectos desde el 1 de enero, es errónea para los empresarios pero Díaz insiste en que no destruye empleo

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Miércoles, 9 de febrero 2022, 13:41

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Estaba llamado a ser un procedimiento rápido, y así ha resultado finalmente. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ratificó este miércoles junto a los líderes de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, el acuerdo por el que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá hasta los 1.000 euros al mes este año. El pacto supone un alza de 35 euros al mes, frente a los 965 euros en los que se encontraba ahora. Y, sobre todo, tendrá carácter retroactivo. Con efectos prácticos desde el pasado 1 de enero.

El acuerdo fue gestionado casi sin demorar los tiempos: Díaz inició el proceso hace 15 días, cuando aún no estaba clara la aprobación de la reforma laboral en el Congreso; se reunió con patronal y sindicatos este lunes; y este miércoles lo hizo para ratificar el acuerdo ya sin el consenso empresarial.

La CEOE y Cepyme se han descolgado al considerar que no es el momento «económico» para hacerlo, porque puede suponer una espiral inflacionista en un contexto de elevados costes como el de la energía, así como por el alza de las cotizaciones que tienen que abonar con este incremento. Y apuntan que también tiene tintes «políticos» al ser impulsado ahora por Yolanda Díaz tras la polémica aprobación de la reforma laboral y a pocos días de la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León.

Sin embargo, Yolanda Díaz ha lamentado esa postura de los empresarios después de «comprobar» cómo las anteriores alzas del SMI «no han perjudicado la creación de empleo». Ante las críticas de los últimos días, la vicepresidenta ha indicado que «subir el salario mínimo ha sido muy positivo para nuestra economía». «Se trata de la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y tiene una afectación directa a sectores vulnerables, como jóvenes y mujeres», ha afirmado. Y recordó que «lejos de ese mantra, tenemos récord de afiliaciones a la agricultura, a pesar de haber subido un 31% el SMI hasta el año actual», al igual que en el caso de los autónomos.

El nuevo alza de 35 euros al mes llega después de que el pasado mes de septiembre el Ejecutivo aprobara la anterior subida, de 15 euros, desde los 950 a los 965 euros. Díaz ha recordado que cuando llegaron al Gobierno el salario mínimo se encontraba en los 735 euros al mes, en el año 2018. Desde entonces, han ido incrementándolo, sobre todo en 2019, cuando subió casi un 20%. El objetivo es alcanzar en 2023 el 60% del sueldo medio, lo que implicaría entre 1.040 y 1.065 euros al mes el próximo año. Así lo estimaba la propuesta del comité de expertos designado para realizar este cálculo en 2019, aunque en estos años las circunstancias «han cambiado» y será ese comité el que actualice las cifras cuando llegue el momento.

Dos millones de trabajadores

Por su parte, Unai Sordo expresó su «satisfacción» por un alza que impactará directamente sobre 1,8 millones de trabajadores. Además, recordó que los sindicatos suscribieron en 2018 un acuerdo con la patronal para situar el salario mínimo de convenio en 14.000 euros anuales en 2020, acuerdo ante el que los empresarios se han mostrado «insumisos», según ha denunciado. Por ello, ha considerado «incomprensible e incoherente» que las patronales no avalen una subida que ya tenía que cubrir a la mayoría de los trabajadores.

En esta línea, Pepe Álvarez indicó ha señalado que como la CEOE no ha cumplido con lo que firmó en el pacto de negociación colectiva, muchos convenios verán incrementados los salarios debido al alza del SMI. «Si hubieran cumplido, la afectación sería pequeña», ha dicho.

Será previsiblemente en el Consejo de Ministros del día 22 de febrero cuando el Ejecutivo apruebe la medida mediante un real decreto que no precisa el aval de las Cortes para poner en marcha la medida laboral.

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