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REDACCIÓN
VALENCIA.
Lunes, 12 de noviembre 2018, 00:40
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El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha comprometido con COAG a que la próxima subida impositiva al gasóleo, que viene anunciando el Gobierno, no afecte al gasóleo profesional agrícola (el gasóleo B), según ha informado la organización agraria.
Durante una reunión con la comisión ejecutiva de esta formación agraria, el ministro Luis Planas explicó que se mantendrá la bonificación del Impuesto de Hidrocarburos (IEH), especialmente reducido para el gasóleo agrícola, y la actual devolución del mismo para agricultores y ganaderos, cuyo montante actual es de 63,71 euros por cada 1.000 litros de gasóleo B consumidos.
Los representantes de COAG han expuesto al ministro su preocupación por la espiral alcista de los insumos agrarios, en especial del gasóleo y de los fertilizantes. En el último año y medio el precio del combustible agrícola ha subido un 31%, pasando de 0,61 euros el litro en junio de 2017 a 0,88 en la última semana de octubre de 2018.
COAG ha planteado un paquete de medidas adicionales para paliar el incremento de los precios de los insumos agrarios en las explotaciones agrarias. Entre otras cosas reclaman medidas excepcionales en el IRPF, tales como la reducción del rendimiento neto previo en el 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola y del 15% del precio de compra de los fertilizantes o plásticos necesarios para el desarrollo de la actividad agraria.
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha solicitado también la aprobación de una tarifa eléctrica de doble potencia para los regadíos (posibilidad de cambiar dos veces al año de potencia contratada), así como fomentar las energías renovables en las explotaciones agrícolas y granjas.
Durante el encuentro,Planas avanzó que antes de final de año se modificará la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria para introducir la prohibición de la venta a pérdidas. En lo referente a este tema, los responsables de COAG pidieron la dinamización del Observatorio de la Cadena, la constitución de grupos de trabajo sectoriales y la recuperación de los estudios de precios y costes para dar mayor transparencia a la cadena alimentaria.
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