El dinero físico tiene los días contados: los pagos en efectivo se reducirán a 1.000 euros entre profesionales y empresarios

El Congreso aprobó el pasado martes 25 de mayo la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que pasa ahora al Senado para completar su tramitación. La Ley incorpora medidas para combatir el fraude tributario ligado a las nuevas tecnologías, permitirá perseguir los comportamientos inadecuados de las grandes empresas y contribuirá a evitar la planificación fiscal abusiva. Asimismo, la norma contiene actuaciones para reducir la litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

En su tramitación parlamentaria se han introducido también modificaciones para amparar las inspecciones sorpresa de Hacienda, cuestionadas por el Tribunal Supremo, endurecer la fiscalidad de las socimis y también los requisitos para poder tributar al mínimo en una sicav.

Entre otras medidas, la nueva ley prohíbe el llamado 'software de doble uso' para evitar la manipulación por parte de grandes empresas con doble contabilidad, obliga a contar con herramientas de trazabilidad, se incluyen medidas de control de criptomonedas, y se limitan los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales y empresarios. Hacienda ha constatado que la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita comportamientos defraudatorios. Con la limitación del metálico, se facilitará la trazabilidad y la posibilidad del rastreo de las operaciones y se dificultará que se incurra en prácticas fraudulentas.

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que la nueva ley contra el fraude fiscal no reducirá la economía sumergida porque «no incorpora medidas de control para que se asegure su aplicación». No obstante, Gestha ha reconocido los avances en el proyecto aprobado y valora que se hayan incluido una decena de medidas que han propuesto desde hace años.

Entre ellas, han destacado la limitación de pagos a 1.000 euros, la baja tributación para considerar paraíso fiscal, incluir en la lista de deudores tributarios las deudas desde 600.000 euros añadiendo a los responsables solidarios, el control sobre los premios de Loterías obtenidos por las empresas, o el endurecimiento del régimen de sicav y socimi para evitar los abusos, entre otras medidas.

Los técnicos también apuntan que es «muy relevante» que se haya aprobado una larga reclamación para la evaluación de la economía sumergida, a pesar del voto contrario del Grupo Socialista y del criterio desfavorable del Ministerio de Hacienda.

Por el contrario, rechazan que la Ley no recoja un aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda, por lo que en la próxima década se seguirán centrando el 75% de las actuaciones de control en el IRPF de particulares y autónomos para descubrirles una deuda media de 980 euros, o en el control de contribuyentes en Módulos con una deuda media de 667 euros.

Los técnicos no ven justificado que el Ministerio de Hacienda haya rechazado 'in extremis', entre otras propuestas de enmiendas, la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, el aumento de plantillas en el Ministerio de Hacienda o el aumento de la colaboración entre administraciones tributarias y su transparencia.

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