La factura del gas se elevará en más de 6 euros al año por los nuevos contadores inteligentes

Este lunes termina el plazo de aportaciones al borrador de orden ministerial que recoge el calendario de implantación progresiva. Las distribuidoras dispondrán de cinco años para hacer el cambio en los puntos de suministro de gas natural o gas manufacturado por canalización que tengan un consumo igual o inferior a 50.000 kWh, lo que incluye todo el consumo doméstico. Así, antes del 31 de diciembre de 2028 deberán sustituirse al menos un 20% de los contadores analógicos; para finales de 2030, el 50%; y antes del 31 de diciembre de 2032, un 80%. Sólo se permitirá que perviva un 2% de contadores analógicos por causas debidamente justificadas.

La actualización de estos contadores –que ya estaba recogida en el Plan +SE, diseñado durante los peores momentos de la crisis de precios que provocó la guerra de Ucrania– es obligatoria y proporcionará un ahorro total estimado de 800 millones en 25 años, con los precios actuales –unos 586 millones por la disminución del consumo de gas y aproximadamente 229 millones por la caída de emisiones de CO2–, según los cálculos del departamento que dirige Sara Aagesen.

Pero la actualización de estos medidores sí supondrá un incremento en la factura de los hogares. El precio del modelo más habitual se rebajó en 2017 a 58 céntimos desde los 1,25 euros anteriores. La Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) fijó en 2024 en 1,10 euros al mes el precio transitorio del alquiler de los contadores inteligentes.

En consecuencia, el sobrecoste estimado será de 52 céntimos al mes –6,24 euros al año– sobre el precio que actualmente pagan los consumidores, según las estimaciones que recoge el proyecto. Esto afectará prácticamente al grueso de los consumidores ya que más del 90% del parque actual de contadores se encuentran en régimen de alquiler. Es decir, el contador es propiedad de la distribuidora, que cobra una pequeña cantidad al consumidor por su uso.

El borrador detalla que este incremento es inferior al que supondría actualizar los dispositivos actuales por sistemas analógicos nuevos –un 80% están obsoletos y deben ser reemplazados–, que supondría igualmente un incremento en el recibo del gas de 64 céntimos al mes. «Tomando esta cifra como base, el sobrecoste ocasionado por la instalación de contadores inteligentes ascendería a 46 céntimos al mes, unos 5,5 euros al año», justifica. Y, «en cualquier caso», añade, «un porcentaje importante de este sobrecoste (si no su totalidad) se verá compensado por la reducción de la demanda de gas natural que los contadores inteligentes permitirán a los consumidores que dispongan de ello».

Aunque son las distribuidoras las que deben gestionar el cambio con sus clientes, los hogares tienen la obligación de permitir la sustitución. El texto no detalla penalizaciones directas a quien no facilite el acceso o se niegue, pero sí alude a «potenciales penalizaciones»a los usuarios que no permitan la implantación de los nuevos equipos.

El Ministerio defiende que los contadores inteligentes permitirán que el consumidor tenga de manera gratuita y directa acceso a sus datos de gasto de gas, que las distribuidoras deberán proporcionarle a través de la página web o de una aplicación móvil. Los nuevos dispositivos permitirán la lectura remota y automatizada del consumo de gas natural, lo que –a ojos de Transición Ecológica– incentiva la eficiencia en el consumo y, consecuentemente, el ahorro de energía, al mismo tiempo que aumenta la capacidad de detección y prevención del fraude.