Cabify desafía al Consell y suprime la espera de 15 minutos tras el primer servicio

Cabify se basa en que su filial en Valencia y Alicante, Miurchi Car, es una empresa de transporte, por lo que, cuando el usuario acepta los nuevos términos y condiciones por el cambio legal, sólo tiene que esperar 15 minutos en esa contratación, ya que el resto de solicitudes de vehículo son prórrogas del contrato original y la llegada del vehículo no tiene que demorarse.

En resumen, se trata de un desafío en toda regla a la Generalitat, del mismo modo que lo está haciendo en Barcelona con las autoridades autonómicas catalanas. Desde la Conselleria de Vivienda y Transporte se asegura que el decreto ley valenciano establece unas condiciones del servicio y «ante una aplicación o interpretación errónea se actuará en consecuencia».

El departamento, gestionado desde Presidencia del Consell tras la salida de la hasta ahora titular María José Salvador, indica que se está actuando de forma ordinaria y se decidirá si es una práctica sancionable o no, «cuando los técnicos detectan alguna irregularidad o aplicación indebida, primero la estudiaran y se actuará según proceda».

En ese caso, la sanción se tipificaría como grave o muy grave pudiendo ser multada la empresa con hasta 6.000 euros, según establece la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres.

Fuentes conocedoras del suceso destacan que, en el caso de no haber posibilidad de amonestación, la empresa habría metido un gol por la escuadra a la administración autonómica que pudiera obligar a una modificación de la normativa para «reinstaurar el espíritu de la norma». Si, por el contrario, Cabify y su filial valenciana Miurchi Car fueran sancionada, el pleito está prácticamente garantizado.

Los terceros en discordia en el asunto, los taxistas de la Federación Sindical de Taxi, cargan contra la empresa de VTC por la búsqueda de un subterfugio para burlar la norma que ya hizo que desde el 1 julio dejara de operar en Valencia y Alicante Uber, la otra gran operadora de este tipo de actividad.

Cabify, que se atribuye una cartera de 300.000 usuarios en la Comunitat, decidió hace 12 días mantener su presencia en Valencia y Alicante tras la modificación de la norma y que ha hecho que su principal competidor, Uber, haya dejado la actividad y aseguró que había adaptado su modelo de negocio a los requisitos introducidos por la Generalitat y que incluyen esa espera o la prohibición de geolocalizar los vehículos disponibles para que el usuario pueda conocer la distancia a la que se encuentran, entre otros.

La compañía ya indicó que la continuidad en el territorio valenciano no implicaba su conformidad con esta regulación «altamente perjudicial para la movilidad y para la libertad de elección de los usuarios». Aso sí, Cabify suprimió su actividad como agencia de viajes, que se venía utilizando hasta ahora en todas las ciudades, salvo Barcelona, y opera ya como lo hacen las empresas de transporte contratadas por hoteles y otros servicios similares del sector VTC tradicional.

La adopción de este nuevo modelo se asienta en el convencimiento por parte de la empresa de que la situación será transitoria, y de que el Decreto ley aprobado por la Generalitat será declarado inconstitucional y revocado por los tribunales en un futuro próximo. La empresa, fundada en 2011 por el empresario español Juan de Antonio, cifra en 500 los puestos de trabajo que están relacionados con las VTC en la Comunitat, aunque esta cifra puede haberse reducido tras los ajustes aplicados por la Administración valenciana.