La burocracia ahoga a la economía valenciana
El Diario oficial de la Generalitat Valenciana fue de los que más normas publicó, hasta alcanzar las 74.243 páginas el pasado año
Cada vez más leyes. Por un lado, el BOE y, por otro, los diarios oficiales autonómicos –que en el caso de los valencianos es el ... DOGV– van marcando el ritmo legislativo pero también económico. Empresas y profesionales tratan de ponerse al día de las novedades legislativas y de hacer frente a unas obligaciones que, en ocasiones, implican invertir tiempo laboral y personal, en detrimento del funcionamiento de la actividad propia.
Cada vez más leyes, pero el tiempo del que disponen pymes y autónomos es el mismo. El incremento de las nuevas normativas, tanto estatales como autonómicas, ha hecho saltar a diversos sectores y profesionales de la Comunitat Valenciana en las últimas semanas. Todas claman al unísono una verdad: la burocracia les está ahogando. Agricultores, químicos, ingenieros industriales, asesores, contables, fabricantes de calzado, del plástico...todos estos colectivos y otros más han estallado contra el Gobierno y la Generalitat por la insoportable carga administrativa a la que se enfrentan en los últimos años.
Los datos son claros. La producción de nuevas leyes y normas se incrementó un 22% en España en 2022, hasta alcanzar las 849 normas. Novedad legislativa hace referencia tanto las nuevas normativas como las modificaciones de las ya existentes. Este dato posiciona al año 2022 como el sexto con mayor producción normativa desde las altas cifras alcanzadas durante la primera década del inicio del periodo democrático (1977-1986), y el tercero más alto de los últimos diez años. Además, la producción normativa del año2022 es un 9% superior al promedio de producción normativa de los últimos 40 años, según el informe 'La Producción normativa en 2022', elaborado por la CEOE.
Pymes y autónomos, que componen más del 90% del tejido productivo, son las principales víctimas de la sobrecarga administrativa
Pero es que, además, a esto hay que sumarle la producción de normas autonómicas. El pasado ejercicio fue en el que más leyes generó la Generalitat desde 2016. En concreto, en la Comunitat se publicó un 32% más de normativa que en 2021, hasta alcanzar 74.243 páginas en el DOGV. Por lo que respecta al número concreto de normas con rango de ley, se registraron 32, tres veces más de las publicadas en 2014, cuando se lanzaron diez. El último año de la primera legislatura del Botánico es el que se lleva la palma, con la producción de 40 nuevas leyes.
El vicedecano del COEV, Alfredo Hernández, explica que esta sobrecarga administrativa es especialmente pesado para las pymes y autónomos, que, por otro lado, conforman más del 90% del tejido empresarial valenciano. «Una empresa grande tiene medios para dedicarle tiempo a la burocracia, pero para una pequeña puede ser una pesadilla», cuenta Hernández, que pone el ejemplo de un pequeño horno que se encuentra con que ahora la Administración le exige un sistema de trazabilidad industrial que no sabe cómo aplicar.
El informe de la patronal indica, además, que las comunidades autónomas son responsables del 80,8% de las páginas publicadas en los boletines oficiales, lo que, según indica, «afecta significativamente a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica». El Boletín Oficial de Navarra es el que más leyes generó respecto al año anterior al elevarse un 73% respecto al año 2021. A este incremento le siguen los registrados en Castilla y León, Ceuta, Murcia y la Comunitat. En términos absolutos, destaca el número de páginas publicadas por Cataluña, siendo la región con mayor producción normativa de España por séptimo año consecutivo, casi triplicando la media anual. En el número total de nuevas leyes en 2022, la región valenciana ocupa el quinto lugar.
Agricultores, industria y diversos colectivos profesionales se han hecho eco de cómo se está viendo afectada su competitividad
Sin ir más lejos, la Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunitat (Quimacova) se hizo eco de esta situación en su asamblea general. El presidente de la asociación, Miguel Burdeos, pidió una «simplificación» de la legislación aplicable a esta industria para poder mejorar su funcionamiento. «El sector químico está sobre legislado, de hecho, existen leyes que nos limitan mucho la competitividad con respecto a otros países», señaló. Además, reflexionó sobre la necesidad de que el Estado haga un seguimiento real del cumplimiento de las normas. «Sin control, la legislación no sirve de nada y genera una mayor pérdida de competitividad», afirmó. Esta manifestación es una más de muchas.
Una decena de colegios y asociaciones, junto al Colegio de Economsitas, firmaron hace dos semanas un comunicado donde reivindican al Consell el respeto a su derecho a la «conciliación familiar, a la salud, al descanso, y a recibir comunicaciones de la Administración en tiempo ordinario de trabajo».
En ese sentido, rechazan «el incremento» en la exigencia de obligaciones con derivación de trabajos propios de la Administración al colectivo de profesionales. Según indican, un ejemplo de esta situación es el reciente Real Decreto 504/2022. «Se denuncia la existencia de plazos breves y computados en días naturales. Se denuncia la indefensión que producen las masivas notificaciones por Boletines», subrayan los profesionales.
Una de las consecuencias de esa elevada carga burocrática se puede observar en la escasa incidencia del nuevo sistema de cotización para los autónomos. Este modelo permite ajustar la cuota el nivel de ingresos, sin embargo, no les sale a cuenta por la farragosa burocracia. «Supone un cambio de cultura para los autónomos, que generalmente tenían una base de cotización y muchos durante toda su vida están con esa misma base. Ahora hay que hacer una previsión de ingresos e ir comunicando esos datos a la Seguridad Social cada vez que haya un cambio en esas previsiones», explica el presidente de ATA CV, Alberto Ara.
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) también ha dicho basta. Su presidenta, Marián Cano, denuncia el «tsunami burocrático» al que tienen que hacer frente las empresas. «En los últimos meses se ha acumulado la aprobación de numerosas normas legislativas desde España y desde la Unión Europea que suponen una carga de trabajo extra para nuestras empresas. Esta cantidad de obligaciones sobre las que se está legislando generan una dificultad añadida para las pymes, que no cuentan con tanto personal para poder atender los nuevos requerimientos administrativos, como el canal de denuncias, el protocolo de acoso, los planes de igualdad, entre otros», indica y añade que todo ello «supone una ralentización en su actividad».
Los agricultores valencianos también están en pie de guerra y ya han manifestado que no cumplimentarán el llamado cuaderno digital, que implica un control rutinario de las explotaciones casi semanal para luego subirlo a una aplicación que, en el caso de la agricultura valenciana, supone una tarea más ardua al tener los terrenos repartidos en minifundios.
En definitiva, esta sobrecarga lastra la competitividad y ahoga el avance de la economía en un momento especialmente complicada por la coyuntura inflacionista y la crisis de materias primas. La patronal valenciana CEV lo advirtió también en su asamblea general. «Que la Administración facilite el inicio y la expansión de la actividad económica; queremos conocer en qué fase están los expedientes o que se aplique el silencio administrativo positivo. La falta de agilidad y una burocracia excesiva e incluso a veces contradictoria lastra nuestra competitividad», indicó su presidente, Salvador Navarro.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
