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El Consell ultima una bajada de tarifas de la ITV superior a la anulada por la justicia

El Consell ultima una bajada de tarifas de la ITV superior a la anulada por la justicia

Los consumidores urgen a aprobar los precios que Economía fijó antes del 28-A mientras las empresas concesionarias apelan a los tribunales para que lo impidan

Inés Herrero

Valencia

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Jueves, 9 de mayo 2019, 00:11

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Se avecina un nuevo cambio en los precios de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que el lunes se encarecieron en unos ocho euros de media en la Comunitat Valenciana al recuperar las tarifas vigentes en 2013, dos años después de que la justicia anulase la bajada de tarifas acometida en 2014.

El nuevo cuadro tarifario, que la Conselleria de Economía tenía listo para someterlo a la aprobación del Consell antes de las elecciones autonómicas del pasado 28 de abril, conlleva una reducción media superior al 22% respecto a los precios que se han vuelto a aplicar esta semana.

Desde Economía indican a LAS PROVINCIAS que podrían elevar al pleno de este viernes esa actualización de tarifas, aunque no figure en el orden del día del 'consellet' de la víspera para preparar esa sesión. Si prospera, los precios de la ITV serán inferiores a los que anuló la justicia cuando dio la razón a una de las concesionarias sobre las pruebas de emisión sonora y de contaminantes.

En concreto, la tarifa de la prueba de emisión sonora bajó de 9,29 a 2,48 euros en 2014 y pasaría a costar 2,42 euros –frente a esos 9,29 que cuesta hoy–, mientras que la de contaminantes bajó de 17,9 euros a 5,77 en gasolina y 15,15 en diésel y, con las nuevas tarifas, costaría 8,05 y 11,42 euros, respectivamente.

Según la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat para la ITV (Aecova), «bajar las tarifas más que las anuladas es una manera de no cumplir con la sentencia». Por este motivo, tras ver rechazadas sus alegaciones a esas tarifas, en abril solicitaron su anulación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) y están pendientes de que se pronuncie sobre las medidas cautelares pedidas al entender que no ejecutó correctamente el fallo.

Desde Aecova lamentan la confusión creada entre los usuarios a raíz de la reciente publicación en el DOGV de la sentencia -firme desde mayo de 2018 y no desde febrero de 2019 como se publicó, apostillan-, que anuló la bajada tarifaria con el argumento de que se apoyó en «informes generales y voluntaristas pero carece de un estudio serio que justifique la medida».

Al no adjuntar un nuevo cuadro de precios, se recuperaron las tarifas de 2013 con la consiguiente subida en una media de ocho euros, mientras las diseñadas por la Generalitat continúan a la espera de su aprobación y/o anulación judicial.

La inspección se encareció unos ocho euros el pasado lunes al aplicar la sentencia sin publicar la nueva rebaja

Ante ese panorama, el secretario de la Unión de Consumidores (UCE) en la Comunitat, Vicente Inglada, cuestiona la incertidumbre generada con los vaivenes tarifarios en la ITV y aconseja a los usuarios que «se esperen a que se publiquen las nuevas tarifas del Consell, que ha anunciado que serán más económicas», para no resultar perjudicados.

En declaraciones a este periódico, Inglada urge a «presentar y publicar lo antes posible las nuevas tarifas por parte del Consell» y reclama «un servicio de calidad y cuanto más barato para los consumidores, mejor», sin querer «entrar a valorar los conflictos que pueda tener la Generalitat con las concesionarias».

«Cerrar definitivamente un problema»

Según la secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín, la aprobación de esas nuevas tarifas de la ITV permitirá «cerrar definitivamente un problema que se venía arrastrando desde la anterior legislatura» y, de ahí, que desde su departamento aboguen por hacerlo cuanto antes para que entre vigor esa bajada, «particularmente beneficiosa para los vehículos pesados de mercancías».

Frente a la acusación de las concesionarias de volver a bajar precios sin un estudio adecuado, Marín señala a este diario que «las nuevas tarifas se han establecido desde el rigor, la información económica objetiva y veraz, asegurando el equilibrio económico-financiero de la concesión y, siempre, desde la perspectiva del interés general».

En cuanto a los 76 millones de euros que reclaman las concesionarias afectadas por la bajada ahora anulada, indica que la Abogacía de la Generalitat restringe los efectos de esa anulación a partir de que la sentencia fue firme, lo que cuestiona la pretensión de Aecova de obtener 64,5 millones por lo dejado de ingresar desde abril de 2014, cuando entró en vigor, hasta ese momento en que la sentencia fue firme.

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